Al frente del gobierno del Estado de
México, Enrique Peña Nieto “modernizó” el Aeropuerto Internacional de Toluca
(AIT) a su modo: se asoció de manera discrecional con la empresa de origen
español OHL, otorgó contratos a la familia San Román y permitió el surgimiento
de Eolo Plus, la empresa de taxis aéreos de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Ya en la
Presidencia de la República, Peña Nieto
estuvo marcado por sonados casos de corrupción que implicaron a OHL, a la que
otorgó contratos de obra pública y es investigada en España por sus operaciones
en México; a los San Román, entre cuyos miembros figura su compadre Roberto, y
a Hinojosa Cantú, que construyó y financió la llamada Casa Blanca del
mandatario y su esposa.
La promesa
de la modernización del AIT surgió durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas y
se concretó a partir de 2006. Pretendía convertir esa terminal aérea en una
alternativa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Más de
una década después, el fracaso es evidente: en 2017 el aeropuerto de Toluca
sirvió sólo a 667 mil pasajeros, 85% menos que en 2008, cuando transitaron por
él más de 4 millones 110 mil.
El
aeropuerto cuenta actualmente con una terminal de 28 mil metros cuadrados, 26
puertas de abordaje, un estacionamiento para más de 2 mil vehículos, la pista
de aterrizaje más larga del país y una capacidad instalada que podría atender
hasta 8 millones de pasajeros al año.
Si bien la
terminal permanece prácticamente vacía durante la mayor parte del año –excepto
en periodos vacacionales–, la zona de
hangares privados tiene una intensa actividad: en sus salones VIP, centros de
negocios y cafeterías se mezclan los integrantes de las cúpulas del poder
empresarial y político del país.
Son dueños de jets privados o
clientes de las empresas de taxis aéreos que operan en Toluca. Entre ellos,
Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas de Gortari, Carlos
Hank Rhon, Claudio X. González, María Asunción Aramburuzabala, Emilio Azcárraga
Jean y Juan Armando Hinojosa Cantú, pero también Miguel Ángel Osorio Chong,
Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Rosario Robles Berlanga,
Margarita Zavala…
México es el segundo país con la
mayor cantidad de jets privados –con 950, detrás de Estados Unidos– y el
tercero en helicópteros, después de Estados Unidos y Brasil.
Es uno de los lugares más desiguales
del mundo, donde la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza,
existe una importante clientela dispuesta a desembolsar más de 100 mil pesos en
un viaje. Y Toluca se convirtió en su principal punto de despegue.
La idea de
privatizar el AIT, un modesto aeropuerto inaugurado por el entonces gobernador
Alfredo del Mazo González en 1984, se puso en marcha a principios de la década
pasada, durante la presidencia de Vicente Fox y con Montiel en el gobierno
mexiquense.
En un primer paso, el gobierno
estatal conformó la empresa privada Administradora Mexiquense del Aeropuerto
Internacional de Toluca (AMAIT) en diciembre de 2003 y compartió sus acciones
con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), dependiente de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) federal.
El 16 de
noviembre de 2005, dos meses después de
la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como gobernador, el nuevo consejo de
administración de la AMAIT sesionó por primera vez. Lo integraban Gerardo Ruiz
Esparza –actual titular de la SCT–, Luis Videgaray Caso y Francisco González
Ortiz Mena –ahora director general adjunta de banca de inversión en Banobras–,
entre otros.
Ese día el consejo de administración
modificó los estatutos sociales de la empresa “a fin de dar participación del
sector privado en el capital social”. Dividió el capital en tres tipos de
acciones: puso a la venta 49% de las participaciones a un actor privado,
mientras que el gobierno mexiquense y ASA se repartieron el 51% restante.
El gobierno
de Peña Nieto decidió de manera
discrecional la entrada de OHL en el capital de la empresa. La eligió “después
de una evaluación” y la constructora de origen español “ratificó su interés por
suscribir y pagar el remanente de acciones”, según informó ASA en septiembre de
2006.
El 6 de junio del mismo año la SCT
otorgó la concesión del aeropuerto a la AMAIT y el día 29 OHL adquirió 480
millones de acciones de la AMAIT, con lo que se convirtió en el accionista principal
de la empresa.
A partir de
ese momento, cada vez que se han reunido
los 10 integrantes del consejo de administración de la AMAIT, se sentaron a la
mesa altos funcionarios de la administración mexiquense, de ASA y los
directivos de OHL, entre ellos José Andrés de Oteyza Fernández, José Luis Osuna
Gómez, Pablo Wallentin Crawford y Carlos Ruiz Sacristán –quien fue titular de
la SCT en el gobierno de Ernesto Zedillo–, según las actas de la AMAIT que
Proceso consultó en el Registro Público del Comercio.
De acuerdo
con los estatutos de la AMAIT, el titular en turno de la SCT mexiquense preside
el consejo de administración de la empresa, en el que entre otras cosas se
decide el reparto de dividendos a los accionistas. En otras palabras: durante cinco años, en las sesiones del consejo,
Ruiz Esparza y directivos de OHL hablaron de dinero.
En España esa empresa OHL es
investigada por presuntos actos de corrupción perpetrados tanto en la península
ibérica como en México, particularmente por los contratos de obra y las
concesiones de carreteras que obtuvo de la SCT en las administraciones estatal
y federal de Peña Nieto.
Las acusaciones se basan en
señalamientos de que OHL obtuvo información privilegiada y accesos directos a
las secretarías federales a cambio de otorgar “favores” a funcionarios.
En distintas pláticas telefónicas
–intervenidas y publicadas en internet–, De Oteyza y Wallentin mencionaron las
estancias de funcionarios y exfuncionarios mexiquenses en el hotel Fairmont
Mayakoba, en Cancún, que pertenece a la empresa. Entre los personajes
involucrados destacaron Gerardo Ruiz Esparza y Apolinar Mena Vargas, quienes
fueron titulares de la SCT mexiquense y presidieron el consejo de
administración de la AMAIT.
El reportero Álvaro Delgado documentó
en este semanario que OHL pagó las vacaciones de Arturo Montiel Yáñez, el hijo
del exgobernador Arturo Montiel, quien otorgó a la empresa española sus
primeras concesiones en la entidad, y de Luis Enrique Miranda Nava, quien formó
parte del primer consejo de administración de la AMAIT en el gobierno de
Montiel.
El estatuto de Sociedad Anónima de
Capital Variable garantiza que la AMAIT opere con opacidad y discrecionalidad. A pesar de que ASA es accionista de
la empresa, se resistió a responder decenas de solicitudes de información que
le envió Proceso, con el argumento de que la empresa tiene una razón social
distinta a la suya.
Una visita
al aeropuerto de Toluca confirma que se encuentra en evidente subocupación. El
estacionamiento de cuatro pisos y 2 mil plazas, fuera del recinto, se ve aún
más vacío.
Su ampliación se decidió el 4 de
abril de 2008, en plena administración estatal de Peña Nieto. Ese día, el
consejo de administración de la AMAIT contrató a la empresa Constructora y
Urbanizadora Ixtapan S.A. (CUISA), propiedad de la familia San Román, para
erigir lo que se convirtió años después en un elefante blanco.
Apenas ocho días más tarde, en el
mismo abril de 2008, la SCT mexiquense a cargo de Ruiz Esparza declaró a OHL
ganadora en el concurso público para construir y operar el Viaducto
Bicentenario, un megaproyecto del sexenio mexiquense de Peña Nieto.
El contrato
del Viaducto Bicentenario obligaba OHL a adquirir dos barreras móviles que
permitieran modificar el sentido de la circulación vehicular. La empresa
española compró estas máquinas por el doble de su precio de mercado a una
empresa de la que era socio Ricardo San Román Dunne, como reveló el equipo de
investigación de Carmen Aristegui en octubre de 2016.
Los lazos de los San Román con Peña
Nieto van más allá de lo profesional: Roberto San Román Dunne es compadre del
mandatario –es padrino de comunión de su hija Paulina Peña Pretelini– y el
presidente suele jugar en el exclusivo Club de Golf Gran Reserva de Ixtapan de
la Sal.
Ese club pertenece a la familia
mexiquense y en 2005 el mandatario le compró una casa de 850 metros cuadrados
por 5.6 millones de pesos, según reportó The Wall Street Journal.
Durante los primeros dos años de la
presidencia de Peña Nieto, la SCT otorgó 13 contratos a CUISA por un monto
total superior a 633 millones de pesos, de acuerdo con una revisión exhaustiva
de la plataforma de compras públicas Compranet y al Portal de Obligaciones de
Transparencia.
A partir de
2015, sin embargo, ninguna de las 23
empresas de los San Román que identificó Proceso en el Registro Público del
Comercio obtuvo de manera directa un contrato de obra federal.
Roberto San
Román Dunne voló con sus hijas desde el aeropuerto de San Diego, en California,
hacia la capital mexiquense el 14 de agosto de 2017. En el LearJet 45,
propiedad de la empresa Servicios Aéreos Mafrar, viajaba también Nicole Peña
Pretelini, una de las hijas del mandatario, según consta en la bitácora de
vuelo consultada en la Comandancia del AIT.
En los últimos cinco años, más de 574
aviones y helicópteros de aviación ejecutiva tuvieron a Toluca como base de
operación –aunque muchas de las aeronaves cambiaron de matrícula–, indicó la
SCT a este semanario en respuesta a una solicitud de información.
En enero de
1994, cuando Carlos Salinas de Gortari dio los primeros pasos para reducir las
operaciones de aviación ejecutiva en el AICM, las empresas de taxis aéreos
trasladaron sus operaciones a Toluca y se llevaron a su exclusiva clientela. El
AIT se convirtió en un centro de poder donde conviven millonarios y políticos
del primer círculo.
Antes de
crear Eolo Plus, el 24 de mayo de 2006, Hinojosa Cantú no tenía vínculos
conocidos con la aviación. Al concluir el gobierno estatal de Peña Nieto, el
empresario tamaulipeco controlaba uno de los hangares más imponentes del AIT
–tres veces más grande que los normales, según fotografías satelitales– y se
había convertido en uno de los mayores prestadores de servicios para las
empresas de taxis aéreos (Operadores de Base Fija).
Además de
Eolo Plus, las empresas Servicios Aéreos Estrella (SAE) –de Estrella Baz
Ceniceros– y Servicios Integrales de Aviación (Flymex), de Alberto Abed
Schekaiban –expropietario de Transportes Aéreos Ejecutivos (TAESA) y vinculado
con la élite mexiquense– operan los hangares más importantes.
En junio de 2017, días después de que
Alfredo del Mazo Maza –primo de Peña Nieto– ganara la gubernatura del Estado de
México, Abed organizó una reunión privada en la frialdad del hangar 22, ocupado
por Flymex.
En los hangares del AIT suelen
organizarse fiestas, confirmaron a este semanario un extrabajador del
aeropuerto y un piloto, pero la que se menciona se celebró bajo las lámparas de
neón y en mesas instaladas en medio de las aeronaves. Fue una reunión especial
a la que acudieron Miguel Ángel Osorio Chong –entonces secretario de
Gobernación–, Emilio Gamboa Patrón, Manlio Fabio Beltrones, Claudia Pavlovich y
otros integrantes de la cúpula del PRI.
Esos cuatro personajes son clientes
comunes de las empresas de taxis aéreos con base en Toluca. Sus nombres
aparecieron con cierta frecuencia en las bitácoras de vuelo consultadas.
La SCT
agrupa las bitácoras de cada día en paquetes de decenas de hojas, que guarda
por mes en cajas de cartón, que a su vez contienen miles de páginas. Los
documentos todavía no están digitalizados y sólo algunos vuelos internacionales
contienen información sobre los pasajeros, por lo que este semanario realizó
una búsqueda aleatoria en los archivos.
De esta búsqueda destacó que al menos
en dos ocasiones, cuando era secretario de Gobernación, Osorio Chong viajó a
las Bahamas, un archipiélago ubicado entre Miami y Cuba, que además de ofrecer
paisajes idílicos y servicios turísticos de lujo, es un reconocido paraíso
fiscal.
Uno de ellos
lo realizó el viernes 10 de abril de 2015 en la aeronave XA-NJM, operada por
Aerolíneas Hidalgo, y otro el jueves 12 de enero de 2017 en el avión XA-BOM,
operado por la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, que utilizó también
Hinojosa Cantú por lo menos una vez.
Beltrones, por su parte, suele viajar
con su familia –su hija, la diputada y actual aspirante a senadora Sylvana
Beltrones, su yerno el senador Pablo Escudero Morales, del PVEM, y más– en el
Bombardier CL-600 con matrícula XA-UWR, operado por la empresa Servicios de
Taxi Aéreo. En enero de 2017 viajó a Toluca desde Miami y en agosto pasado voló
a New Jersey.
Según las mismas bitácoras, el
expresidente Carlos Salinas de Gortari vuela a menudo en el Cessna 680 con
matrícula XA-CAR de la empresa Servicios Aéreos Across; Felipe Calderón y
Margarita Zavala viajaron en el XA-FLM de Avemex, y Alfredo del Mazo Maza en el
N158R perteneciente a la empresa Strong Tower Services.
Los
integrantes de la élite empresarial tienen sus propios aviones, registrados en
empresas de taxis aéreos. La familia
Hank tiene por lo menos dos aeronaves Gulfstream a nombre de la empresa
Operadora de Vuelos Ejecutivos. Carlos Slim Helú tiene cuatro aviones en
Aerofrisco. Salinas Pliego vuela en un Gulfstream de Aerotaxis Metropolitanos y
Claudio X. González vuela en dos aviones en la empresa Taxi Aéreo de México.
El 20 de abril de 2015, José Antonio
Kuribreña Arbide –primo del candidato presidencial José Antonio Meade
Kuribreña– voló a Houston con Carlos Emilio Salinas Occeli –hijo de Carlos
Salinas de Gortari–, el empresario petrolero Alberto Bessoudo Sustiel y socios
de Crédito Real.
El 4 de enero de 2013 Eruviel Ávila
Villegas, entonces gobernador del Estado de México, voló hacia el aeropuerto de
Nueva Orleáns en el Bombardier XA-OVR de Corporación Aeroángeles, que pertenece
al magnate Olegario Vázquez Raña. Junto con el mandatario viajaba José Miguel
Bejos, empresario cercano de Peña Nieto y tío del priista mexiquense Francisco
Javier García Bejos, entonces director general del AIT.
Por otra
parte, el gobierno de Peña Nieto
reconoció ante el Grupo de Acción Financiera (Gafi) que el AIT es el aeropuerto
donde se reportó el mayor número de contrabando de efectivo y de cheques. Entre
2014 y 2017, indicó, se reportaron 161 de estos “incidentes críticos” en el
AIT, tres veces más que en Guadalajara y cuatro más que en el AICM.
Desde 2005 las autoridades federales
confiscaron en el AIT 1 millón 225 mil dólares, otros 48 millones 157 mil pesos
y cheques por 1 millón 625 mil pesos, así como tres kilos de cocaína y medio
centenar de kilos de mariguana, informaron la Procuraduría General de la
República y la Policía Federal en respuesta a solicitudes de información de
este semanario.
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