Pablo Gómez.
Azorados algunos, preocupados otros,
advierten que el próximo gobierno está dispuesto a cancelar la llamada reforma
educativa impulsada por Ernesto Peña Nieto. El punto de inicio del debate ha
sido el de que la Constitución fue cambiada para agregar algo que no pone ni
quita nada a la educación pública, a saber, que la autoridad es la encargada de
contratar a los profesores.
Además, fue creado por disposición constitucional
un instituto de evaluación que suele existir en otros países pero que sólo en
México ha de integrarse como si fuera la suprema corte de justicia, a propuesta
del Ejecutivo y con el voto de las dos terceras partes de los senadores, cuyas
funciones son “diseñar mediciones”, “expedir lineamientos” de evaluación y
“generar y difundir información.” Todo lo cual se puede hacer sin tanta pompa y
costo.
No era necesario modificar la
Constitución si no hubiera sido porque el gobierno de Peña Nieto no encontró
otra forma de encararse con el SNTE, sindicato con dirección “charra” con
canonjías concedidas por los sucesivos gobiernos (del PRI y del PAN) para designar
directores hasta el nivel de subsecretario de educación básica. En cuanto a los
“comisionados” de dicho sindicato (burócratas que cobran, pero no dan clases),
las cosas no parecen haber cambiado demasiado.
Las leyes reglamentarias de dicha
reforma constitucional son en realidad el problema mayor porque, entre otras
cosas, establecen un sistema de evaluación que premia a algunos profesores con
incrementos de sueldo mientras que a los demás los deja igual. Esto no es
compatible con la Constitución porque el trabajo es igual pero el sueldo no,
aún con antigüedades idénticas.
Los
profesores, oficialistas y disidentes, consideran
que el sistema impuesto por Peña Nieto es punitivo, es decir, castiga sin
evaluar la educación, en otras palabras, evalúa a cada maestro sin tomar en
cuenta el sistema mismo.
Se ha seguido cayendo en el error
histórico de suponer que el gobierno debe educar cuando, en realidad, debe ser
educado.
Quienes tendrían que normar el
sistema educativo, tanto en su contenido como en su organización, son
justamente los educadores. Pero ellos y ellas siguen brillando por su ausencia
en tales funciones.
El profesorado de primaria y
secundaria ha sido alojado en la escala socioeconómica más baja del trabajo
intelectual. Pero no se trata sólo del sueldo sino de su intervención en el
proceso educativo del cual es una de las dos partes fundamentales, junto a los
educandos.
No se ha producido ninguna reforma en
los contenidos, programas y métodos de enseñanza. La escuela mexicana sigue
siendo de dos clases: la pobre y la paupérrima. Las zonas más pobres tienen
escuelas sin equipamiento y, a veces, sin maestros, pero el presupuesto público
debería repartirse igual en los lugares menos pobres y en los más pobres de
México. No es así, pero ninguna autoridad “responsable” responde en algún
sentido al respecto. La escuela reproduce la pobreza extrema.
La “calidad
de la educación” ha querido ponerse en el centro de la tal reforma, pero no se
dice qué se entiende por eso. Se trata
sólo de un eslogan, sin contenido.
Para hacer un cambio en la educación,
además de repartir el presupuesto de manera igualitaria porque no hay motivo
para diferenciar la inversión educativa como medio de castigo a los más
castigados de por sí, es preciso dar la palabra a los educadores.
La evaluación de la educación no
puede consistir en aplicar el peor método de educar que es el de hacer exámenes
todo el tiempo y poner a competir a los alumnos. El método de la competencia es
la peor forma de alcanzar una educación formativa basada en el trabajo de
conjunto y la solidaridad de los grupos de estudiantes.
Los
objetivos de la educación, su calidad,
no deberían estar definidos mediante la capacidad de resolver exámenes sino en
aprender a resolver problemas.
La reforma no es educativa sino administrativa,
pero en el peor sentido. La estratificación del magisterio es una forma de
romper los lazos de solidaridad e impedir el trabajo colectivo. La competencia como método de
aprendizaje y de organización de la enseñanza es doblemente nefasta.
Es preciso abrogar la llamada reforma
educativa de Peña Nieto y redactar nuevas leyes con la concurrencia de los
educadores para que ellos y no el gobierno asuman la tarea de la enseñanza.
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