Apoyado por un grupo de pistoleros,
Rafael Pavlovich, tío de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich,
continúa el saqueo de minerales de terrenos propiedad del ejido El Bajío, donde
se encuentra una mina de oro, denunciaron ejidatarios ante las autoridades.
En la
Carpeta de Investigación: FED/SON/CABO/0002265/2018, que abrió el Ministerio
Público Federal, los campesinos narraron
que “aproximadamente a las 12:00 horas del del pasado 3 de octubre de 2018
apareció de nuevo en tierras ejidales un grupo de 23 individuos armados, y al
frente iba un anciano de abdomen pronunciado que al acercarse reconocieron como
Rafael Pavlovich Durazo”.
Según
denuncias de los ejidatarios ante las autoridades, Rafael Pavlovich Durazo fue desalojado de las tierras ejidales, de las
que intentó apropiarse con documentos obtenidos de manera ilegal.
“Posteriormente,
Pavlovich Durazo había intentado
furtivamente continuar con el robo de minerales de la mina Dipolos que se
encuentra dentro del citado núcleo ejidal, amenazando con usar el aparato
judicial del Estado para encarcelar a los ejidatarios o bien desaparecerlos”,
contó en entrevista telefónica Gregorio Meza Mendoza, vocero del Ejido El Bajío.
El portavoz recordó que anteriormente fueron
encarcelados 10 ejidatarios acusados de falsos delitos y 11 más han sido
secuestrados y tres de ellos se encuentran aún desaparecidos.
“El pasado día 3 de octubre Rafael
Pavlovich Durazo iba acompañado de un individuo de baja estatura moreno,
delgado, sin barba ni bigote y de unos 55 años, quien dijo ser el jefe de la
plaza de Caborca, quien se identificó como José Rodrigo Páez Quintero quien, a
manera de amenaza, confesó a los ejidatarios que él había ordenado la muerte de
los tres ejidatarios desaparecidos”, señaló Gregorio Meza Mendoza.
Ese día Páez Quintero amenazó a los
campesinos diciéndoles: “si no se salen a chingar a su madre”, y les dijo que
ahí mismo los matarían pues contaba con el permiso de su tío Rafael Caro
Quintero, narró el vocero del Bajío.
Una vez amenazados y despojados de su
tierra, los campesinos se pusieron a salvo, luego acudieron a presentar la
denuncia por los hechos la cual quedó asentada en la carpeta de investigación
FED/SON/CABO/0002265/2018.
Apoyo
policial a pistoleros.
Gregorio
Meza contó que quince días después, el
18 de octubre, los campesinos solicitaron de nuevo el auxilio de los militares
quienes realizaban un operativo en la zona y lograron decomisar un vehículo
Ford Tritón de modelo reciente, cargado con más de una tonelada y media de
cianuro de sodio que los delincuentes usan para lixiviar oro.
“Al ver a los militares en el área,
los delincuentes hablaron a la policía municipal de Caborca quienes acudieron
en varios vehículos oficiales a rescatar al supuesto sobrino de Caro Quintero,
acompañados de pseudoperiodistas, así como supuestos defensores de los derechos
humanos que llegaron increpando a los militares, obstaculizando el operativo y
permitiendo el escape de los delincuentes”, añadió.
El vocero contó que la policía municipal y los
pseudoperiodistas intentaron llevarse el cianuro y la camioneta Ford Tritón
para supuestamente ponerla a disposición del agente del Ministerio Público
Federal, pero lejos de hacerlo intentaban regresarla a los delincuentes.
No obstante, los ejidatarios pusieron
en alerta al Ministerio Público Federal quien logró localizar la evidencia,
recuperarla y abrió la carpeta de investigación FED/SON/CABO/0002265/2018.
Al grupo que encabezaba Páez Quintero
le aseguraron un vehículo pick up blindado con una ametralladora Browning M2
calibre 50 montada; cuatro fusiles calibre AK-47 y un arma corta calibre 9 mm.
El vocero de
los ejidatarios denunció que, a pesar de
la captura de alguno de los sicarios y el aseguramiento del arsenal, Rafael
Pavlovich Durazo y sus sicarios continúan la extracción de agua cianurada de la
mina Dipolos para extraer oro sin ser el dueño de la tierra y sin tener permiso
alguno para manejar cianuro, mucho menos con la capacitación para hacerlo.
“Solo tiene la venia de su sobrina la
gobernadora y parece ser más que es suficiente, pues ni la Profepa ni alguna
otra autoridad parecen enterarse de nada a pesar de las múltiples denuncias
presentadas”, concluyó
Gregorio Meza Mendoza.
En videos grabados por los
ejidatarios y entregados a Apro se muestra los vehículos que usa el tío de la
gobernadora de Sonora para extraer el agua cianurada que permite extraer el
oro.
El origen
del conflicto.
El conflicto de los terrenos del
ejido El Bajío comenzó cuando la Minera Penmont, socia de la mexicana Minera
Herradura propiedad de Alberto Bailleres, invadió ilegalmente las tierras de
los ejidatarios durante 17 años.
Durante ese período la minera extrajo
oro ilegalmente de los terrenos del Ejido el Bajío.
Antes el
usufructo ilegal de sus tierras, los
campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor de
El Bajío, mismas que ordenaban a la minera restituir los terrenos y pagar daños
y perjuicios en favor de los ejidatarios, así como la devolución del oro
extraído ilegalmente.
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