Desde hace más de dos años, los
cerros de por lo menos 10 localidades del Estado de México, cercanas al terreno
de lo que pretende ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), se
convirtieron en minas que surten de piedras a la principal obra de
infraestructura de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo
con documentos oficiales, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) dijo que sólo necesitaba 16 puntos
extractivos. Hoy hay 180 en total.
Desde
entonces, los vecinos comenzaron a
organizarse en contra de las minas que llegaron a sus pueblos de un día a otro
a trabajar 24 días. Vieron cómo la cantidad exagerada y permanente de polvo
comenzó a afectar su siembra de nopal –producto de gran importancia económica
para la región– y sus casas cuarteadas por el uso de explosivos.
Recientemente,
el GACM informó al equipo de transición
de Andrés Manuel López Obrador, que no existe algo que los obligue a evaluar
los impactos ambientales que han ocasionado las minas que surten el material
pétreo con el que se levanta el NAIM y además, que no se ha podido demostrar
ninguna afectación que los habitantes de esas localidades han denunciado.
Y sostuvo que todo lo relacionado con
la explotación de minas, es responsabilidad de las empresas contratistas.
Las
consecuencias ambientales de esta actividad son las que más preocupación
generan a la población, que con las explosiones y el traslado de material han
visto modificado su estilo de vida.
Según la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del NAIM, desde un inicio se aprobaron solo 16 minas que surtirían el material
para el relleno del polígono del NAIM, para lo que se requería 16 millones de
metros cúbicos, en teoría, 1 millón de metros cúbicos por mina.
Pero no
fueron 16 minas. Hoy se tiene registro
de 180, todas situadas en el Estado de México.
En
entrevista con SinEmbargo, Juan Pablo Murillo, habitante de Tepetlaoxtoc, afirmó que hubo una evaluación deficiente
de los impactos a nivel regional y nunca se dio una cifra real del número de
minas para cubrir la demanda de 15 millones 986 mil metros cúbicos.
“Más allá de lo que ellos digan, que
eso es responsabilidad de los contratistas, ellos en principio son responsables
por haber evaluado de modo impreciso todo el asunto”, comentó.
De acuerdo
con el dictamen sobre el cual se analiza la viabilidad de seguir o no con la
construcción del NAIM, el GACM sostiene
que no existe una medida o condicionante que establezca evaluar los impactos
ambientales ocasionados en las zonas donde se ubican las minas que surten de
material pétreo a las empresas del NAIM, “debido a que cada mina cuenta con su
propia autorización ambiental que establece las medidas de mitigación y
compensación ambiental, las cuales son obligación del dueño o bien, del
responsable de la explotación”.
Agrega que “sí tiene la obligación de
verificar que todo el material pétreo que ingresan las empresas contratistas
provenga de minas con autorizaciones vigentes al momento del ingreso”.
LA REALIDAD
DE LOS PUEBLOS.
Pero está el caso de Tepetlaoxtoc,
que es un territorio de minas: se tienen contabilizadas alrededor de 60, de las
cuales 24 están en zona de uso de suelo forestal y seis son clandestinas. Y las
autorizaciones no han parado.
Las actividades mineras cuentan con
el cobijo autoridades ambientales tanto estatales como federales.
En
Tepetlaoxtoc se tiene una saturación
oficial de 50 puntos de extracción, la mitad de ellos en zona de uso de suelo
forestal, de acuerdo con el Ordenamiento Ecológico Territorial vigente del
Estado de México, lo que supuso el cambio de uso de suelo forestal para
poderlos llevar a cabo.
Los habitantes han documentado puntos
que contravienen con las leyes vigentes sobre recarga acuífera, preservación
del suelo, calidad del aire y en específico en el Inciso 4 del Artículo 12 del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
que dice que a la hora de autorizar y evaluar uno de esos proyectos, el
promovente [en este caso los empresarios] tiene que manifestar en su Estudio de
Impacto Ambiental o Documento Técnico Unificado, cuál es la problemática
ambiental en el área de influencia de la mina que se pretende aprobar, que es
de 2 kilómetros a la redonda, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Los
habitantes han solicitado a las
autoridades estatales y federales que se revisen los procedimientos de las
minas autorizadas, sobre todo de las que son más nocivas por el lugar en el que
fueron aprobadas, para que se clausuren y se revoquen los permisos, además de
que se realice una evaluación y cuantificación de daños para ver si se pueden
emprender acciones que permitan resarcir en alguna medida los ya hechos.
Está el caso
de Tlaltica y la empresa Coconal S.A.P.I. de C.V. –una de las más beneficiadas
con el proyecto en cuestión–. Fue en marzo de 2017 cuando la empresa Coconal
S.A.P.I. de C.V. llegó a esta región del Estado de México, ubicada a 37.2
kilómetros del terreno donde se prevé, estará el NAIM.
Los
pobladores saben que los camiones que entran y salen, día y noche, llevan
basalto para “rellenar” el Nuevo Aeropuerto. Tan sólo en ese municipio se estima que hay 27 minas que están en
activo.
La distancia entre esa mina y las
primeras casas es corta y algunas ya están fracturadas de las paredes y los
pisos. El campo alrededor está impregnado del polvo que sale de las actividades
como moler piedra o las explosiones.
A San
Francisco Tlaltica, formar parte de la
construcción del NAIM, hasta el momento, no le ha traído algún beneficio. Ni
siquiera en los empleos que las actividades de construcción generan en la etapa
previa de cualquier proyecto de infraestructura.
En su
rendición de cuentas más reciente, el
GACM señaló que a la fecha, no ha sido notificado por parte de alguna autoridad
u organismo, que “avale mediante algún tipo de peritaje”, algún daño o
afectación a viviendas por los trabajos de explotación de las minas que surten
a las empresas contratistas del NAIM.
“Si bien han existido
pronunciamientos por parte de algunos habitantes de comunidades y asentamientos
en zonas aledañas a minas que han surtido al proyecto, de la revisión que GACM
ha realizado, no se han podido verificar o acreditar estas afectaciones, debido
a que algunas minas sólo explotan tezontle, que no usa explosivos o mecanismos
que pudieran afectar viviendas, y en otros casos, los frentes de explotación
que usan explosivos se ubican a distancias considerables respecto de los asentamientos
humanos, con lo cual difícilmente pudieran ocasionar daños a estructuras de
viviendas”.
Y remata: “Es importante señalar, que GACM no realiza
la explotación de minas, son las empresas contratistas quienes adquieren el
material debiendo cumplir con todas las autorizaciones y condiciones de
normatividad en las minas que les surten”.
EL DESLINDE
DEL GACM.
De acuerdo
con Murillo, el decir que no hay
afectaciones a pesar de lo que se está viviendo en esas zonas, es una postura
reciente del GACM para deslindarse de las responsabilidades que tienen
“La postura reciente del GACM, no
concuerda ni siquiera con lo que está en los documentos oficiales para ese
proyecto. Son posturas que obedecen más a una lógica de intentar desorientar y
repetir esa versión que los deslinda de responsabilidades. Es un hecho que
desde la MIA hay una caracterización, como lo marca el reglamento de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), del sistema
ambiental regional, de toda la región en la que se tienen que contemplar los
impactos acumulativos. Hay elementos presentes en los documentos que no
sostienen la postura actual del GACM”, comentó en entrevista.
Contó que hasta el momento el GACM había sido omiso y
que incluso en unas mesas de trabajo en San Lázaro, negaron que hubiera
problemas en muchos de los lugares que señalaron los vecinos, diciendo que no
podían demostrar que los materiales que se obtenían de ahí fueran utilizados en
el proyecto del Aeropuerto, a pesar de que estaba escrito en documentos y por
la coincidencia en las fechas de explotación con la implementación del
proyecto.
Pero lo que queda son las
consecuencias ambientales; esas son una realidad.
“El resultado es injusto. No se
respetaron leyes vigentes y en el caso particular de toda la región, no se
atendió una historia larga de lucha por restaurar espacios naturales remotos.
Es una historia larga de deforestaciones que ahorita se repite, después de
etapas en las que hubo esfuerzos serios por recuperar en alguna medida el
carácter forestal de estos territorios. Es excesivo y preocupante a la luz de
las políticas de manejo de residuos que están vigentes en el Estado de México,
porque aprovechan los socavones de las minas para hacer rellenos en tierra con
residuos, basura. Ellos les llaman rellenos sanitarios, pero de eso no tienen nada”, concluyó Murillo.
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