Alejandro
Calvillo.
La histeria
frente a las elecciones no es una, son muchas. La histeria frente a que las
cosas no cambien y sigamos en caída libre, como lo comprobamos día a día, en un
territorio dominado por la violencia y la corrupción a niveles que nadie
hubiera imaginado hace seis años, y menos aún, hace 12 años. La otra histeria
surge frente al escenario creado de que el país pudiera irse en un proceso
hacia una crisis similar a la venezolana. Si uno llegara de fuera sin
información previa y viera el discurso de las campañas, vería esos dos
escenarios: o la caída libre o Venezuela en México. No me refiero aquí a
preferencias personales, sino a la narrativa entre los contrincantes.
Pero esas no son las únicas histerias
en México, existe otra muy profunda, en un grupo reducido, pero con un muy
fuerte poder económico con mucha influencia en los medios. Este grupo, formado
por un grupo más o menos amplio, de grandes multinacionales, tiene miedo a
perder el control que ha tenido sobre las instituciones públicas, el poder que
ha ejercido para beneficiarse de privilegios y condonaciones fiscales a su
gusto, así como de dictar políticas, leyes, normas y regulaciones a lo largo y
ancho del poder ejecutivo y legislativo.
Si existe una tendencia mundial a
exentar a las multinacionales del pago de impuestos, a escala nacional el
asunto es más grave.
La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reportó que las multinacionales pagan 5 por
ciento de impuestos sobre sus ingresos, mientras las pequeñas empresas pagan un
30 por ciento, esto a escala global.
De acuerdo a
un reporte de ActionAid, de los 138 mil 900 millones de dólares que se dejan de
pagar en impuestos por privilegios fiscales alrededor del mundo, 2 mil 500
corresponden a las clases más bajas, 29 mil 200 millones a las clases medias y
104 mil millones a la clase alta.
En México, Fundar dio a conocer que en el 2013 gracias
al programa “Ponte al Corriente”, 15 contribuyentes que ya se habían
beneficiado con un programa similar en el primer año de gobierno de Felipe
Calderón, lograron acceder a otra condonación. Estos 15 contribuyentes dejaron
de pagar más de 46 mil millones de pesos en 7 años.
Como lo hemos relatado en este
espacio, el poder de varias de estas grandes multinacionales, obtiene
privilegios y beneficios para sus prácticas en el territorio nacional pero
también hace uso del gobierno mexicano en instancias internacionales. Hemos
accedido a cartas oficiales y minutas con declaraciones de representantes de
nuestro gobierno en negociaciones internacionales donde se oponen contra
políticas de salud que se implementan en otros países, como contra el
tabaquismo y la obesidad, porque afectan los intereses de estas empresas
multinacionales. Lo
hicieron en posturas contra regulaciones al tabaco en Australia, contra
regulaciones frente a la obesidad en Ecuador, Chile y Perú, e, incluso, contra
regulaciones sobre seguridad vehicular en Ecuador también.
La captura de instituciones como
Cofepris y de áreas importantes de la Secretaría de Salud, por las
multinacionales de la comida chatarra y las bebidas endulzadas, ha sido más que
evidente. El sometimiento a los intereses de estas multinacionales por parte de
las presidencias de las comisiones de salud en diputados y Senado se constata
con su inmovilismo frente a las emergencias epidemiológicas por obesidad y
diabetes.
Nada garantiza que esto cambie en las
elecciones, sin embargo, los cabilderos y sus aliados nacionales e
internacionales se mueven en todas las esferas de los diversos grupos políticos
para evitar que ocurra.
La histeria surge ante la posibilidad
de perder el control que han ejercido sobre instituciones del poder ejecutivo y
en áreas claves del poder legislativo.
Para ellas, no hay manera de que
pueda prevalecer el interés público sobre su beneficio privado. Deben
instalarse aliados en las posiciones claves, en Salud, en COFEPRIS, en
Economía, en Hacienda, en las comisiones claves en el Congreso, que sirvan a
los intereses de estas grandes corporaciones, como ha sido hasta ahora.
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