Sancionar a los electores mexicanos
que no acuden a votar podría desactivar las estructuras clientelares de los
partidos políticos y desincentivar los desvíos de recursos para fines
electorales, opinó hoy el consultor y expresidente del Instituto Federal
Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, al aseverar que “no es lo mismo comprar
votos con una participación del 45% que en una elección donde vota el 85% del
padrón electoral”.
Lo hizo
durante la presentación del informe “Dinero bajo la mesa”, que publicaron hoy
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la consultoría
Integralia, el cual retrata la dimensión
–conservadora– del financiamiento y el gasto ilegales en las campañas, que
rebasarán “varias veces” los 11 mil 800 millones de pesos que los mexicanos
entregarán a los partidos políticos este año.
Las estructuras paralelas y dobles
contabilidades de los partidos políticos se nutren principalmente del desvío de
fondos públicos, entre ellos los 247 mil millones de pesos de la Federación que
las entidades federativas malversaron entre 2012 y 2016, según reportó la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Para lavar estas cantidades
millonarias e inyectarlas a las campañas políticas, los gobiernos suelen usar
un abanico de estrategias complejas, que involucran entre otros el uso de
facturas simuladas y empresas fantasmas, el cobro de servicios en efectivo, el
otorgamiento de contratos públicos con sobrecostos, las subcontrataciones
forzosas –en el caso conocido como la Estafa Maestra, por ejemplo–, los
descuentos de nómina, los permisos de construcción y ambulantaje, o los casos
más “comunes” de los desvíos de programas sociales.
El amplio
documento, elaborado con base en datos públicos y más de 60 entrevistas a
diversos actores del sector político –entre ellos, uno afirmó que “las elecciones se ganan con dinero”–, muestra que, por
cada peso reportado en los gastos promedios de una campaña para gobernador, los
partidos gastan 15 más “en lo oscurito”, y en efectivo, lo que le hace
prácticamente imposible de rastrear.
Despilfarro
sin freno.
También exhibe que los partidos suelen rebasar
hasta 11 veces los topes legales permitidos para campañas, y revela que,
durante los comicios del 2012 y de 2015, el flujo de liquidez creció 33 mil
millones de pesos (5%) en promedio en el país, sin que el Banco de México tenga
una explicación racional.
En mayo y
junio de 2017, mientras el resultado de las elecciones del Estado de México
quedaba muy incierto y el PRI tenía el riesgo de perder su bastión histórico, la cantidad de retiros de efectivo se
disparó en un 38% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En
total, 393 millones de pesos adicionales fluyeron en la economía mexiquense.
“No podemos
afirmar con certeza que este dinero va a las campañas, pero es un dato por lo
menos curioso”, subrayó la académica María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva
de MCCI y coautora del informe.
Ugalde insistió por su parte en
afirmar que el uso ilegal de dinero en campañas “es sistémico” y es empleado
por cualquier partido mexicano que tenga acceso a recursos públicos.
“Adjudicarlo a un partido sería incorrecto”, sostuvo.
“Una regla simple para estimar los
recursos para ser competitivo en una elección de gobernador es multiplicar el
número de votos rurales por 500 pesos y el de urbanos por mil pesos”, planteó el documento.
Si bien resulta difícil determinar el
destino del gasto ilegal, parte del efectivo desviado sirve para alimentar las
estructuras que promueven el voto y operan políticamente a favor de quién les
inyecta recursos.
“Las estructuras clientelares son
mercenarios”, subrayó Ugalde, al agregar que “el gran problema de este país es
que todo está sentado en el clientelismo”.
El clientelismo, abundó el documento,
ocurre cuando operadores electorales compran, mediante dádivas o regalos, “una
intención de voto” –y no el voto como tal, pues es supuestamente secreto–, pero
también cuando movilizan votantes e inhiben a los electores a acudir a las
urnas.
Según el informe, cada pieza de las
estructuras clientelares representa un costo para los partidos que los
utilicen: desde mil 500 pesos para un promotor de colonia hasta 50 mil pesos
para un coordinador regional; a ello, se deben añadir los mil 150 pesos que se
otorgan a los representantes de casilla y los mil pesos para los abogados
electorales.
El documento
estimó que una estructura costaba
alrededor de 55 millones de pesos en un pequeño estado durante las elecciones
de 2017, y hasta 450 millones de pesos en un estado grande, como el Estado de
México, la Ciudad de México o Jalisco.
Para financiar sus “dobles
contabilidades” y estructuras políticas, los partidos y candidatos también
suelen recibir fondos y servicios gratuitos de empresarios –con distintos
niveles de intermediarios y empresas fantasma de por medio–, a los que
atribuyen contratos de obra pública una vez en el poder, en un círculo vicioso.
Durante las
elecciones, los gobiernos también suelen
disparar los gastos de comunicación social de manera discrecional e invierten
los fondos en publicidad oficial a los medios de comunicación –con ello pagan
una cobertura informativa favorable–, en encuestas tergiversadas y en
contrataciones de estrategas políticos.
Ante estos
datos, queda en ridículo la reforma
electoral de 2014, que plantea la anulación de las elecciones cuando un partido
rebase en un 5% su gasto permitido de campaña, cuando compre cobertura
informativa fuera de la ley o cuando reciba recursos públicos o de procedencia
ilícita.
Sin embargo,
según Ugalde, a la par de que creció la
competencia entre partidos políticos se disparó el gasto ilegal, hasta que el
sistema llegó al borde del colapso. “Para los partidos y los candidatos, este
sistema salió de control y es insostenible”, sostuvo.
La fiscalización es otro problema
central en los mecanismos de gastos ilegales de campaña, pues resulta
“insuficiente y en ocasiones incluso irrelevante para combatir el enorme
problema del fondeo”,
subraya el informe.
Precisa: el INE no cuenta con los recursos humanos
y tecnológicos suficientes para investigar la “doble contabilidad” y los flujos
de efectivo que manejan los partidos políticos, y tiene apenas 10 días para
detectar y señalar, entre 80 y 120 mil operaciones, todas las irregularidades
en la información reportada por los candidatos.
Aun así, en las campañas de 2017 el INE descubrió gastos no reportados por
276 millones de pesos, equivalentes al 26.5% del gasto total, que fueron
erogados en “operativos de la campaña”.
En el Estado de México, por ejemplo,
el actual gobernador priista Alfredo Del Mazo Maza omitió reportar 51 millones
de pesos –el 30.5% de su gasto–, Josefina Vázquez Mota, la candidata de Morena,
fue omisa respecto a 52.7 millones de pesos mientras que el candidato
perredista Juan Zepeda no declaró 47 millones de pesos.
Ley
electoral: multas “rentables”
Por si fuera poco, los partidos
políticos pueden infringir la ley con cierta tranquilidad, pues “las multas son
rentables” y pocos delitos se castigan con cárcel. La académica subrayó que, en
los últimos 18 años, los partidos apenas pagaron en multas el 3.6% del dinero
público que recibieron del erario.
Según el documento, el PRI resultó el
más multado entre 2016 y 2017 –pagó cerca de 21% de las sanciones totales–,
seguido por Morena –19.42%–, el PAN –18.36%–, el PRD –14.97%– y el PT –7.84%–.
Para las
elecciones de 2018, el Estado de México,
Tamaulipas y Sonora, tres entidades gobernadas por el PRI determinaron los
mayores topes de gasto del país: 300 millones, 112 millones y 104 millones de
pesos, respectivamente.
Sin embargo,
al comparar estas cifras con el padrón
electoral estatal, los autores del informe se percataron que, si bien el costo
promedio permitido a los partidos por votante se eleva a 21 pesos, en Sonora,
Baja California Sur, Querétaro y Tamaulipas rebasa los 40 pesos.
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