¿Segob va a controlar los medios públicos? Expertos lo temen, diputados lo niegan.

En medio de la discusión por la creación nuevamente de una Secretaría de Seguridad y de la figura de súperdelegados estatales, la Cámara de Diputados aprobó el martes 13 de noviembre una reforma sobre la relación de la Secretaría de Gobernación (Segob) con los medios públicos, que especialistas consideran un riesgo de control autoritario, aunque los legisladores lopezobradoristas rechazan esa interpretación.

“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Esta fue la frase que quedó aprobada en el artículo 27 fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) —que cada nuevo gobierno ajusta para establecer cómo se va a organizar—, a pesar de que no estaba en la iniciativa original.

Actualmente, esta ley sólo concede a Segob facultades para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”, en su fracción 39, y vigilar que las publicaciones no atenten contra derechos de la vida privada, los niños o la paz, en la fracción 40.

Para Ricardo Raphael, académico del CIDE y colaborador de Canal Once —la televisora pública más antigua de México—, hay un error en la redacción y antes de pensar que hay una intención perversa del gobierno, pide que se corrija en el Senado, que recibirá la iniciativa esta semana.

“Si el argumento de la redacción fuera que la Secretaría de Gobernación debe asegurar la provisión, yo estaría muy conforme con la redacción, y ojalá la Cámara de Senadores agregue ese verbo. Pero si queda como está, que es ‘proveer el servicio’, pues sí estaríamos en una muy mala redacción jurídica que chocaría con otras leyes, porque pues la UNAM provee el servicio de televisión pública de TV UNAM, y el Poli (Instituto Politécnico Nacional) provee el servicio de televisión pública del Once, y el Canal 22 es una empresa prácticamente paraestatal”, señaló en entrevista.

Pero Aleida Calleja, experta del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), está segura de que no fue un descuido y consideró que este cambio es un retroceso en el camino hacia tener medios públicos que sean verdaderamente independientes del gobierno, como en otras partes del mundo.

“Que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia en la política pública o en la regulación de los medios es uno de los rasgos autoritarios de los más cuestionables y que no nos hemos podido zafar en este país. Incluso en países de Latinoamérica se quedan con el ojo cuadrado de que aquí sea así. Y dos: el poco avance que habíamos logrado para ir hacia medios verdaderamente públicos y no gubernamentales, dándoles cierto margen de independencia, pues se va por la borda”, lamentó.

Con la reforma en Telecomunicaciones de 2013, explicó, ya se había cuestionado mucho que todavía se le dejaran facultades sobre los medios a Segob, en lugar de que todo pasara a manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aun así, se creó el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) para coordinar a los medios públicos, que en términos de diseño institucional, aunque no es un organismo autónomo, tampoco está sectorizado, es decir, no depende de ninguna secretaría, lo cual implicaba cierta independencia.

Esta preocupación la comparte Héctor Villareal, quien fue director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Notimex y ocupó varios cargos de comunicación social durante los sexenios del PAN. En la época de Vicente Fox, explicó, el IMER pasó de estar sectorizado en Segob a estar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la tendencia era a acercar a los medios públicos más a instancias ciudadanas.

“Regresar a la Secretaría de Gobernación la prestación del servicio de radiodifusión es acabar, así, de tajo, anular la expectativa que me parece legítima, ciudadana, de tener medios públicos como en una democracia normal. Es mandar al diablo los últimos 18 años o más, y regresar a cuando (Carlos) Salinas”, expresó.

“Vamos a la época de (Manuel) Bartlett. Es la idea de los medios que él tenía”, dijo en relación a quien fuera secretario de Gobernación entre 1982 y 1988, hoy propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Qué quisieron decir los diputados?

Cuestionada sobre el sentido de la ley, la diputada morenista Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, que elaboró el dictamen, dijo a Animal Político que el objetivo es que haya mejores contenidos en los medios públicos.

“Lo que se propone es que se requiere que la Segob trabaje con el SPR para que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a mejor contenido de radio y televisión. Muy poca gente conoce el Sistema Público de Radiodifusión, y es porque esta entidad no ha tenido el acercamiento suficiente a las localidades y a la gente, y el objetivo es cambiar esta premisa. Entonces con este cambio que nosotros hacemos al artículo 27, abrirá y difundirá cultura, información y arte. No se trata, como lo han mencionado, de una máquina política tendenciosa o de propaganda gubernamental. Eso es un error”.

—Pero la reforma no menciona eso del SPR, sólo dice ‘servicio de radiodifusión pública’—, se le hizo ver.

“Así es, servicios de radiodifusión, y lo que se quiere es, como te digo, generar las condiciones de un mejor contenido en información”, señaló.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, cree que las críticas a lo aprobado obedecen a que “le andan buscando chichis a las hormigas” y en realidad la nueva redacción deja todo como estaba, sin dar al gobierno mayor poder sobre los medios.

“Nuestro objetivo nunca ha sido ese y nuestras intenciones no podrían estar más lejanas a esa interpretación que se hace a la ley que aprobamos. Si inclusive a Gobernación se le quitaron un montón de facultades, Gobernación ha quedado como el espacio de construcción política y de acuerdo por excelencia. Y los compañeros que van, Olga Sánchez, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, se caracterizan por su absoluta disposición al diálogo y al acuerdo, ¿para qué demonios van a querer una herramienta autoritaria? Eso no tiene sentido”, afirmó.

Pero Mario Campos, exdirector de información en el IMER y actual conductor en medios privados, considera un riesgo esta explicación.

“Haber trasladado los medios públicos a la SEP, como se hizo en su momento, y no a Gobernación, mandaba un mensaje político que indicaba que no eran un instrumento de propaganda, sino que eran medios como tal de servicio público, con una vocación distinta. Entonces el cambiar nuevamente y regresarlos a Gobernación, más allá de las personas que encabecen las instituciones —porque habrá quien diga que Olga Sánchez Cordero quizá no haga un uso político de los medios y quizá yo podría estar de acuerdo con ello—, pero las instituciones tienen que ver más allá de las personas que las encabezan, tiene que ver con el diseño, y cuando lo pasas de la SEP a Gobernación, mandas una señal que me parece es preocupante para todos”, comentó.

“Lo mínimo que habría que esperar es una explicación de cuál es la racionalidad detrás del cambio, y de qué garantías institucionales van a desarrollarse para que los medios se fortalezcan en tanto medios públicos y no estén subordinados a la agenda del gobierno en turno”.

Una reforma a medio proceso legislativo.

El pasado 18 de octubre, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otras modificaciones a la estructura de gobierno cambia el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por la de Bienestar y crea la de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el artículo 27, referente a Segob, sólo se mencionaba con relación a los medios las facultades de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, y orientar los programas de comunicación social. Nada sobre “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”, una frase que quedó en la redacción final del dictamen presentado ante el pleno.

Animal Político buscó a Delgado para conocer su postura, pero el diputado pidió unos minutos para revisar el tema y no dio respuesta.

Rocío Barrera, presidenta de la comisión que analizó la iniciativa, dijo que las modificaciones se hicieron tras diferentes mesas de trabajo y observaciones de los diputados, pero que este punto estaba desde el primer dictamen que se elaboró el 5 de noviembre y que nadie dijo nada en contra.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle cuestionó de dónde salió esta frase que no estaba originalmente, además de criticar que sólo la Comisión de Gobernación analizó la iniciativa, a pesar de que toca una amplia variedad de materias y de dependencias.

“No recuerdo que nadie haya propuesto nada en ese sentido; apareció en el proyecto de dictamen, y varios temas así aparecieron, como el de que Sedena y Semar sí tenía oficialías mayores y las demás dependencias no. Lo que nos hace suponer es que, como cuando en el PRI, hay una mano que metía cosas que nadie había propuesto como legislador”, señaló.

Aleida Calleja, experta en telecomunicaciones, también cree que hay motivos para sospechar de esta modificación.

“Cuando supimos de este tema, buscamos a las personas con las que tenemos contacto del equipo de transición, les dijimos que el acuerdo había sido que Gobernación no tenía más manos en esto… Pero si juntas eso, ya en el sospechosismo, con el anuncio de López Obrador de que los dueños y directivo de las principales televisoras van a ser sus asesores, pues algo huele, ¿no? Así han operado las televisoras de manera histórica, gane quien gane quieren estar juntito con derecho de picaporte”.

—¿Pero las televisoras privadas qué ganarían?

“A los medios comerciales les conviene que los públicos sean medios gubernamentales, débiles y sin audiencia. ¿Qué pasa cuando tienes medios públicos verdaderamente independientes en el ámbito editorial? Que informativamente son muy fuertes. La gente puede ver cualquier cosa, pero para informarse, ve su medio público. Tienes el ejemplo europeo, es el caso de la BBC, de la ARD en Alemania”, explicó.

La aprobación de la Ley de la Administración Pública Federal en la Cámara de Diputados corrió a cargo de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Partido Verde (PVEM), mientras que el PRI y el PRD se abstuvieron en lo general, y PAN y MC fueron los únicos en contra.

Al pasar a la discusión de reservas a artículos en particular, el PAN reventó la sesión. Los coordinadores parlamentarios acordaron que se convocara a una nueva sesión, que terminó de madrugada, en la que el PAN ya no participó por considerarla irregular y de la que también se ausentaron MC y el PRD. Tagle tenía preparada una reserva a la fracción octava del artículo 27, pero ya no la presentó, por lo que el bloque lopezobradorista aprobó la Ley sin oposición.

Fernández Noroña, parte de ese bloque, comentó que él había visto bien la Ley en general y no percibió ningún problema en el punto que ahora está bajo la lupa. Aun así, dijo estar abierto a que si el Senado considera que la crítica es fundada y los diputados cometieron un error en la redacción, les enmiende la plana y la cambie.

La iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Senadores, que este miércoles 21 de noviembre empezará a revisarla en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.