En un evento
de la reciente campaña electoral la entonces candidata a la jefatura de
Gobierno de Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, hizo una peculiar solicitud:
Pidió a los empleados públicos que
evitaran el “Año de Hidalgo”. Y dijo: “Que no nos dejen las oficinas vacías”.
La candidata se refería a una vieja
costumbre en la vida política de México. En el último año de los gobiernos
muchos funcionarios que concluyen su cargo cometen excesos en las finanzas
públicas:
Se entregan contratos de forma
irregular, hay contrataciones en plazas definitivas para amigos o personas
recomendadas y se autorizan incremento de salarios.
Con
frecuencia –sobre todo en gobiernos locales- “desaparecen” escritorios, computadoras, automóviles o se vacían
cuentas bancarias.
Los “abusivos” privilegios en el
gobierno de México que AMLO quiere eliminar con su plan de austeridad
Sheinbaum sabe de esto. Hace tres
años cuando asumió el gobierno de la delegación (municipio) Tlalpan en el sur
de la capital mexicana, encontró que sus antecesores se habían llevado hasta
los utensilios de los baños.
A esta costumbre se le conoce como
“El Año de Hidalgo”, que se completa con la frase “chingue a su madre el que
deje algo”, explica
el analista Alfonso Zárate, presidente de la empresa de asesoría política Grupo
Consultor Interdisciplinario.
“Significa aprovéchate y no dejes
nada. Pero hay otro nombre: el Año de Carranza, por si el de Hidalgo no
alcanza”, explica a
BBC Mundo.
“Se refieren al último año de
gobierno donde antes de irse los funcionarios se despachan con la cuchara
grande”.
Este 2018 es el último año en la
administración del presidente Enrique Peña Nieto, así como para nueve
gobernadores y 1.613 alcaldes.
En las
elecciones del pasado 1 de julio se renovaron, además, el Senado con 128
escaños y la Cámara de Diputados con 500 curules.
Fue la
elección más grande de la historia y según Alfonso Zárate, ya existen algunas
decisiones que se enmarcan en el concepto del “Año de Hidalgo”.
La Asamblea
Legislativa de Ciudad de México, por
ejemplo, incluyó en su nómina definitiva a 250 personas que tenían contratos
temporales.
Y hay más. Dos semanas antes de la elección
presidencial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó un
aumento salarial a 317, 000 altos funcionarios del gobierno federal.
El incremento es retroactivo al 1 de
enero, es decir, a mediados de julio los beneficiados recibieron una
compensación salarial equivalente a siete meses.
La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos (Pemex), han entregado 156 contratos distintos este
año.
Casi la mitad, con un valor de 47,
380 millones de pesos (unos US$2.600 millones) concluyen en el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, presidente electo de México.
Y los 500 diputados más 128 senadores
que concluyen sus labores recibieron un bono de retiro, que se suma a su
salario mensual.
Para los diputados fue de un millón
de pesos en promedio, unos US$55.000. El bono de los senadores es de US$152.000
El dinero se utilizará, según la agencia
Reuters, para cubrir “propósitos generales del gobierno”.
Todo esto forma parte de la herencia
que recibirá del presidente electo, dice Alfonso Zárate. “Es un lastre muy
pesado, va a ser muy difícil”, reconoce.
Pero en tiempos recientes, el “Año de
Hidalgo” no es sólo apropiarse de bienes o cuentas bancarias, explica a BBC Mundo el diputado
independiente Pedro Kumamoto.
Una práctica frecuente es vender
propiedades públicas como terrenos o edificios a un precio menor al del
mercado.
Eso ocurrió por ejemplo en Quintana
Roo, en el sureste de México. Mediante algunas maniobras legales, recuerda Kumamoto, varios terrenos
en zonas turísticas se entregaron a personas cercanas al exgobernador Roberto
Borge.
No es todo. “Se adjudican futuras obras, la compra de
medicamentos o se generan prácticas indeseables con proveedores”, como
solicitar un soborno a cambio de beneficios en las licitaciones.
Otro fenómeno reciente es lo que el
diputado llama “política de puertas giratorias”.
Es la práctica de altos funcionarios
que terminan su período y casi de inmediato se contratan en empresas privadas
vinculadas a su actividad en el gobierno.
“Eso significa que te llevas el
conocimiento de un espacio de toma de decisiones, como por ejemplo una
secretaría, para beneficiar a quien te contrata”.
Con esa experiencia se facilita el
camino para obtener contratos oficiales “en detrimento del patrimonio y las
empresas públicas”.
Legalmente existen restricciones para
prevenir esta práctica, pero con frecuencia no se cumple señala Kumamoto.
“Es algo que debemos que empezar a
discutir más como país, se da con mayor frecuencia en los últimos años”.
“Tapaos los
unos a los otros”
El principal compromiso del
presidente electo Andrés Manuel López Obrador es erradicar la corrupción en el
gobierno.
Un ejemplo es su intención de revisar
con detalle los contratos asignados en la construcción del nuevo aeropuerto
internacional, uno de los temas centrales en su reciente campaña electoral.
Esto abre una puerta para terminar
con el “Año de Hidalgo”, que nació durante el tiempo en que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) gobernó el país.
“En esos largos años a un gobierno
priísta le seguía otro del mismo partido” recuerda Alfonso Zárate.
“Se hizo
entonces una aplicación a la sentencia bíblica de ‘amaos los unos a los otros’.
En este caso se decía tapaos los unos a
los otros, es decir, tapemos la corrupción anterior porque somos los mismos”.
La práctica se mantuvo incluso en los
gobiernos del conservador Partido Acción Nacional, entre 2000 y 2012.
Ahora con un cambio hacia la
izquierda “se espera una revisión, investigaciones a los excesos de los
gobiernos priístas”.
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