Integrantes
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria
(CRAC–PC) advirtieron que pelearán para
tirar la reforma constitucional local que desaparece la función de las policías
comunitarias en el estado de Guerrero, lo que dejaría a los pueblos originarios
en la indefensión frente a mineras que quieren explotar su territorio y sus
lugares sagrados.
El pasado 27 de julio, el pleno del
Congreso del Estado de Guerrero aprobó, con 41 votos a favor y uno en contra,
eliminar las palabras “policía comunitaria” en el Artículo 14 de la Constitución local, tal cual
lo establecía la iniciativa enviada por el Gobernador Héctor Astudillo Flores
en abril de 2017.
La redacción final es considerada por
policías comunitarias como un ataque a sus derechos y a los usos y costumbres.
“La ley establecerá las bases para
una adecuada delimitación de competencia en las materias de seguridad pública
de impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y
coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico
estatal, para que los pueblos indígenas y afroamericanos apliquen sus propios
sistemas normativos”,
dice el texto constitucional.
Las
organizaciones y colectivos como la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policías Comunitaria, Consejo de Comunidades Damnificadas de la
Montaña, Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “los María Morelos
y Pavón”, Centro De Derechos Humanos De La Montaña “Tlachinollan”, Red
Guerrerense De Organismos Civiles y De Derechos Humanos, Colectivo El Grito y
las casas de Justicia de San Luis Acatlán, de Espino blanco y de El Parasol, se pronunciaron contra la aprobación de esa
reforma.
“Queremos recordarles que los pueblos
no somos vasallos de los Gobiernos usurpadores ni súbditos para que nos
impongan leyes que nos sojuzgan, ostentamos la titularidad de nuestros
derechos, le pese a quien le pese. Somos sujetos de derecho no objeto de
políticas asistencialistas”, manifestaron en un posicionamiento conjunto, emitido en días
pasados.
VULNERABILIDAD
FRENTE A MINAS.
Claudio
Carrasco Hernández y Pablo Guzmán Hernández, coordinador y consejero de la CRAC -PC, respectivamente, consideran que
el Artículo 14 de la Constitución local fue reformado para desaparecer la
función específica de la Policía Comunitaria, que es la estructura de
impartición de justicia de las comunidades y pueblos indígenas en Guerrero.
En
entrevista con SinEmbargo, los
activistas sostuvieron que Gobierno local pretende desconocer la Policía
Comunitaria para desamparar al pueblo y que las minas puedan ingresar y
explotar sus tierras. “…porque el Gobierno en turno ha tratado de entregar toda
la riqueza al extranjero, de saquear los recursos naturales para darlos a
empresas de otros países”, dice Claudio Carrasco.
Carrasco
Hernández recordó que la policía
comunitaria se creó el 15 de octubre de 1995 para hacer frente a la inseguridad
originada “por las mismas autoridades y corporaciones policiales que se
coludieron con las bandas delincuenciales para institucionalizar el atraco al
amparo del poder”.
El defensor aseguró que en todas las regiones donde no
hay policía comunitaria, y aplica la justicia “mestiza” está lleno de crimen
organizado.
Otra de las funciones que ha
desempeñado la Policía Comunitaria, además de la seguridad contra la
criminalidad, es impedir que las minas ingresen a los territorios, expuso el defensor.
“Al encontrarse sin un marco legal, cualquier
defensa que pudieran hacer los pueblos de sus tierras frente a las mineras
podría quedar catalogada, por Gobierno o por el Judicial, como delito y se
puede proceder contra ellos. Entonces, se les deja en la indefensión y eso
permitirá que la minería siga con los ojos puestos en esta región”, explica Pablo Guzmán.
El activista
agrega que, con la falta de
reconocimiento legal a las Policías, el Gobierno del Estado también se ahorraría
el presupuesto que tiene que otorgar a los pueblos originarios para su
desarrollo armónico.
“Una de las pretensiones e intereses
de los gobernantes en turno con particulares es que los pueblos originarios no
estén organizados para hacer valer sus derechos, entre ellos defender su
territorio, sus comunidades, donde están sus lugares sagrados, sus cultos para
pedir la lluvia, todo lo que tienen”, abunda el consejero.
Las comunidades de Guerrero han
peleado contra el ingreso de las minas para evitar que exploten y dañen los
cerros, que forman parte de la zona conocida como La Montaña, los cuales son
sagrados para sus habitantes y pueblos originarios.
Estas montañas, explican los
activistas entrevistados, son adoradas por los indígenas, porque “ahí es a donde
ellos suben para pedir la lluvia. Esos cerros dan vida a las poblaciones porque
ahí viene el agua, ahí está la leña, la madera. Por eso la gente no permite el
ingreso de las minas porque no trae ningún beneficio, son puro engaño”.
En abril de 2011 se aprobó la Ley 701
de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Guerrero, donde también habla de la seguridad y reconoce la
existencia del CRAC-PC y la policía comunitaria como su órgano para prevenir y
velar por la seguridad.
Guzmán
Hernández explica que la Ley 701 “quedó
en el limbo” porque era reglamentaria del artículo 10 Constitución, y ahora
–tras la reforma– los derechos de los pueblos originarios quedaron establecidos
en los artículos del 8 al 14. “entonces tendría que haber una reforma a la Ley
701 que señalara que es reglamentaria de los artículos del 8 al 14 de la nueva
Constitución”, dice el activista.
“ES RACISTA”
Los coordinadores de la CRAC-PC
calificaron la reforma como un acto racista y un retroceso al reconocimiento a
los derechos de los pueblos originarios.
“De tajo desconocieron nuestros
derechos conquistados, como pueblos levantamos la voz contra los gobiernos
racistas que sin consultarnos aprobaron una reforma constitucional que
violentan nuestros derechos. A pesar de este atraco queremos decirles con la
frente en alto que nosotros somos los dueños primigenios de este enclave sureño
de vastas riquezas naturales”, plantea el posicionamiento de los colectivos de Guerrero.
Actualmente, en el estado de Guerrero
hay al menos 6 mil policías comunitarios, comenta el Claudio Carrasco. Entre los municipios
donde opera la Policía Comunitaria están: Malinalpec, Ecatepec San Luis
Acatlán, Marquelia, Azoyú, Tlapa, Ayutla, Atlamajalcingo del Monte, Ayutla de
los Libres, Ometepec, Xochistlahuaca, Ayutla, Olinalá, Huamuxtitlán,
Tlacoachistlahuaca, Copanatoyac, Cochoapa el Grande.
El coordinador de la CRAC-PC en San
Luis Acatlán sostiene que no es la primera vez que tratan de desaparecer a la
Policía Comunitaria.
En el
periodo 1999 a 2005, dice, cuando fue Gobernador de Guerrero René Juárez
Cisneros, legislador federal y próximo coordinador de la bancada del PRI en la
Cámara de Diputados, intentó varias veces desarmar la policía comunitaria.
“Porque
decía [Juárez Cisneros] que éramos ilegales y que ellos eran los únicos que
podían impartir justicia; pero nosotros les queremos decir que eso no es cierto
y eso no aplica. La justicia que aplican ellos [Gobierno y mestizos] no es
efectiva porque hay muchos criminales que están coludidos con la justicia de
ellos y nosotros no”, sostiene Carrasco Hernández.
El policía comunitario añade:
“nosotros hemos aplicado justicia legitima en nuestro pueblo desde hace mucho
tiempo. Antes de la invasión de nuestro territorio mexicano, nosotros teníamos
nuestros propios usos y costumbres, sobre impartición de justicia”.
LISTOS PARA
DAR LA BATALLA.
Organizaciones civiles, colectivos y
la CRAC-PC han advertido que defenderán “con la ley en la mano el modelo que
-afirman – ha garantizado la paz y la seguridad en sus territorios.
“Nosotros como pueblo originario no
vamos a permitir esa Ley. Hagan las leyes que quieran, pero nosotros seguiremos
funcionando como CRAC-PC porque sabemos que surte efecto, porque donde opera
nuestra policía comunitaria no hay crimen organizado, no hay a asaltantes,
violadores. Por eso nosotros vamos a seguir funcionando como siempre”, reitera Claudio Carrasco Hernández
coordinador de la CRAC – PC en San Luis Acatlán.
Las policías
comunitarias, explicaron Pablo Guzmán y Claudio Carrasco, están amparadas por el artículo segundo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y, por leyes internacionales como el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo. “Así que no estamos fuera de la
Ley, estamos dentro de la Ley, solo que el Gobierno mexicano nos sigue
discriminando “
“Queremos dejar bien claro eso ante
el señor Héctor Astudillo Flores y Enrique Peña Nieto: nosotros [las policías
comunitarias] vamos a seguir funcionando. Con o sin la Ley de Gobierno,
nosotros tenemos nuestros propios usos y costumbres y vamos a seguir trabajando
porque tenemos nuestro propio reglamento interno”, Claudio Carrasco Hernández coordinador,
CRAC-PC en San Luis Acatlán.
El activista
Pablo Guzmán coincidió en que la Policía
Comunitaria no va a desaparecer por el marco legal de carácter internacional y
en la Carta Magna que habla del reconocimiento de los pueblos originarios.
El decreto
de reforma a la Constitución local fue enviado por Congreso del Estado a los 81
municipios de Guerrero para su ratificación o rechazo. Para que sea derogada,
requiere de la aprobación de la mayoría de los Cabildos guerrerense.
Pablo Guzmán
anuncia de las primeras acciones contra
esta reforma será acudir a los Cabildos de los Ayuntamientos a pedir el apoyo y
que no aprueben el decreto enviado por el legislativo local.
Las organizaciones y colectivos de
Guerrero lanzaron un exhorto a los ayuntamientos “a no ser cómplices de esta
decisión que atenta contra nuestros derechos, y más bien, hagan valer su poder
para rechazar esta Ley y apoyar los recursos legales que como pueblos indígenas
interpondremos ante las instancias competentes”.
Claudio
Carrasco detalla que además analizan el
plan a seguir, los recursos legales y las controversias constitucionales que
interpondrán para que no surta efecto la reforma.
“Con el derecho que nos asiste
hacemos público que acudiremos a las instancias correspondientes para revertir
esta reforma y afianzar mejor nuestra organización, para defender y consolidar
el proyecto histórico de nuestra Policía Comunitaria que nació para garantizar
la seguridad y la paz tan ausente en nuestro estado”, advirtieron las organizaciones
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policías Comunitaria,
Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Centro Regional de Defensa
de los Derechos Humanos “los María Morelos y Pavón”, Centro De Derechos Humanos
De La Montaña “Tlachinollan”, Red Guerrerense De Organismos Civiles y De
Derechos Humanos, Colectivo El Grito y las casas de Justicia de San Luis
Acatlán, de Espino blanco y de El Parasol.
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