Organizaciones no gubernamentales
como Serapaz, Fundar, Greenpeace, Oxfam y Cemda, entre otras, consideraron que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad
“histórica” de determinar si se reconoce plenamente la existencia del derecho a
participar en asuntos de interés público de tipo medioambiental.
En un
comunicado, las organizaciones
recordaron que el próximo miércoles 22, la Segunda Sala de la SCJN resolverá un
juicio de amparo “de gran relevancia” para las comunidades que son afectadas
por proyectos productivos y de infraestructura que tienen el potencial de generar
daños al medio ambiente en México (amparo en revisión 365/2018).
Dicha Sala,
explicaron en un comunicado, determinará
si se reconoce plenamente la existencia del derecho a participar en asuntos de
interés público de tipo medioambiental, y si ese derecho supone la obligación
de las autoridades de informar, consultar y dejar participar a las comunidades
antes del proceso para autorizar dichos proyectos, en tanto que las leyes
secundarias no garantizan una participación efectiva.
“En esta ocasión, la Suprema Corte
tiene la oportunidad de reconocer y garantizar la existencia y efectividad del
derecho a la participación en asuntos medioambientales, con lo que sentaría un
precedente extraordinario en México”, señaló Luis Miguel Cano, abogado de PODER, quien representa
a los Comités de Cuenca Río Sonora, que hace dos años impulsaron un juicio de
amparo para que se respete este derecho y pudieran pronunciarse sobre la nueva
presa de jales de la mina Buenavista del Cobre.
Las comunidades del río Sonora y
todas aquellas afectadas por proyectos con impactos ambientales negativos,
subrayaron las ONG, “se beneficiarían de un precedente favorable a este
derecho” por parte de la Suprema Corte, incluidas las comunidades rurales y urbanas
que han emprendido luchas en todo el país contra grandes proyectos.
Por ello, organizaciones expertas en la defensa del
territorio y el medio ambiente, instaron a la Corte a que “dé un paso a favor
del derecho de participación de las comunidades en materia ambiental”, ya que
éste impulsaría la participación misma, y fortalecería los derechos al
desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente.
“Hay que recordar que ha sido la
propia Corte quien ha promovido protocolos de actuación de impartidores de
justicia abordando la participación como un derecho humano, entendido como
aquel que tienen todas las personas a participar, directa o indirectamente, en
la dirección de los asuntos públicos de su país”, señaló Gustavo Ampugnani, director
ejecutivo de Greenpeace México.
“Las ministras y ministros de la SCJN
tienen la oportunidad histórica de zanjar limitaciones indebidas de
funcionarios públicos que obstaculizan o niegan el ejercicio pleno de este
derecho”,
puntualizó.
Las ONG
recordaron que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
dispone en su Principio 10:
“El mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que
dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.”
Además, señalaron, México ha sido uno de los
promotores de la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información,
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe3, que justamente hace énfasis en la importancia del
derecho a participar en asuntos medioambientales.
“Si la Suprema Corte no reconociera
este derecho, estaría decidiendo en línea opuesta a los esfuerzos del país,
porque México ha impulsado la firma de ese acuerdo regional”, advirtieron las organizaciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.