Jorge Javier Romero Vadillo.
La próxima secretaria de Gobernación acaba de hacer un
papelón, en el episodio “La Guardia Nacional” de la serie La cuarta
transformación, escrita, dirigida y protagonizada por Andrés Manuel López
Obrador, con doña Olga y Alfonso Durazo como secundarios de esta entrega de la
primera temporada de las seis que sin interrupción nos esperan a los mexicanos,
sin posibilidad de cambiar de canal y sin la virtud de la ficción, que suele no
tener consecuencias fuera de nuestra mente en la vida cotidiana.
De talante dialogante y moderado, con una visión garantista y
promotora de derechos, doña Olga había
hasta ahora llamado la atención por tomar la iniciativa de la regulación de la
mariguana y la del aborto y por promover la justicia transicional y la atención
a las víctimas como causas que encabezaría desde una oficina que se tomaría muy
en serio los derechos humanos. Entre el elenco de secundarios que hasta ahora
habían sido comparsas del héroe de la trama, la senadora Sánchez Cordero ha
generado simpatía, entre un conjunto de personajes bastante antipáticos.
Lamentablemente, en una
secuencia que ya ha sido repetida de manera viral en las redes, la estupenda
jurista, jueza liberal y admirable, que hasta ahora se había desempeñado como
lo mejor del elenco, aunque algo desdeñada por el gran protagonista, apareció
cantinfleando para tratar de convencer al respetable de que la Guardia Nacional
sería policía y no ejército. En el
enrevesado parlamento de su principal escena del episodio, Sánchez Cordero, que
hasta ahora se había mostrado como paladina de la seguridad ciudadana, declaró
que en los foros realizados sobre reconciliación y paz nadie había planteado el
retiro del ejército de sus ciudades e incluso había predominado la petición de
que permaneciera el despliegue militar. Después entró en una suerte de
trabalenguas para insistir en que serían policías, aunque militares o navales,
pero policías al fin, los integrantes del nuevo cuerpo de nombre decimonónico.
Finalmente, hizo la apología de las fuerzas armadas con el tópico de
considerarlas parte del pueblo.
Sobre el último tema, Claudio Lomnitz disertó en su artículo
de La Jornada y no hace falta agregar nada. La primera afirmación sorprende si
se lee la página 97 del documento de conclusiones de los Foros Escucha, donde
dice que “para la nueva estrategia de
seguridad del presidente electo, se debería repensar la idea de la Guardia
Nacional, porque con ello se militarizaría el actuar de la policía”. Pero
incluso si el clamor reiterado hubiera sido por la permanencia del ejército, un
gobierno responsable debería actuar con base en la evidencia y durante los
últimos doce años se ha acumulado suficiente sobre lo fallido del despliegue
militar como política pública para frenar la inseguridad y la violencia, junto
con caudales de pruebas de que el actuar de las fuerzas armadas ha violado
consuetudinariamente aspectos centrales del título primero de la Constitución.
Pero el principal dislate de doña Olga fue el de pretender convencernos de que las policías militar y naval
son policías en el sentido de los cuerpos necesarios para construir una
seguridad ciudadana, con apego al orden jurídico y con respeto a los derechos
humanos. Me parece que es en este punto donde debería centrarse la discusión:
el fondo del asunto radica en entender por qué los soldados no sirven para
construir una seguridad ciudadana y cuál es su diferencia con las policías,
pues a simple vista podría resultar irrelevante la distinción, al ser unos y
otros agentes armados del Estado.
Sin embargo, se trata
de servidores públicos de muy distinto talante, debido a las reglas
definitorias y operativas de las organizaciones a las que pertenecen –fuerzas
armadas o policías– y por los aprendizajes de comportamiento rutinario
distintos que un tipo y otro de organización les imponen a sus integrantes.
Como bien explica Lomnitz, la profesionalización de los ejércitos implica que
los soldados y sus oficiales se sometan a una disciplina rigurosa, propia de
una organización racional y jerárquica, donde el mando oficial superior tiene
prioridad absoluta, pues, agrego, de la obediencia a las órdenes puede depender
la vida o la muerte y el éxito o el fracaso de una operación, que generalmente
consiste en enfrentarse a adversarios armados a los que se debe aniquilar.
La organización, el
objetivo y el entrenamiento de las policías civiles son totalmente diferentes.
El objetivo de la policía no es el aniquilamiento de un adversario
irreductible, sino la protección de la población y la reducción de la
violencia. Si bien también se trata de una organización racional y jerárquica,
sus cuadros profesionales deben contar con la iniciativa propia de un
profesional capacitado para contener, detener, preservar la escena de los
delitos, acopiar pruebas y salvar vidas, de manera que los presuntos
delincuentes sean presentados ante la justicia y sean sometidos a un proceso
con garantías, sin haber sido torturados ni extorsionados ni obligados a
incriminarse. Incluso sus cuerpos de asalto se deben someter a estrictos
protocolos de uso de la fuerza, lo mismo que sus cuerpos de contención de
algaradas y motines.
El punto central de una
estrategia de reducción de la violencia debe centrarse en una reconstrucción
del Estado donde la prevención y la persecución de los delitos se haga con el
objetivo de hacer justicia. A partir del gobierno de Felipe Calderón en cambio,
la estrategia adoptada ha sido la de identificar a los delincuentes como
enemigos armados a los que hay que combatir y no como parte de la sociedad que
ha violado la ley y debe ser detenida y sometida a proceso. Por más que doña
Olga, en su despliegue histriónico fallido, haya querido marear la perdiz con
lo de que serán policías, el más somero análisis de la iniciativa de reforma
presentada hace evidente que la Guardia Nacional será un cuerpo de carácter
militar, sometido al control de las fuerzas armadas y en el cual predominará el
adiestramiento y la disciplina propia de soldados, no de policías.
Al final del episodio,
lo que queda claro es que el héroe tiene una visión de la seguridad como
resultado de la fuerza y la autoridad incontestable. Cree, como en todos los
temas, que su voluntad es suficiente para transmitir sus designios hasta el
último subordinado y para que este los cumpla al pie de la letra, sin
desviación alguna. De ahí su preferencia por un cuerpo de disciplina militar y
en su desconfianza por los profesionales con iniciativa. No entiende de problemas
de agencia y de los mecanismos institucionales que se requieren para
resolverlos. De ahí que pretenda que no habrá violaciones a los derechos
humanos, como hasta ahora ha habido, porque él será el jefe supremo y no
ordenará que sean violados. Como si las organizaciones no tuvieran
comportamientos rutinarios, como si todos los intereses estuvieran
perfectamente alineados y como si él, magnánimo, pudiera poseer toda la
información sobre cada caso. No cabe duda de que nuestro próximo presidente se
tiene en alta estima.
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