El 6 de
enero de 2016, un año antes de estallar
el escándalo de corrupción de Odebrecht, el mandatario Enrique Peña Nieto
cumplió una promesa que la administración de Felipe Calderón hizo a una filial
de la empresa brasileña en 2010: mediante decreto presidencial, el priista
estableció un arancel de 5% a las importaciones de polietileno de baja densidad
para favorecer la producción de este hidrocarburo en el complejo Etileno XXI,
operado por la misma empresa brasileña.
El arancel que Peña Nieto decretó
formaba parte de una cláusula contenida en el contrato de suministro de etano
que celebró Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB, hoy Pemex Transformación
Industrial) con el consorcio Braskem-Idesa el 19 de febrero de 2010, con
Calderón Hinojosa y el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como
testigos de honor.
Al firmar este contrato, que fue
enviado de manera anónima a través de la plataforma digital Méxicoleaks, Pemex
se comprometió a vender 66 mil barriles de gas etano a Braskem –una filial de
Odebrecht– y su socio mexicano Grupo Idesa durante 20 años, por un precio
inferior a los estándares del mercado.
En el mismo
documento, estas empresas se
comprometieron a construir y operar el complejo Etileno XXI –para transformar
el gas en etileno y su derivado polietileno– en Coatzacoalcos, Veracruz.
El contrato, diseñado con evidentes
desventajas para Pemex, generó pérdidas multimillonarios a la empresa mexicana:
tan sólo en 2016, la petrolera perdió casi 2 mil millones de pesos, dejó sin
etano a sus plantas procesadoras y actualmente compra en el extranjero parte de
la materia prima que está obligada a entregar por 20 años a la empresa
brasileña, como lo
documentó la reportera Jesusa Cervantes en Proceso en febrero pasado.
“Al daño financiero hay que sumarle
el costo de construcción de un ducto especial que rebasó los 6 mil millones de
pesos. Pero además un barco arrendado por Pemex va de regreso a Houston,
Estados Unidos, luego de entregar 4 mil toneladas de etano que el gobierno
compró para abastecer a Odebrecht”, señala el reportaje de este semanario.
Desde
diciembre de 2016, Odebrecht se encuentra en el centro de un escándalo
internacional, estigmatizada por sus prácticas de corrupción en distintos
países de América Latina y África. En México, directivos de la empresa
confesaron ante la justicia brasileña que pagaron unos 10.5 millones de dólares
de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero mientras éste coordinaba los
asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y en un
segundo tiempo ya como director general de Pemex.
La cláusula VII de los
inversionistas, en el contrato obtenido por Apro y los demás medios que
conforman la Alianza Méxicoleaks, establece:
“Es fundamental para la economía de
las Instalaciones del Proyecto que el Gobierno de México incremente las tarifas
aplicables a la importación de toda clase o tipo de polietileno a México desde
otros países distintos a aquellos con los que México ha celebrado Tratados de
Libre Comercio a tarifas que sean al menos similares a las tarifas aplicables a
las importaciones de dicha clase o tipo de polietileno en los Estados Unidos de
América o Canadá (actualmente 6.5%)”.
Y no sólo
esto: el gobierno aseguró que ayudaría
el consorcio en “agilizar la obtención de permisos”, y que realizaría “los
esfuerzos comercialmente razonables para apoyar a (Braskem-Idesa) en sus
esfuerzos de obtener un incremento por el gobierno de México en las tarifas de
importación de polietileno”.
Por Pemex firmaron los entonces
subdirectores Arturo Arreguí García, de Planeación; Armando Arenas Briones, de
Producción; Fernando Amor Castillo, de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, y
Víctor Domínguez Cuéllar, de Ductos. Y aunque su jefe directo era el panista
Jordy Herrera –quien fue secretario particular de Calderón cuando éste fue
director de Banobras–, aquél no figura en el contrato.
Seis años
después de firmarse el contrato, Peña
Nieto impuso un arancel de 5% sobre el precio del kilo de polietileno de baja
densidad lineal (LLDPE) importado desde países distintos a Canadá y Estados
Unidos, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El 22 de junio de 2016, el entonces
secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell inauguró Etileno XXI, con
prácticamente un año de retraso respecto del contrato inicial, y cinco meses
después que Peña Nieto firmara el decreto presidencial.
En estas
fechas, la investigación Lava Jato ya era conocida y los nombres de Marcelo
Odebrecht y su empresa empezaban a ser familiares en la región.
Dos años
después, el escándalo de corrupción arrasó en la región: en Perú, Pedro Pablo
Kucynski tuvo que renunciar a la presidencia y el expresidente Ollanta Humala
está preso, en Ecuador fue detenido el vicepresidente Jorge Glas, en Colombia
el exgerente de campañas del presidente Juan Manuel Santos fue enviado a
prisión provisional…
En México, la Procuraduría General de
la República afirma que sigue investigando el caso, sin embargo, pese a los
señalamientos directos hacia Lozoya, la dependencia dejó de informar sobre los
avances de sus indagaciones. Es más: en abril pasado, la PGR se negó en
entregar información al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues aseveró que
ésta tiene un carácter reservado.
Estafa a
Pemex.
En el momento de firmar el compromiso
para el suministro de 66 mil toneladas diarias de etano a Etileno XXI, Pemex no
sólo se comprometió a venderlo a 16 centavos de dólar por galón –mientras que
el valor en el mercado es de 50 centavos de dólar por galón–: no
calculó que no tendría suficiente etano para abastecer a sus dos plantas
transformadoras “Cangrejera” y “Morelos”, que a la fecha trabajan al 40% de su
capacidad.
Por ello, desde su primer año de entrada en vigor, el
contrato le salió mal a Pemex: la petrolera no entregó a Braskem-Idesa todo el
etano que debía y, en consecuencia, le pagó a la filial de la brasileña 283
millones de pesos.
Actualmente, Pemex tiene que comprar
etano a precio de mercado y en dólares, según la convocatoria publicada en
abril de este año, pero lo vende a Braskem-Idesa por debajo del precio mínimo y
en pesos, de acuerdo con la filtración recibida vía Méxicoleaks. “El precio al
que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación
incurridos”, señaló la ASF en su revisión de la Cuenta Pública 2016.
Y no sólo
esto: el contrato fue utilizado como
aval para que el gobierno mexicano, a través de Bancomext, participe a la
construcción de Etileno XXI –que representó una inversión de 5 mil 100 millones
de dólares– con una línea de crédito de 120 millones de dólares “y como
estructurador de un crédito sindicado con otros 17 bancos del mundo”, según el
documento.
Nacional
Financiera (Nafin), por su parte, estableció
tres líneas de crédito por 620 millones de dólares entre 2012 y 2016 para que
Braskem-Idesa pudiera financiar Etileno XXI, e incluso el Impuesto sobre el
Valor Agregado (IVA) que debió pagar durante los cuatro años de construcción,
según los informes anuales de la dependencia.
Se buscó a varios funcionarios de
Nafin para que explicaran las cifras de sus propios informes y exactamente cómo
es que Nafin financió el IVA del proyecto, que debió pagar Braskem-Idesa por
sus propias actividades, pero no hubo respuesta a los requerimientos de
información.
Domínguez Cuellar, uno de los
funcionarios de Pemex que firmó el contrato, salió de Pemex, pero no del sector
energético: trabaja ahora en la consultora DM Integración Energética,
especializada en el asesoramiento del mercado de gas y petróleo en México.
Arenas Briones, quien fungió como
director de PGPB hasta 2014, fue señalado en 2009 por ser parte de una red de
corrupción en la asignación de contratos con Pemex a empresas de sus
familiares.
Por el lado
de Idesa, uno de los firmantes fue José
Luis Uriegas Uriegas, como director general, quien antes de entrar en Idesa era
funcionario en Nafin, la dependencia que prestó 620 millones de dólares a
Braskem-Idesa para el proyecto del cual se benefició en demasía.
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