Los muertos de Peña.

Raymundo Riva Palacio.

107 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio hablan muy mal de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. En Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, los reportes de balaceras y asesinatos son cotidianos. Hay zonas en el país que nuevamente, como hace 15 años, no se pueden visitar, y viajar por carreteras por las noches se ha vuelto muy peligroso en varias regiones del país. El incremento de ataques a empresas, asaltos físicos, secuestros y extorsiones, que tienen muy ansiosos y preocupados a los empresarios, que ya vieron afectados sus negocios por el alza galopante de la violencia, subrayan el colapso de su política. Mal cierre tiene el presidente en el tema que más lastima a la sociedad, gran lastre que añade carga al final de su sexenio.

Las cúpulas empresariales le están exigiendo que no deje el problema de la seguridad al próximo gobierno, y que apure las reformas que se tienen que hacer para frenar la violencia al alza, que no pueden esperar. Los empresarios pecan de ingenuidad en su desesperación para que el gobierno federal haga algo. ¿Por qué tendría que hacerlo? El presidente le compró de cabo a rabo la estrategia de seguridad a su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y está convencido de que la violencia desatada está asociada con dos factores: que los gobiernos estatales y municipales no han hecho su trabajo, y que su repunte se dio con los cambios de gobiernos locales en los dos últimos años. Bajo esta racional, el problema no está en la federación, sino en el ámbito estatal.

La falta de autocrítica no ayuda al diagnóstico correcto.

¿Qué hizo Peña Nieto de saque de su administración?

Fusionó a la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, revirtiendo dos años de construcción de un nuevo andamiaje institucional, al reinstalar el viejo concepto de la policía política montado en la seguridad pública. Al frente de ella colocaron a Manuel Mondragón, quien se formó en la escuela de Arturo Durazo, el jefe de la Policía durante el gobierno de José López Portillo, uno de los momentos más oscuros en la seguridad pública.

Desmanteló Plataforma México, con lo cual se dañaron años de trabajo sistemático de inteligencia criminal, porque estimaban que no servía para nada. La tecnología utilizada en los sistemas de inteligencia criminal fue compartida para hacer inteligencia política.

Permitió que se despidieran a los mandos de la Policía Cibernética porque sus salarios eran altos. Una de las consecuencias más claras se vio recientemente al no poder actuar con celeridad para evitar los ataques a los bancos.

Su estrategia de prevención nunca funcionó. Jamás le dieron presupuesto y terminaron quitándole todos los recursos para lo que iba a ser, habían dicho al arrancar el gobierno, la pieza toral de la política de seguridad pública. Todo se quedó en un ejercicio de propaganda.

Se dejó de combatir durante ocho meses al crimen organizado, ante el supuesto de que era el combate frontal lo que generaba la violencia en las calles, lo que permitió que los cárteles se fortalecieran. Esa omisión por ignorancia permitió que la violencia comenzara su repunte a los niveles de descontrol e ingobernabilidad que se viven ahora.

Se armaron grupos de autodefensa, en realidad paramilitares, varios de ellos vinculados con el crimen organizado, cuyas secuelas se ven todavía en Guerrero y Michoacán. Apoyarlos con armas y protección les dio legitimidad y profundizó el problema de la inseguridad y el crimen organizado.

Se pospuso dos años el examen de control de confianza para policías municipales, con lo cual su vinculación con criminales se intensificó. En este espacio ya se ha señalado que de haber existido, muchos de los municipales que participaron en el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, no habrían cometido ese delito porque jamás habrían pasado esos controles.

¿Qué hizo Peña Nieto posteriormente?

Regresó a la política de combate al crimen organizado del expresidente Felipe Calderón, pero con la misma deficiencia: no atacó integralmente el fenómeno. Las causas sociales y económicas, que son aceleradoras del fenómeno, permanecieron sin ser transformadas. Y al igual que la administración previa, se echó la culpa de sus deficiencias a los gobiernos locales.

No pudo, o no quiso, sacar un nuevo modelo de policía, pero presionó para que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, con lo cual se podrá tener a las Fuerzas Armadas permanentemente realizando tareas de seguridad pública.

El trabajo con los gobiernos estatales de ir fortaleciendo a las policías locales y gradualmente ir retirando al Ejército de las calles se quedó en discursos. El encargado de planear la estrategia con los gobernadores, Osorio Chong, nunca lo hizo; el presidente tampoco le pidió cuentas.

Pese a los fracasos visibles, como la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, que evidenció el colapso de los sistemas y protocolos del sistema penitenciario federal, nadie de los responsables principales de que existieran las condiciones para el escape, fue procesado.

Nunca se pidieron cuentas a los responsables de la seguridad pública del porqué si el Presupuesto se incrementó casi cuatro veces en los primeros cinco años del gobierno, la fuerza policial nunca se incrementó. ¿En dónde quedó ese dinero? No se sabe, porque la información de su destino está reservada.

Con tantas pifias, omisiones, negligencias o encubrimientos que se han dado en el gobierno peñista en materia de seguridad, ¿cómo esperan las cúpulas empresariales que el presidente rectifique el rumbo? Es esperar demasiado de Peña Nieto que, en esta materia, como en otras que serán analizadas próximamente, ya cerró la cortina.