La juez
quinto de la Corte en Texas, Edith H.
Jones, revocó la sentencia condenatoria y absolvió del delito de defraudación
bancaria a Silvia Beatriz Pérez-Ceballos, esposa de José Manuel Saiz Pineda,
tesorero durante el gobierno de Andrés Granier Melo.
Víctor
Manuel Hilario Flores, abogado defensor
de Saiz Pineda, informó que con la sentencia de apelación número 18-40036,
fechada el 30 de octubre, Pérez-Ceballos queda totalmente libre de los delitos
de lavado de dinero y defraudación bancaria que se le imputaron en mayo de 2017
cuando fue arrestada en su residencia de Houston, Texas.
La esposa del extesorero fue absuelta
en octubre de 2017 por el delito de lavado de dinero, pero en enero pasado fue
condenada a diez meses de cárcel y dos años de libertad supervisada por fraude
bancario a JP Morgan Chase y UBS, donde manejó 1.9 millones de dólares que en
octubre de 2013 transfirió a Bermudas.
Además, se le aseguraron siete propiedades de lujo
en Houston, Miami, Nueva York y Los Ángeles, valuadas en unos 50 millones de
dólares, las cuales quedaron en juicios civiles para acreditar su legítima
propiedad.
Con la
sentencia absolutoria dictada por la Corte de Texas, las cuentas bancarias y esas propiedades serán devueltas a Pérez
Ceballos y el gobierno de Tabasco ya no podrá reclamar parte de ellas, según el
abogado Hilario Flores.
En enero
pasado, el fiscal general del estado
(FGE), Fernando Valenzuela Pernas, informó que el gobierno de Tabasco fue
invitado al litigio civil sobre los bienes asegurados en EU a la esposa de Saiz
Pineda, los cuales, dijo, tendrían que ser litigados en cada uno de los estados
de la Unión Americana donde están domiciliados los inmuebles.
Hilario
Flores mencionó que, tras la condena de
enero de 10 meses de prisión a Pérez-Ceballos, sólo le restaban dos meses de
cárcel porque fue capturada en mayo de 2017, salió en marzo y cumplía los dos
años de libertad condicional, la cual ayer fue revocada por la corte.
Ahora, “está totalmente absuelta” y terminan las
pretensiones del gobierno de Tabasco de reclamar parte de sus bienes, porque
estaban basadas “en acusaciones penales que ahora no existen”.
“Con esto termina todo ese mal
episodio generado desde aquí por el gobierno del estado”, celebró el letrado y ventiló que
Pérez-Ceballos continúa con el trámite de asilo político en Estados Unidos.
“En el juicio se demostró que ese
dinero relativo de la cuenta (bancaria por 1.9 millones de dólares) era
producto de su trabajo de mucho tiempo, de mucho trabajo, incluso de su
profesión como psicóloga”, señaló.
Saiz Pineda,
con un pie en la calle.
Respecto a
su cliente Saiz Pineda, el abogado
litigante aseguró que en dos o tres meses saldrá del Centro de Reinserción
Social del Estado (Creset), donde se encuentra recluido desde junio de 2013 por
el presunto “mega-saqueo” a Tabasco.
Dijo que han ganado todos los amparos
por las imputaciones en su contra y sólo quedan dos y en revisión por
apelaciones de la FGE, por presunto desfalco de 196 y 21 millones de pesos,
tras ser absuelto de la acusación de desviar casi dos 1, 600 millones de pesos.
Hilario
Flores se refirió también a los 88.5
millones de pesos incautados en mayo de 2013 en una propiedad familiar de
Marlis Cupil, exsecretaria de Saiz Pineda, en la ranchería Lomitas del
municipio de Nacajuca.
El dinero, que nadie ha reclamado
como suyo, fue depositado en Banjército y en resguardo de un juez federal,
quien determinó que no se podía disponer de él hasta 2024. Sin embargo, el gobernador Arturo Núñez recientemente declaró que ya se estaba
utilizando en la FGE y otras dependencias de procuración de justicia.
El abogado explicó que el gobierno del estado y la FGE
llevaron a cabo un procedimiento de abandono a través del Sistema Estatal de
Aseguramiento de Bienes, y dispusieron de ese dinero sin rendir cuentas a la
autoridad federal, lo que representará un problema legal para quienes lo
hicieron.
“Porque ahora, el Juzgado Federal va
a requerir a Banjército y al Banco de México para saber qué ocurrió con ese
dinero y el gobernador declaró que ya lo utilizaron, que ya lo repartieron”.
Según el
litigante, los responsables tendrán que
enfrentar un procedimiento administrativo de responsabilidad a partir del
próximo 1 de enero, cuando entre en funciones el gobierno morenista de Adán
Augusto López Hernández.
“Ellos no estarán y tendrán que
enfrentarlo, como cualquier persona o hijo de vecino”, subrayó.
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