Ramón Martínez Coria es
antropólogo y sociólogo. Su compromiso para llevar a la academia al terreno
práctico lo convirtió en defensor de derechos de las comunidades despojadas y
desplazadas por lo megaproyectos. Durante los últimos 30 años se ha mantenido
cercano a las comunidades indígenas en México que denuncian el saqueo de
corporativos con el permiso de los gobiernos federales y locales, y por dicha
labor ha sido objeto de agresiones y amenazas de muerte.
El caso más emblemático ocurrió en 2013 cuando comenzó a colaborar con la tribu de los guarijíos en la región
serrana de Álamos en Sonora, que se oponían al desplazamiento por la
construcción de la presa Los Pilares. Los atentados comenzaron desde su primer
día en el lugar y continuaron hasta que él y su colega Armando Haro Encinas
decidieron huir a la Ciudad de México para salvaguardar sus vidas.
El atentado no logró
frenar la vocación de Martínez Coria por lo que, de la mano de la organización
Foro para el Desarrollo Sustentable, continúa asesorando a pueblos afectados
por grandes proyectos como empresas hidroeléctricas, desplazados por la
violencia paramilitar en Chiapas y defensores del agua y del aire. Actualmente
trabaja con la comunidad maya de Yucatán amenazada por la construcción de
parques de energía eólica y continúa con los guarijíos desarrollando acciones
preventivas de desplazamiento forzado.
DE LA ACADEMIA AL ACTIVISMO.
La primera experiencia
como defensor de Ramón Martínez fue en los años noventa del siglo pasado,
cuando asesoró a las comunidades del Pueblo Mayo, de la comarca Huiste, en el
estado de Sonora, que habían sido desplazados por la construcción de la presa
llamada “Luis Donaldo Colosio”: la planta hidroeléctrica más grande del
noroeste del país capaz de generar 422 megawatts de energía eléctrica.
En aquella época, en la
que aún no existían elementos de defensoría jurídica como los actuales, una
serie de modificaciones constitucionales obligaron al Estado mexicano a
transparentar el uso de los recursos frente al Banco Mundial (BM), permitiendo
que Martínez Coria y sus colaboradores identificaran los recursos de deuda con
el organismo internacional y acusarán al Estado de violar directrices
internacionales en el diálogo penal.
El señalamiento les
permitió establecer un diálogo político con el Gobierno federal, que implementó
el resarcimiento de las comunidades de Huiste con parámetros internacionales;
es decir, los habitantes de la zona fueron indemnizados en los términos
dispuestos por la Reforma Agraria. También fue procesada la reparación de daños
con soluciones duraderas. Esas compensaciones incluyeron el replicamiento de
espacios ceremoniales, casas con dimensiones distintas a las de interés social
y el beneficio de recuperar una parte de su territorio para la actividad
pesquera.
La afortunada experiencia,
que hasta ahora parece imposible de repetir, presentó una perspectiva nueva al
investigador que ya contaba con experiencia en el apoyo de situaciones
humanitarias. A partir de entonces comenzó la defensa en contra de las empresas
hidroeléctricas en Oaxaca, los movimientos de resistencia zoque en Chiapas y
los conflictos armados en ese mismo estado.
En la última década trabajando
de la mano con los guarijíos en Sonora quienes, desde el anunció de la
construcción de la presa Los Pilares –la segunda para el Río Mayo–, han temido
por la conservación de su forma de vida y sus costumbres ligadas a la
convivencia con el canal natural. El trabajo para preservar la cultura de la tribu
explica, busca prevenir la perdida de lo que cualquier desplazamiento forzado
implica: la destrucción de un cultura milenaria.
“Aunque se conserven
los genes de los pueblos y estos se distribuyan en otros territorios, sacar de
contexto a las culturas, las mata”, afirma Ramón Martínez.
Los movimientos
opositores con los que trabaja el antropólogo se caracterizan por el despojo,
la discriminación y la falta de consulta previa a las comunidades indígenas que
por decreto internacional deben gozar del derecho de determinar lo que ocurre
en sus territorios.
CONSULTAS SIN APEGO A LA LEY.
Martínez Coría considera
que las consultas en México no funcionan porque no cumplen con los parámetros
del Marco Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas: no son previas,
no son libres y no son informadas. Por el contrario, actúan como protocolos sin
vinculación que se convierten en trámites administrativos.
“No podemos separar
consulta de consentimiento. La consulta es un medio de consentimiento previo,
libre e informado; cuando separamos consulta de consentimiento no sirve de
nada. El Estado mexicano hizo una interpretación barata de lo que significa el
derecho de consulta de los pueblos indígenas y lo convirtió en protocolo sin
vinculación, las consultas se volvieron no vinculantes, solo como una especie
de trámite administrativo nada más para dejar planchados los contratos”. Ramón Martínez
En su opinión las
consultas en México han fracasado como un derecho positivo porqué se les ha
mantenido lejos del concepto de consentimiento; además, de que se realizan sin
protocolos y sin ser mecanismos de vinculación que obliguen a su cumplimiento.
Destaca que ante el fracaso de la consulta los pueblos originarios han tenido
que llegar a los tribunales donde se han visto pocos impactos positivos. Tal es
el caso de los huicholes con la defensa del territorio sagrado de Wirikuta, en
el que se garantizo la suspensión definitiva de los permisos de explotación de
30 mineras en el municipio de Real de Catorce en San Luis Potosí.
LA ENERGÉTICA: MARCO LEGAL DEL DESPOJO.
La presidencia de
Enrique Peña Nieto estuvo marcada por un incremento en las ejecuciones contra
activistas. En un informe entregado en agosto de este año, realizado por la
organización de defensa de derechos humanos: Comité Cerezo, se especificó que
en este sexenio ocurrieron 221 agresiones directas contra activistas, 40 de
ellas estuvieron dirigidas hacia defensores de la Tierra y el territorio.
Las agresiones no
fueron acontecimientos aislados. El marco legal de las llamadas reformas hizo
posible que empresas internacionales tuvieran acceso a los recursos naturales y
a su explotación y que por lo tanto, tuvieran el derecho sobre la explotación
de las comunidades.
En diciembre del 2013 con la aprobación
de la reforma energética se introdujeron nuevas prácticas, como la fracturación
hidráulica (fracking), que comenzaron una búsqueda por la producción de energía
sin contar tener sobre la mesa los derechos humanos de las comunidades.
“Lo más importante de
este sexenio con Peña Nieto es que se construyó el marco legal del despojo
masivo del territorio y de los bienes patrimoniales (..) Lo que considero como
muy grave del Gobierno federal actual es la llamada Reforma Energética. Le dio
un golpe central en la nuca a todo lo que salvaguardaba el patrimonio territorial.
Este es la acción más grave de este sexenio”, dice Martínez.
Para el especialista dicha
reforma le abrió el canal “al capital financiero internacional para venir a
llevarse lo que quiera” teniendo consecuencias graves como las que todavía
vivimos: “violencia exponencial por todos lados, desapariciones forzadas,
violación masiva de derechos humanos e impunidad de esta corrupción que se
renueva y se vuelve más extendida cada vez”, agrega.
Preocupado por un
posible incremento de las agresiones, insiste en que el Congreso Actual deberá
llevar a cabo acciones contundentes que puedan revertir un poco lo que ya ha
avanzado en los últimos seis años.
LOS RIESGOS DE SER ACTIVISTA.
Al listar la serie de riesgos a los que Martínez Coria se siente susceptible, comienza hablando de la vida y de
cómo ésta se encuentra en contaste juego. Así lo hacen saber las amenazas y las
continuas intimidaciones que además de dirigirse a la integridad física, muchas
veces también atacan al desarrollo intelectual o laboral.
A la par del peligro
constante por la vida, se encuentran los límites puestos las posibilidades
económicas de poder seguir sustentando su actividad. Las organizaciones
defensoras o los pueblos persisten en la lucha a pesar del poco prepuesto con
el que cuentan en contextos en los que constantemente se desarrollan
estrategias para desvirtuar e invisibilidad su trabajo.
“Estamos siempre con el
bolsillo rasguñado. Contra toda la probabilidad nos enfrentamos ante casi
cualquier cosa, pero a veces nos doblega no sólo la violencia que se ejerce
sobre nosotros sino la marginación para poder tener lo suficiente y recursos
operativos para ser trabajando”, dice Ramón Martínez Coria.
Acompañando al peligro
y la precariedad se encuentran las dificultades institucionales que tienen su
peor expresión en la corrupción del Estado mexicano.
“Jueces y magistrados
que son poco sensibles a las problemáticas y que bloquean los accesos de
jurisdicción del Estado”, añade el investigador. Con otras instituciones, como
la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que no tiene facultades para
castigar– las acciones también tienen poco impacto porque su función se limita
a dar nota y recomendaciones. Mientras que las instancias internacionales
solicitan que se agoten todas las instancias nacionales, ya acostumbradas a
actuar en un marco de corrupción e impunidad, afirma.
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