Durante los regímenes priistas del
siglo XX, Jorge Larrea fue contratista, concesionario minero e influyente
personaje del mundo de los negocios al amparo del poder público. Esa fortuna,
grande hasta entonces, se multiplicaría después. Durante los gobiernos surgidos
del PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón, el heredero del emporio, Germán
Larrea Mota-Velasco, elevó a su máximo ese patrimonio, hasta figurar entre los
50 hombres más ricos del mundo.
En 2001, el
primer año de la alternancia, Germán Larrea se ubicaba en el lugar 490 de la
lista de billonarios de la revista Forbes, con un caudal estimado en mil
millones de dólares.
Para 2011, Larrea había dejado atrás
a 450 millonarios del mundo, al colocarse en el lugar 39 del catálogo, con una
riqueza estimada en 16 mil millones de dólares. Posteriormente sus haberes
decrecieron hasta colocarse en 15 mil 700 millones de dólares, lo que le valió
el lugar 64 del ranking global.
Envuelto en
el misterio, a Larrea se le han dedicado reportajes completos sobre su
discreción. Aunque existen registros
públicos de su participación en reuniones –por ejemplo, la sostenida con el
presidente Enrique Peña Nieto el pasado 16 de enero–, las fotografías que
circulan de él no son del todo confiables y prácticamente nadie lo conoce fuera
de su círculo de colaboradores y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Su auge se fundamentó en las
privatizaciones de los años noventa, que permitieron el crecimiento de Grupo
México.
La división
minera del consorcio está integrada por Southern Cooper Corporation, Industrial
Minera México (IMMSA), Southern Perú y Asarco en Estados Unidos. Esos
corporativos se dedican a actividades extractivas en 13 minas y siderúrgicas.
Su división transporte agrupa a las
empresas Ferrosur y Ferromex, así como México Intermodal, una compañía de
logística que cubre más de 70% del territorio nacional.
En su
división infraestructura, las subsidiarias son Perforaciones México (Pemsa,
especializada en el sector petrolero con 13 proyectos actuales de perforación);
México Compañía Constructora, dedicada a la realización de infraestructura, con
una división industrial, y Consutec.
Miembro del
Consejo de Administración de Televisa, Larrea incursionó en el negocio del
entretenimiento al adquirir Cinemex y fusionar otras pequeñas cadenas de cine,
hasta convertirse en el segundo operador más grande del país.
El favoritismo de los gobiernos
panistas hacia Grupo México fue notorio: una consulta al portal de Obligaciones
de Transparencia, realizada el viernes 19, muestra que sólo con las razones
sociales conocidas públicamente, el gobierno federal le asignó 11 mil millones
de pesos en obra pública, principalmente en Pemex Exploración y Producción,
entre 2005 y 2012.
La cifra es
significativa: en 2012 eran precisamente
11 mil millones de pesos los que esa trasnacional le debía al fisco.
Con Felipe Calderón obtuvo contratos
de perforación petrolera, transportación de combustibles e hidrocarburos y, por
si fuera poco, numerosas obras públicas realizadas en diferentes zonas del país
sirvieron para favorecer la conectividad de sus propias operaciones.
No fue todo.
Grupo México adquirió diversas
concesiones mineras, entre las que destaca una con las mayores reservas
probadas de cobre en el planeta.
Fueron los años en que incursionó en
la transportación aérea hasta convertirse en accionista mayoritario de Grupo Aeroportuario
del Pacífico, operador de aeropuertos como el de Los Cabos.
LA IMPUNIDAD.
Más allá de los favoritismos
gubernamentales que alimentaron el auge de Grupo México, los funcionarios
panistas le garantizaron impunidad.
En 2002, los daños ambientales provocados en
Monterrey por una fundición de IMMSA fueron desestimados por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que jamás sancionó los
daños al entorno de su siderúrgica en San Luis Potosí.
La muerte de 65 mineros en Pasta de
Conchos en 2006 no sólo quedó impune, sino que el Estado mexicano litigó contra
los deudos de los trabajadores, viudas, hijos y ancianos, que jamás supieron
qué ocurrió en ese lugar: el gobierno de Vicente Fox y especialmente el de
Felipe Calderón lo impidieron por todos los medios.
Defensora de
derechos humanos laborales, Cristina Auerbach Benavides, integrante de la
organización Familia de Pasta de Conchos, recuerda la serie de impunidades que
sufrieron en unos 45 procesos de diferentes materias jurídicas. A todos los
casos se les dio carpetazo.
Entre
muchos, dice Auerbach, tres hechos
evidencian que el ocultamiento de lo ocurrido en esa mina se convirtió en una
tarea de Estado:
Primero se cancelaron los trabajos de recuperación
de cuerpos y, por ende, de peritajes que esclarecieran las causas del
siniestro. Para conseguirlo, Grupo México contrató a un supuesto consultor
estadunidense, cuyas conclusiones, por absurdas que resultaran, fueron
repetidas una y otra vez por el entonces titular del Trabajo calderonista,
Javier Lozano Alarcón. Se difundió que si seguían las excavaciones habría “una
pandemia” en la región de salmonela, tuberculosis y sida.
Lo segundo es que no había cuerpos, pero el gobierno
de Coahuila emitió actas de defunción que, sin satisfacer los requisitos
legales, fueron aceptadas por la Procuraduría Federal para la Defensa de los
Trabajadores (Profedet), a fin de tramitar las pensiones ridículas que se
asignaron a los deudos. Los familiares de los fallecidos, además, fueron
disminuidos como sujetos de derecho, cuando la Procuraduría General de la
República decidió que no procedían sus denuncias por carecer de personalidad
jurídica, lo cual fue avalado por tribunales.
La tercera
razón es que, ante la cadena de
violaciones a derechos no sólo laborales, sino fundamentales, la Familia de
Pasta de Conchos, apoyada por sindicatos solidarios y organizaciones de la
sociedad civil, acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde
tras un largo proceso se concluyó que los deudos tenían la razón en 27 de 29
reclamaciones.
Sin embargo, Lozano Alarcón declaró una y otra vez que
la OIT había cerrado el caso sin responsabilidad para el Estado mexicano y que
las víctimas eran “viles”, “ruines”, que sólo pretendían “lucrar con la
tragedia”. El caso se sigue desahogando en la OIT y el gobierno de Enrique Peña
Nieto se ha mantenido inamovible en el tema. (Proceso 1772)
Como ha ocurrido con la contaminación
de ríos en Sonora, la concesión minera de Grupo México no se canceló en Pasta de Conchos, aunque eso sí
ha ocurrido con minas en las que mueren dos trabajadores, como en el caso de la
mina Lulú, cuya concesión fue cancelada en 2011.
La
Secretaría de Economía NO sólo evitó
cancelar la autorización, sino que la renovó. El título de concesión minera
número 240977 cambió el nombre del lote minero de Pasta de Conchos a
“Unificación Fresnos” y lo refrendó el 16 de noviembre de 2012, a punto de
concluir el gobierno de Felipe Calderón, por lo que ahora tendrá vigencia hasta
2031. (Proceso 1974)
Miembro del consejo de Vamos México,
la fundación creada para satisfacer los delirios presidenciales de Marta
Sahagún, esposa de Vicente Fox, Larrea consiguió también una persecución
judicial contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia.
El gobierno no se inhibió cuando la
pesquisa judicial y la imposición de un dirigente ilegítimo, Elías Morales,
paralizó por semanas la minería nacional; ni se frenó para reprimir con
operativos policiacos y militares a los trabajadores inconformes, como ocurrió
en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, con saldo de dos
trabajadores muertos y más de 40 heridos.
Hechos similares, con decenas de
trabajadores heridos, se reprodujeron en Sombrerete, Zacatecas; Monclova y Torreón,
Coahuila; Cananea y Nacozari, Sonora, así como en otros centros mineros del
país. O para encarcelar a colaboradores de Gómez Urrutia, o fundando un nuevo
sindicato, como ocurrió con el de Carlos Pavón.
Un informe
publicado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) en 2012 concluyó que los gobiernos panistas
representaron “una decena trágica para los trabajadores”, entre éstos los
mineros, pues en 2010 en Cananea el gobierno posibilitó que una huelga
declarada legal por las instancias laborales fuera liquidada mediante la figura
de “terminación de relaciones laborales por causas de fuerza mayor”.
Los hechos
ocurrieron entre el 6 y el 9 de junio de 2010. Lozano Alarcón mintió de nuevo al declarar que la Policía Federal
ingresó a la mina Mexicana de Cananea para cumplir el laudo que finiquitó las
relaciones laborales. En realidad, fue por orden de un Ministerio Público para
realizar una cuantificación de daños. Los policías, por su parte, llevaban
órdenes de reestablecer el orden público en “las instalaciones del Estado”,
cuando en realidad se trataba de un fundo privado. (Proceso 1778)
El abogado de Grupo México era
Fernando Gómez Mont, quien durante el sexenio de Calderón fue secretario de
Gobernación y que, junto con Lozano, sentó el precedente de la extinción del
derecho de huelga. Ese derecho se ganó en Cananea, tras la lucha obrera de
1906, y en Cananea se perdió, para favorecer a Germán Larrea.
Hombres cercanos al gobierno de
Enrique Peña Nieto, como Claudio X. González y Valentín Diez Morodo, figuran en
el Consejo de Administración de Grupo México.
La continuidad del favoritismo
gubernamental parecía clara. Además del mencionado litigio ante la OIT, el hoy
exsubprocurador Ricardo García Cervantes y el procurador Jesús Murillo Karam
incumplieron sus promesas de esclarecer el caso Pasta de Conchos.
García
Cervantes dejó el cargo el pasado 14 de mayo, presuntamente por las presiones
respecto del caso Pasta de Conchos. Una
vez fuera, al caso se le dio un nuevo carpetazo.
Por esos
días, Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA, y otros ejecutivos
anunciaron que Grupo México se preparaba para ampliar sus operaciones en el
sector energía, donde ya es proveedor de la Comisión Federal de Electricidad y
Pemex.
No obstante,
siguió luego el desastre ambiental
provocado en Sonora, la inusual sobreexposición mediática que confrontó al gobierno
federal con el de Sonora, el envío de una comisión especial y la aplicación de
sanciones que, si bien resultan irrisorias para los ingresos del consorcio,
rompieron todos los registros de castigos a la empresa.
En medio del escándalo por daño
ambiental, UN TRIBUNAL EXONERÓ A GÓMEZ URRUTIA DE TODOS LOS CARGOS QUE PESARON
SOBRE ÉL DURANTE LOS GOBIERNOS DE VICENTE FOX Y DE FELIPE CALDERÓN.
Hoy, los aliados de Grupo México
empiezan a alejarse. Convertido en senador, Javier Lozano enfrenta una denuncia
de juicio político que, interpuesta el 25 de noviembre de 2010 por Gómez
Urrutia, está en vías de reactivarse.
En este contexto, el pasado 1 de
septiembre Grupo México publicó un desplegado para argumentar, otra vez, que la
responsabilidad del derrame en Sonora no fue de la empresa sino de un
contratista, versión que, como la primera (cuando atribuyó el derrame a lluvias
inusuales), fue descalificada el viernes 19 por la Unidad de Protección Civil
en Sonora, que denunció que la contaminación era deliberada y, al menos hasta
el viernes 19, continuaba.
El
comunicado era casi una súplica que iniciaba felicitando a Peña Nieto por su
segundo informe y las reformas impulsadas. Concluía así: “Señor presidente: No
dude de nuestro compromiso de cumplir con México y con los objetivos de su
gobierno, especialmente en este momento, en la atención de los efectos y
consecuencias de este lamentable accidente”.
Este
reportaje se publicó el 20 de septiembre de 2014 en la edición 1977 de la
revista Proceso.
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