El verdadero detonante del pleito entre la Corte y López Obrador.

Por Jenaro Villamil.

El enfrentamiento público entre los poderes Ejecutivo y Judicial tuvo como detonante un tema económico. Jueces y magistrados protestan porque la Ley Federal de Remuneraciones reduce sus ingresos y de paso, dicen, se viola la división de poderes… Pero todo indica que más allá de esto hay un trasfondo político: está en puerta el relevo de la presidencia de la Suprema Corte.

A partir del 5 de noviembre, cuando fue publicada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ordena la disminución de los salarios de su personal, el Poder Judicial pasó de árbitro a ser juez y parte en un asunto que lo ha enfrentado con los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo, dominados por Morena.

Ante la opinión pública los jueces están en el banquillo de los acusados, no sólo por sus ingresos millonarios, sino por sus excesos, privilegios y por presuntos actos de corrupción. El apoyo social a sus demandas es menor de 20%, según distintas encuestas, y en las redes sociales y en los medios se documentan excentricidades, nepotismo y corruptelas de los impartidores de justicia.

Por primera vez desde que se inicia un gobierno de alternancia, el enfrentamiento verbal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido público. El primero los acusa de devengar entre 500 mil y 600 mil pesos mensuales, mientras los juzgadores argumentan que les corresponde a ellos definir sus percepciones, porque de lo contrario se estaría incurriendo en una violación a la separación y autonomía de poderes.

Las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) revelan que de 2010 a 2018 los ministros de la SCJN pasaron de tener un ingreso anual de 5 millones 989 mil pesos a 6 millones 938 mil pesos, es decir 1 millón de pesos anuales más –2 mil 347 pesos diarios extra–, mientras el salario mínimo sólo tuvo en ese periodo un aumento de 32 pesos diarios.

El Congreso y el Poder Judicial están enfrascados en un debate jurídico por la acción de inconstitucionalidad interpuesta el miércoles 5 por 56 senadores de la oposición, encabezados por el panista Rafael Moreno Valle y el priista Miguel Ángel Osorio Chong, y por una orden de suspensión de la Ley de Remuneraciones que ordenó el ministro Alberto Pérez Dayán el viernes 7, ante la inminencia de la discusión del PEF.

En medio de este litigo, una hasta entonces desconocida Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial encabezó el lunes 10 una protesta frente a la Cámara de Diputados y en 25 entidades más, para denunciar una “intromisión indebida” de los otros dos poderes y calificar de “ofensivo” que el presidente los acuse de ganar 600 mil pesos mensuales.

Más de 6 mil jueces de distrito, magistrados de circuito, secretarios de acuerdo, actuarios y oficiales secretarios han interpuesto 2 mil 772 amparos colectivos para evitar que se les reduzca el salario.

El activismo de los jueces contra la Ley Federal de Remuneraciones es franco y abierto. El ministro Eduardo Medina Mora, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto para integrarse a la SCJN en medio de una polémica por su falta de experiencia y sus vínculos con las televisoras, afirmó que “hoy más que nunca requerimos que respeten nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los justiciables, con los ciudadanos”.

Para el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, los integrantes del Poder Judicial que han demandado o se han amparado contra la Ley de Remuneraciones podrían incurrir en una violación al artículo 216 del Código Penal Federal, que tipifica como delito la “coalición de servidores públicos” cuando éstos tomen medidas contrarias a una ley o reglamento o traten de impedir su ejecución.

“A través de esta nueva asociación de magistrados y jueces están haciendo una coalición de servidores públicos. Han creado un ambiente de desconcierto o incertidumbre que se ve reflejado en solicitar la suspensión de la ley que fija un tope a los salarios de la alta burocracia”, afirma Monreal en entrevista.

“Los pronunciamientos públicos de los miembros de la Judicatura (…) se están haciendo con un uso abusivo de su condición de servidores públicos, porque la protesta tiene la finalidad clara de evitar la aplicación de una ley”, abunda Monreal.

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado “por primera vez en su historia la Suprema Corte está sentada en el banquillo de los acusados”.

–¿Ni siquiera en la época de Zedillo, cuando “renunció” a los ministros de la Corte, estuvo en una situación tan delicada?

–No. Lo que Zedillo quería era hacer una “limpia salinista”, no era el intento de lograr mejor justicia ni, como ahora, de dar paso a la austeridad como política de Estado.

“Nunca en su historia la Suprema Corte había estado en estas condiciones, y es que nadie se había atrevido a tocar sus privilegios. Y ahora están sufriendo un sacudimiento frente a un presidente al que no le interesan el dinero ni la complicidad”, reflexiona el exgobernador de Zacatecas.

“Auténtica división de poderes”

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, afirma que no se trata de una “confrontación”, sino de “una auténtica división de poderes, donde se expresan abiertamente las diferencias”.

En entrevista, Batres afirma: “No veo un choque entre poderes; por primera vez estamos viendo una auténtica división de poderes”.

“¿Cuál es el problema de cuestionar a los poderes? En la división de poderes se expresan las diferencias. ¿El hecho de que la Corte admita una acción de anticonstitucionalidad lo debemos tomar como una afrenta? No nos gusta, pero la Corte está en el ejercicio de sus funciones. De igual manera, que nosotros, como senadores, utilicemos el recurso de reclamación no quiere decir que sea una confrontación con ellos”, argumenta el senador de Morena.

Tanto Batres como Monreal subrayan que en este episodio la SCJN “está en el banquillo de los acusados” y actúa “como juez y parte”, porque Pérez Dayán no debió ordenar la suspensión de la Ley de Remuneraciones, pues tal decisión viola el artículo 64 de la ley reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución, que regula las acciones de inconstitucionalidad.

En su calidad de presidente del Senado, Batres firmó el lunes 10 el recurso de reclamación contra la suspensión otorgada por Pérez Dayán el viernes 7, en vísperas de que se inicie la discusión del PEF.

Pérez Dayán, uno de los cuatro ministros que aspira a ser el próximo presidente de la SCJN, admitió en su incidente de suspensión que ésta fue otorgada para frenar “los efectos y consecuencias” de la Ley de Remuneraciones, “que se traducirán en actos concretos por parte de la Cámara de Diputados”. Es decir, para evitar que se disminuyan los altos salarios del Poder Judicial.

El ministro argumentó en su misma orden de suspensión que si se aplica la ley que fija el tope salarial en 108 mil pesos –salario máximo del presidente de la República– se pone en riesgo “la vigencia de derechos fundamentales como lo son, entre otros, el de los servidores públicos a percibir una remuneración proporcional, adecuada y equitativa; en otras palabras, a recibir un salario digno”.

En respuesta, el presidente del Senado interpuso el recurso de reclamación, y señaló como agravios: “La improcedencia de la suspensión en las acciones de anticonstitucionalidad”; que “la Ley de Remuneraciones es una norma general”; que “la protección de los derechos humanos no justifica la transgresión al principio de legalidad, ya que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles”, además de que “Pérez Dayán no tenía facultades para ordenar tal suspensión, según los artículo 14, 16 y 17 constitucionales”.

–La oposición ha criticado al presidente de la Mesa Directiva del Senado porque no debió interponer el recurso de reconsideración. ¿Qué opina de esta crítica? –se le pregunta a Batres.

–El presidente del Senado es el representante jurídico y político de la institución, y el Senado aprobó esta Ley de Remuneraciones, la envió a la Cámara de Diputados y ordenó su publicación. Es decir, esta ley es del Congreso. La impugnación la hacen en calidad de minoría. Si ellos representan a la minoría y piden la acción de inconstitucionalidad, el Senado tiene la obligación y el derecho de defender esa ley.

–Pero lo acusan de ser juez y parte.

–No soy juez y sí soy parte. Soy la parte que defiende las leyes aprobadas por el Senado.

–¿Quién debe resolver esta disputa constitucional?

–La propia Suprema Corte, pero aquí sí es juez y parte. Por esta razón, cuando sale lo de la orden de suspensión el 7 de diciembre, revisamos con mi equipo jurídico y vimos que se forzó la maquinaria, porque venía el presupuesto.

–¿Fue lo del presupuesto o la inminencia del fallo del Tribunal Electoral sobre el caso de Puebla?

–Lo de Puebla no lo sé, no me consta. Está en el contexto. Lo que sí es muy visible, y es un argumento del ministro Pérez Dayán, es la necesidad de ordenar la suspensión por la proximidad del Presupuesto de Egresos y porque él mismo dice que habrá un daño irreparable.

Huellas de los ministros.

En distintas columnas políticas se ha comenzado a ventilar que detrás de esta confrontación hay una maniobra política para retrasar la aprobación del ministro de la Suprema Corte que ocupará el lugar que deja vacante José Ramón Cossío, a fin de restarle un voto a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, uno de los cuatro candidatos a ser ministro presidente y quien ha estado abiertamente a favor de la austeridad en el Poder Judicial.

Los otros tres aspirantes son Jorge Mario Pardo Rebolledo, que esta semana hizo un llamado a la “reconciliación” y a la mesura; Alberto Pérez Dayan, que ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones; y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Salvador García Soto publicó en su columna “Serpientes y Escaleras” que “hubo una operación” de alguno de estos tres ministros para reunirse con los senadores del PRI y del PAN y ofrecerles un “intercambio de favores”: a cambio de apoyar a los ministros en la acción de inconstitucionalidad recibirían garantías para validar la elección en Puebla de Martha Érika Alonso, esposa de Rafael Moreno Valle, actual coordinador de la bancada panista en el Senado; y de frenar la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, algo que le interesa al coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ciertas o no estas versiones, la acción de anticonstitucionalidad presentada por 56 senadores contiene varios párrafos que revelan que no fue redactada por los legisladores o alguien de su equipo, sino por algún miembro de la SCJN.

Por ejemplo, en la página 12 de la acción interpuesta, en el tercer párrafo se lee: “Por ello, se estima que debe prevalecer la competencia de este Alto Tribunal para resolver sobre el presente y cumplir con el mandato de fungir como garante de la vigencia de la Constitución Federal”.

En la página 22 se lee: “Como se verá más adelante, son temas de vital importancia al momento en que este Tribunal Pleno despliegue el análisis de seguridad…”.

En la página 82, en el primer párrafo los senadores hablan como si fueran ministros: “Los argumentos que se plantean en las siguientes líneas están encaminados a llevar a cabo una nueva y profunda reflexión del precedente adoptado por este Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293/2011”.

Otro dato que generó sospecha es que la acción de inconstitucionalidad no fue firmada por Damián Zepeda, exdirigente nacional panista y excoordinador de la bancada del PAN en el Senado, quien fue relevado por Moreno Valle.

Zepeda pertenece al grupo del excandidato presidencial Ricardo Anaya y en los últimos días ha mantenido una estrategia política diferente a la de Moreno Valle, concentrado en garantizar la victoria de su esposa.