Dulce Olvera.
El Instituto
Nacional del Emprendedor, órgano descentralizado de la Secretaría de Economía, generó un daño al erario público por 94
millones 361 mil 165 pesos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) y dudas por 2
mil 142 millones 046 mil 464 pesos, de acuerdo con dos fiscalizaciones de la
Auditoría Superior de la Federación.
“En opinión
de la ASF, para 2017 la Secretaría de
Economía y el INADEM no acreditaron que realizaron la adecuada instrumentación
y conducción de la política de fomento a emprendedores y MIPyMES”,
dictaminó.
El FNE está destinado a incrementar la
productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las
ubicadas en sectores estratégicos.
El órgano
fiscalizador detectó que de los más de 3
mil 216 millones de pesos de su presupuesto para 2017, por su discrecionalidad
no existe evidencia de que contribuyó a atender la baja productividad de las
pequeñas empresas o si fueron otorgados a las firmas determinadas.
Desde la década
de los 50, el Gobierno federal ha implementado programas para las MiPymes, ya
que estas empresas son clave para el desarrollo del país por su capacidad de
crear empleos, especialmente en el ámbito regional y local.
Pero datos del INADEM muestran que en
México la productividad ha crecido a una tasa promedio anual del 0.7 por ciento
en los últimos 30 años, principalmente por la baja productividad de las MiPymes
dada la falta de acceso a capital físico y financiero, carencias de capital
humano, limitaciones para implementar tecnologías e innovación a procesos
productivos y falta de infraestructura que faciliten la producción.
Del
presupuesto público para este Fondo, la
Auditoría Federal observó la falta de comprobación por 45 millones 525 mil 700
pesos correspondiente a 14 proyectos de la categoría “Desarrollo de Redes y
Cadenas Globales de Valor” y de 18 proyectos de la categoría “Impulso a
Emprendimientos de Alto Impacto”, que sustenten el ejercicio de los recursos o,
en su caso, que se encuentren disponibles en las cuentas bancarias a nombre de
los beneficiarios.
Otros dos proyectos recibieron
recursos por 12 millones 565 mil 500 pesos sin que se haya acreditado que
fueron autorizados por el Consejo Directivo del INADEM.
Además, respecto de los apoyos a MIPyMES
siniestradas en los desastres naturales de 2017, se identificó la falta de
documentación justificativa y comprobatoria por 36 millones 270 mil pesos que
el INADEM ministró a los organismos dispersores en Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
México, Morelos y Puebla, para que los transfiriera a los 3 mil 627
beneficiarios de negocios dañados.
OPACO APOYO
A MIPYMES.
La operación
del programa “Apoyo a Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” del
Fondo Nacional del Emprendedor a cargo del INADEM fue “deficiente” y representa “un área de riesgo y opacidad” en el uso
de recursos públicos, por lo que es recomendable que la Secretaría de Economía,
como cabeza de sector, realice una reingeniería del programa, alertó la
Auditoría Superior de la Federación.
Por falta de acreditación o
información incompleta del INADEM, hay dudas por 2 mil 142 millones 046 mil 464
pesos.
Con un monto de 3 mil 216 millones
637 mil 799 pesos del Fondo Nacional Emprendedor, en 2017 el INADEM reportó la
entrega de subsidios a 48 mil 357 emprendedores (el 72 por ciento de los 67 mil
planteados) y 127 mil 965 a las MIPYMES (293.2 por ciento, 3.4 veces arriba de
las 43 mil 644 empresas determinadas como población objetivo para ese año).
Pero en opinión de la ASF, a cuatro años de su
implementación no se han demostrado resultados de la aplicación de los recursos
otorgados de 2014 a 2017 y las deficiencias observadas en su operación impiden
constatar su efectividad para atender las necesidades de las MIPYMES y los emprendedores
con problemas de productividad.
“De 2014 a 2017 no hubo incremento en
la productividad, aunque al interior hubo variaciones de 4.3 al 4.6 por ciento,
luego disminuyó a 3.9 por ciento para 2016 y se ubicó de nuevo en 4.3 por
ciento para 2017 sin acreditar dichos porcentajes”, evaluó.
Existe opacidad en el proceso de
entrega de recursos y “deficiencias graves” en los mecanismos de control y en
la integración de sus bases de datos, lo que implica que la información que
contiene no sea confiable y no se logre una adecuada rendición de cuentas, determinó la ASF.
El programa
fiscalizado no estableció con precisión
la población objetivo y el desempeño de sus componentes no es medible por la
ausencia de indicadores, lo que implica riesgos de focalización y de
discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos.
En lo
relativo a la creación de empresas, el
INADEM otorgó apoyos para la creación de 2 mil 959 mediante el Programa de
Incubación en Línea (PIL) con 146 millones 395 mil 583 pesos; no obstante, no acreditó
que crearon alguna empresa, el monto del apoyo, ni el tiempo de operación de
las empresas apoyadas.
Sobre los subsidios por asignación
directa, en 2017 se apoyaron 49 proyectos por 847 millones 856 mil 478 pesos: a
PROMÉXICO, al Consejo Coordinador Empresarial, a las Secretarías de Desarrollo
Económico (SEDECOS) de 17 entidades federativas y a diferentes asociaciones
civiles.
A las
SEDECOS se les asignaron 77 millones 653
mil 700 pesos, siendo la del Estado de México a la que se le otorgaron mayores
recursos (6 millones pesos, el 7.7 por ciento), pero no se acreditó que los
apoyos económicos llegaron a la población objetivo.
Respecto de la entrega indirecta de
recursos por medio de las 14 convocatorias que emitió el INADEM, se benefició a
56 mil 554 emprendedores, MIPyMES y grandes empresas por un monto de 1, 865
millones 600 mil 881 pesos.
Sin embargo,
la información de sus bases no es
confiable ya que no cuentan con datos completos sobre el estado de ejecución de
los proyectos; no se dispone del tamaño de la empresa que se buscó beneficiar;
no se tuvo evidencia de la cuantificación de la población beneficiaria, y no se
acredita la entrega de los recursos a los organismos intermedio, por lo que no
se garantizó que los recursos fueron otorgados en beneficio de la población
objetivo.
Además, se entregaron apoyos a seis
entidades federativas para beneficiar a 12 mil 405 empresas siniestradas, por
124 millones 050 mil pesos, pero el instituto desconoció el número de MIPyMES
apoyadas, no acreditó que el recurso fue entregado a los beneficiarios de la
contingencia, y no contó con mecanismos de seguimiento de los recursos.
UNA POLÍTICA
MAL APLICADA.
La Auditoría
Superior también fiscalizó el programa
presupuestario “Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores
y las Micro, Pequeñas y Medianas empresas”.
Dado que la planeación de la política
fue deficiente, “limitó la fiscalización del programa e incidió en que no
operara con criterios de eficiencia y eficacia; así como que se desconociera su
efectividad”.
Pese a las
limitaciones y opacidad, la ASF observó
un subejercicio por parte de la Secretaría de Economía y el INADEM sin que se
justificaran las causas ni los efectos en la meta, ya que erogaron mediante el
programa presupuestario 143 millones 266 mil 592 pesos, monto inferior en 43.8
por ciento respecto del presupuesto original de 254 millones 911 mil 061 pesos.
Del
presupuesto ejercido, 110 millones 575
mil 556 pesos, el 77.2 por ciento, fue destinado al pago de servicios
personales, pero no se proporcionó evidencia documental de que el dinero se
destinó al desempeño de las actividades del diseño, la planeación, la
evaluación y seguimiento de los programas de fomento a su cargo.
Sobre los
tres programas que lo conforman, se
verificó que en 2017 no se asignaron recursos presupuestarios al FIT; el FNE no
contó con indicadores orientados a resultados; además de no incluir plazos para
el cumplimiento de sus metas y no dispuso de reportes trimestrales de la
operación del programa, por lo que no se acreditó que el INADEM lo evalúo y le
dio seguimiento.
En cuanto a
la RAE se constató que otorgó asesorías
para la creación y/o consolidación de empresas, sin embargo, carece de lineamientos de operación, de un
programa de trabajo, de metas e indicadores, así como de los medios para
constatar su efectividad y el impacto, “lo que denota falta de mecanismos de
control y seguimiento, deficiencias en la operación y que no operó con criterios
de eficacia y eficiencia”.
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