La receta falsa.

Raymundo Riva Palacio.

Nada hay más rápido que necesite el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que hallar una solución al fenómeno de la violencia y al problema de la inseguridad, que espera encontrar con la ayuda de las conclusiones de una serie de foros, que este martes arrancaron en Ciudad Juárez. López Obrador ha pensado fuera de la caja para abordar el fenómeno, como una amnistía limitada a quien participe del narcotráfico, o la despenalización de la amapola con fines medicinales, que según Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación, genera miles de millones de dólares, y México ha perdido por no participar del negocio del abastecimiento de los grandes laboratorios químico-farmacéuticos que la utilizan para hacer medicinas. Por ejemplo, la OxyContin.

OxyContin es producido por Purdue Pharma, la compañía estadounidense que, de acuerdo con un nuevo libro, Dealers, Doctors, and the Drug Company That Addicted America (Distribuidores, Doctores y la Compañía de Medicinas que hizo Adicto a Estados Unidos), escrito por la periodista Beth Macy, es la principal causante de la peor crisis de salud en la historia de Estados Unidos. La historia de Purdue Pharma y su pastilla adictiva es un preámbulo del territorio que quiere estar pisando el próximo gobierno de López Obrador, donde las ganancias para todos, menos los pacientes, y la avaricia de la riqueza rápida provocaron una tragedia en esa nación.

Macy narra cómo Purdue Pharma impulsó su medicamento desde que salió a mediados de los 90, con regalos a los doctores a quienes les llevaban muestras, desde viajes turísticos todo pagado hasta pavos para el Día de Acción de Gracias. Los doctores comenzaron a recetar OxyContin de forma por demás entusiasta. Sólo en los primeros cinco años de tener la medicina en el mercado, señala Macy, las ventas subieron de un millón a 40 millones de dólares, que le produjo bonos trimestrales a sus mejores agentes de 100 mil dólares. Las consecuencias se comenzaron a ver rápidamente. Sólo de septiembre de 2016 al mismo mes en 2017, produjo la muerte de 45 mil personas. “Esto no fue causado por los cárteles mexicanos o los talibanes en Afganistán”, escribió Misha Glenny el sábado pasado en las páginas editoriales del Financial Times. “El origen de la tragedia de los opiáceos en Estados Unidos descansa en las estrategias de las compañías químico-farmacéuticas”.

En particular, señala también Glenny, Purdue Pharma, que por casi un cuarto de siglo ha empujado agresivamente sus medicamentos contra el dolor con un contenido sintético de opiáceos, lo que resultó en que “millones de estadounidenses se hayan convertido irremediablemente en adictos”. Macy apunta que la adicción de cuatro de cada cinco de sus compatriotas fue producida por esas pastillas que se expandieron dentro del sistema de salud privado de Estados Unidos. Los laboratorios están siendo sujetos a una creciente crítica en el mundo industrializado por lo que han dañado la salud, sin saberse con certeza hacia dónde se moverá el mercado. Es cierto, como dice Sánchez Cordero, la heroína, de donde se producen la morfina y las medicinas contra el dolor, representan un negocio multimillonario del cual México no tendría por qué estar ausente, si es uno de los grandes productores de esa droga.

El otro argumento del próximo gobierno es que al despenalizar la heroína, con fines medicinales, sería un incentivo para reducir la violencia. Esa afirmación, sin embargo, es debatible, porque va acompañada por mantener la guerra contra las drogas, lo cual ha probado en otras latitudes su poca efectividad. Los talibanes son un ejemplo en Afganistán, que es una de las 18 naciones que producen legalmente heroína. Los talibanes no lo hacen por esa vía, sino por la vía ilegal, con redes de distribución y comercialización en Estados Unidos que les da recursos suficientes para mantener a sus ejércitos armados.

En el Financial Times, Glenny ilustra que los recursos que obtienen los talibanes les ha permitido enfrentar con éxito durante 17 años a las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que no han podido derrotarlos, y en México, agrega, el Estado ha tenido que ceder largas partes de su territorio a los cárteles, por el control que ejercen con las ganancias que obtienen de la venta de cocaína y opiáceos en Estados Unidos. El argumento es que si se mantiene la actual política global de guerra contra las drogas, la violencia no cederá. Pero al mismo tiempo, la venta masiva de opiáceos para producir medicinas se encuentra en una encrucijada por la epidemia de salud que provocaron.

El negocio de las pastillas matadolor podrá ir caminando hacia una regulación, lo cual no terminará con un negocio lucrativo, como lo afirma Sánchez Cordero. Pero planteado como única alternativa para reducir la violencia, como se ha analizado en varias partes del mundo, no tiene mucho sentido. La idea de que los cárteles de la droga en México optarían por modificar su línea de negocio de lo ilegal a lo legal, es ingenua, y el caso de los talibanes en Afganistán, que prefieren el mercado negro al mercado legal por las ganancias que le deja, le ayudaría al próximo gobierno a revisar sus considerandos.

La discusión no es sencilla porque tiene que verse de manera integral, incluso, sin soslayar la posición del gobierno de Donald Trump, que mantiene una línea dura en lo judicial contra la despenalización de las drogas. Tampoco es simple, como parece ver las cosas el próximo gobierno, que pagará cara la superficialidad con la que están abordando las políticas públicas, si no rectifican su visión y acción antes de comenzar a gobernar.