Gustavo De
la Rosa.
Primeramente,
quiero diferenciar a los presos políticos de los enjuiciados en Chihuahua; no
se le puede llamar así a quienes están siendo procesados por actos de
corrupción contra el Estado, pues a Gutiérrez y compañía se les está procesando
por un delito patrimonial en contra de la Federación y la entidad. Ellos son
presos clepto-políticos.
El concepto
de preso político surgió cuando en 1215 Juan sin Tierra aceptó, después de una
guerra civil en Inglaterra, que nadie podía ser encarcelado sin una sentencia
dictada por sus pares de por medio y canceló los procesos contra muchos
ciudadanos sajones y anglos, presos por sus diferencias ideológicas, políticas
y económicas con los normandos que reinaban sobre ellos.
No hay
comparación entre Demetrio Vallejo y la Coneja Gutiérrez con Heberto Castillo,
ni entre el Duarte de Veracruz con Francisco I. Madero, o entre los líderes de
1968 con los cabecillas de la corrupción en Veracruz y en Chihuahua. Pero, aunque estos tipos sólo sean presos
clepto-políticos, tienen derecho al debido proceso ante un juez competente, y
quien decide la competencia es un tribunal superior, no un gobernador.
Estos sujetos, la
Coneja al frente, sólo son presuntos inocentes por el momento y si son
culpables o no se resolverá mediante juicios y procedimientos, aunque la
Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra y hay que recordar que fue
una de sus salas la que declaró a AMLO perdedor de las elecciones en 2006 y que
se negó a nulificar la elección del 2012 pese a tantas evidencias en contra (y
ningún gobernador o jefe de Gobierno de la izquierda política en aquel tiempo
se atrevió a confrontar directamente a la Suprema Corte).
Estoy convencido de que hay evidencia
de sobra que la Fiscalía del Estado y el Ministerio Público Federal pueden
aportar en contra de los organizadores del daño al erario para que se obtenga
una sentencia condenatoria mediante el debido proceso. Sin embargo, si de alguna manera el Poder Ejecutivo viola este debido proceso, la
Suprema o los juzgados de circuito bien podrían absolver a estos pillos.
Esto vale la pena mencionarse porque
en Chihuahua no son los ciudadanos indignados los que actúan en contra de las
decisiones de la Corte, sino el mismo gobernador y las instituciones estatales,
que están convocando a los chihuahuenses a oponerse directamente a las
resoluciones de la institución judicial.
Vivo en Chihuahua y estoy seguro de que,
si el dirigente de Acción Nacional o los candidatos de ese partido convocaran a
los chihuahuenses a impedir que saquen a la Coneja del penal de Aquiles Serdán,
no se juntaría la fuerza suficiente para frenar su traslado; sin embargo cuando es el gobernador quien convoca a oponerse a la Corte, se tiene
la percepción de que la verdad jurídica está de su parte y que la Policía
estatal podrá enfrentarse a las fuerzas federales.
Cuando la gente de AMLO tomó Reforma,
sabíamos que no nos iba a proteger ningún cuerpo armado y que en un momento
dado nos iban a sacar a chingadazos, duramos lo que se pudo aguantar y las
fuerzas de seguridad de la Ciudad de México nunca nos ofrecieron protección
policiaca. Fue una lucha auténticamente ciudadana.
La discusión sobre dónde deben
permanecer prisioneros el señor Gutiérrez y sus compinches es fundamentalmente
jurídica y debe resolverse por los jueces; el sistema jurídico resuelve diariamente
miles de casos y sus decisiones deben ser acatadas primero por las instancias
de Gobierno.
Los ciudadanos que nos oponemos a una
resolución judicial sabemos el riesgo que corremos y lo asumimos a consciencia;
en cambio muchos Chihuahuenses creen que el gobernador puede oponerse a la
Suprema corte y no se dan cuenta de que en estos términos de desacato los
riesgos son mayores, porque mientras el diferendo atrae toda la atención de la
ciudadanía, en Juárez se prevé que pasaremos de 100 homicidios en mayo,
equivalente en proporción a unos 600 en la CDMX; una estadística de terror.
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