Pablo Gómez.
La tradición
política republicana en México es el predominio avasallador del Poder Ejecutivo
sobre todo otro órgano del Estado. Algunos agudos problemas llevaron al
asesinato del presidente de la República, pero sólo para entronizar a otro.
También tuvimos presidentes títeres, pero lo fueron de un expresidente en
funciones de jefatura máxima.
Es a esto a
lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador cuando renuncia a esa herencia en
su discurso en el Tribunal Electoral. Más eso no significa que el sistema
político de la Constitución consigne la existencia de una “separación” de
poderes y ni siquiera se habla ahí de “contrapesos” y otras expresiones que corresponden
más bien al lenguaje coloquial.
“Los
Poderes”, de los que habla la Carta Magna, constituyen el “Supremo Poder de la
Federación” (art.49). Por otro lado, en la teoría, el poder del Estado es sólo
uno, excepto en dualidades o paralelismos revolucionarios o solamente bélicos.
En realidad,
conforme a la doctrina constitucional que prevalece en México y al texto mismo
de la Carta Magna, la única rama del poder que puede legalmente despedir a los
integrantes de las otras dos, incluyendo los llamados organismos autónomos, es
el Congreso.
Al
presidente, que no es sujeto de juicio político (espero que siga sin serlo),
también se le puede despedir a través de un juicio, pero de carácter penal, a
cargo del Poder Legislativo.
La realidad,
sin embargo, no es tan esquemática. Las cámaras del Congreso no se encuentran
en manos de un solo partido para ejercer esas altísimas facultades. Se
requieren votaciones de dos tercios y ninguno puede, de entrada, contar con esa
mayoría.
Varios
partidos, sin embargo, podrían despedir y sustituir al Poder Ejecutivo y al
Judicial, incluyendo a los gobernadores del Banco de México y a los órganos de
todos los organismos llamados autónomos o independientes, incluyendo al titular
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De ese tamaño es el
poder que la Constitución le asigna, técnicamente, al Congreso.
En los
hechos, quienes reciben el voto popular, principalmente los partidos, son
quienes podrían tener el poder de poderes, llevado éste a la remoción de todos
los demás, pero, en forma ordinaria, no siempre para dar órdenes directas,
excepto en situaciones y momentos definidos en la ley.
El
presidente de la República ha controlado por completo a su propio partido,
según la tradición mexicana. Si esto es lo que se quiere eliminar, entonces
podríamos entrar a una situación en la que ese presidente sea el líder político
de su partido y tome en el seno de éste las decisiones políticas más
importantes que tuvieran que ser impulsadas en el Ejecutivo y en el
Legislativo.
Pero, como
dentro de las formaciones políticas ya se discute, se comparte, se negocia, se
rivaliza y se toman acuerdos, ese partido del presidente podría empezar a serlo
de verdad.
Dice Andrés
Manuel que no tendrá palomas ni halcones, en clara referencia a que nadie podrá
hablar en su nombre más que en forma absolutamente oficial. Ya ahora se
observan intentos de pasar consigna del presidente electo por debajo del agua o
con simples insinuaciones. Así ha operado el viejo sistema y hasta en ese punto
es preciso cambiarlo todo.
Ha dicho
también López Obrador que no será tapadera de nadie. El Congreso, por su parte,
tampoco tendría que serlo. Esto abre la posibilidad de que las cámaras ejerzan
a plenitud sus facultades de control político y del sistema de ingreso-gasto,
que son muchas y relevantes, sin entrar en mecanismos de encubrimiento o
complicidad.
No
importaría que dicho control afectara a secretarios de Estado y personas
allegadas al presidente de la República: nadie tendría su tapadera, ni siquiera
AMLO.
Lo que sería
por completo desastroso es que no hubiera diálogo y negociación políticas entre
los integrantes de la fuerza que ha recibido el mandato de cambiar el viejo
sistema y buscar su sustitución radical.
En el nuevo
esquema, presidente y partido no deben estar lejos o cerca, de lo que antes se
hablaba, sino ser un mecanismo de decisiones, ya que los objetivos generales se
conocen, más las formas, tiempos y maneras tienen que ser definidas a cada
paso.
Si se quiere
que los propósitos del 1 de julio se conviertan en realidades, la nueva
disciplina debe basarse en la solidaridad, la cual implica igualdad y apertura
políticas, sin secretos, insinuaciones, lecturas de pensamiento ni engaños.
Sería un
error convertir a Morena en una agencia electoral, sin vida propia, sin opinión
ni manera de actuar junto con el gobierno federal y sus grupos parlamentarios,
así como de sus alcaldes y gobernadores.
Los partidos
no deben ser sólo para hacer campañas, sino para elaborar ideas y luchar por
ellas. Los gobiernos no son aparecidos incidentales, sino que surgen de
formaciones políticas más o menos estables; rara vez proceden de un
independiente, en cuyo caso, de seguro forma un partido para continuar.
El país
requiere una fuerza política de relevo que sea verdadera, es decir, que no
conforme un club de negocios, sino una manera de expresar objetivos y métodos
con la mayor transparencia y honradez. La esencia de un partido es su programa,
el que sea, pero verdadero; es la expresión de ideas e intereses de grupos y
clases. He aquí una tarea para hacer historia.
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