José Gil
Olmos.
A partir del 1 de septiembre, Andrés
Manuel López Obrador, su gabinete y los representantes de Morena en las cámaras
de diputados y senadores comenzarán el ejercicio de gobernar bajo una enorme
expectativa social y, al mismo tiempo, bajo el escrutinio de la opinión pública
que, desde ahora, ya pone en duda que pueda cumplir con todas las promesas de
la cuarta transformación.
A ningún presidente electo le ha
ocurrido lo que a López Obrador: que antes de iniciar su administración,
ciudadanos, movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y familias se
arremolinen en su casa de transición para pedirle que resuelva sus problemas
que, en su mayor parte, no fueron atendidos en el gobierno saliente.
A López Obrador, así como a los
integrantes de su gabinete y los legisladores los tendrán bajo la lupa en cada
una de sus acciones y en muchas ocasiones se magnificarán sus errores que,
seguramente, tendrán. Y sus aciertos no serán reconocidos sino tiene un impacto
en la población.
Muchas de las expectativas con las
que llega López Obrador a la Presidencia de la República han sido generadas por
él mismo en su larga campaña de 18 años de candidato, tales como el combate a
la corrupción, el uso transparente de los recursos públicos y el ejercicio
honesto del poder público.
Pero muchos otros, los más sentidos
por la población, han surgido en la última campaña, como el combate a la
violencia, la inseguridad y el crimen organizado, cuyos niveles de gravedad son
parte del legado de Enrique Peña Nieto.
El problema de la atención a las
familias de muertos, desaparecidos y desplazados por la violencia generada en
esta larga guerra de 12 años contra el narcotráfico es, quizá, el tema social
más sensible que desde ahora ya está enfrentando el gabinete de López Obrador
y, en especial, Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad
Pública.
Los familiares de las víctimas han
pedido justicia desde hace más de una década en foros, marchas, mítines y
caravanas sin que nadie los atienda. Su voz, sus demandas, sus peticiones han
sido expresadas miles de veces dentro y fuera del país.
La demanda de todas y cada una de
ellas nunca ha sido una indemnización pecuniaria ni la venganza. Lo que piden
es justicia, que se establezca un padrón nacional de desaparecidos, protocolos
de búsqueda, identificación de los restos en los miles de fosas clandestinas y
que no haya impunidad para los responsables, muchos de ellos autoridades civiles,
policiacas y militares.
En los foros
de paz que ahora organizan los integrantes del próximo gabinete en todo el
país, nuevamente se escuchan los
reclamos que, por mucho, rebasan a Durazo, quien no sabe qué hacer ante estas
voces.
Tanto en Ciudad Juárez como en
Morelia, donde se han efectuado los foros hasta ahora, los asistentes han
rebasado las intenciones oficiales y expresado su inconformidad con el perdón y
la amnistía propuestas por el líder de Morena.
También han expresado su enojo ante lo que
pareciera ser la pretensión de los organizadores de usar estos foros solo para
legitimar la estrategia ya planeada de antemano de pacificación con base en la
amnistía.
Pareciera que Alfonso Durazo no ha
tomado en cuenta todo el trabajo ya avanzado por los familiares de las víctimas
de la violencia, quienes se han convertido en peritos forenses, investigadores,
exploradores en el terreno y en abogados en las investigaciones empantanadas en
los tribunales.
No había necesidad de realizar más
foros para escuchar lo ya dicho hasta el hartazgo: “¡Justicia!”. Lo que se requiere es ponerse de acuerdo con los afectados en
los mecanismos expeditos para satisfacer esta demanda que nada tiene que ver
con el perdón.
Algunos de los retos para el gobierno
entrante se antojan imposibles de resolver en seis años, como es la atención a
miles de afectados por el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Ni con toda la voluntad habida y por
haber se puede solucionar este problema de la atención, si al mismo tiempo no
se combate a fondo el narcotráfico, un conflicto internacional en el cual están
involucrados mega-poderes como el sistema financiero y bancario mundial, en los
que se lavan miles de millones de dólares y euros generados por la industria
criminal.
Es evidente
que, en este tema, uno de los más sensibles en la sociedad, López Obrador se juega una buena parte de
la credibilidad de su gobierno. Si Alfonso Durazo, el responsable de contestar
las demandas de las familias afectadas, no da una respuesta convincente, su
carrera como funcionario será muy corta.
Por cierto… En dos de los 22 foros de paz previstos a
realizarse, la película se ha repetido: los familiares de las víctimas están
inconformes con la forma en que se realizan y acusan que se trata de una farsa.
Alfonso Durazo tendrá que hacer algo para que cambie esta percepción antes de
que su proyecto fracase, aún antes de que arranque el lopezobradorismo el 1 de
septiembre próximo.
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