Por Gloria
Leticia Díaz.
Habitantes
de las comunidades afectadas en 2014 por el derrame de contaminantes en el Río
Sonora de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, alertaron
sobre la oportunidad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para resarcir los daños causados en la región, en las resoluciones a juicios de
amparo interpuestos por los Comités de Cuenca Rio Sonora, que serán debatidos
este miércoles 8.
Los tres
amparos en revisión enlistados en el portal de internet de la SCJN, que tendrá
que revisar la Segunda Sala, están relacionados con el Fideicomiso Rio Sonora,
que de acuerdo a los Comités de Cuenca Río Sonora, integrados por afectados,
“realizó actos de autoridad al ser el principal mecanismo destinado a reparar
los daños del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en
los ríos Sonora y Bacanuchi”.
En dichos
recursos, 384/2018, 927/2018 y 640/2019, los Comités Cuenca Río Sonora
cuestionaron la forma en que operó el Fideicomiso, su falta de apoyo al
Proyecto de Reactivación Agropecuaria, y la extinción del instrumento en 2017 y
la del Programa de Remediación Ambiental, sin consultar a los afectados.
Creado por
un acuerdo entre la filial de Grupo México, la minera Buenavista del Cobre, y
el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Fideicomiso Río Sonora tenía como
objetivo resarcir y reparar los daños causados por el derrame tóxico calificado
como el más grave “desastre ambiental en la historia de la minería en México”,
que afectó a más de 22 mil personas de siete municipios aledaños.
Entre los
compromisos establecidos estaban “dotar de agua limpia, atención a la salud y
reactivación económica a las personas afectadas”, pero la implementación del
Fideicomiso “se caracterizó por su falta de transparencia y las irregularidades
en su operación”.
El
Fideicomiso, presidido por el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, “fue la autoridad destinada
a efectuar la remediación, a pesar de ser un mecanismo privado y, como tal,
debe hacerse responsable de sus actos y omisiones”, consideraron los Comités al
denunciar que pese a la creación de dicho instrumento “no hubo resarcimiento
desde el gobierno federal ni por vía judicial” para los afectados, por lo que
exigen su reapertura “hasta que cumpla con la reparación de los daños causados
por el derrame”.
Falta atención
médica.
La
organización civil que acompaña a los Comités, Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), resaltó que, a más de cinco años
de la tragedia, los habitantes de siete municipios afectados “han seguido
denunciando la falta de atención médica y el incremento de enfermedades en la
región el nulo acceso al agua limpia, y la enorme crisis que afecta al campo
desde el derrame, en una región antes conocida por su calidad de producción
agropecuaria”.
De acuerdo
con PODER, de los 2 mil millones con que contaba el Fideicomiso, “apenas
ejerció 61% (mil millones 231 millones 367 mil 946.29 pesos)”, porcentaje que
fue destinado a “la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas
afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían
para guardar agua potable que nunca
llegó), la obra negra en un centro de salud de especialidades que quedó
inconcluso y gasto de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la
atención de la salud, para mejorar la imagen de la empresa”.
Sin aviso
a los afectados y sin cumplir con los compromisos acordados, el 2 de febrero de
2017 el Fideicomiso Río Sonora fue concluido, destacó la organización civil, al
resaltar que los afectados del derrame “se enteraron de la clausura seis meses
después a través de una nota de prensa”.
Oscar
Encinas, uno de los firmantes del amparo y miembro de los Comités Cuenca Río
Sonora, urgió a los ministros de la SCJN a ordenar la reactivación del
Fideicomiso Río Sonora en el que participen los afectados, que en su decisión
“piensen que somos seres humanos y merecemos ser respetados en la salud, en los
derechos ambientales, en todos los derechos”.
La
codirectora de PODER, Fernanda Hopenhaym, resaltó que si la SCJN declara al
Fideicomiso como autoridad responsable y que fue un mecanismo privado que
ejerció actos de autoridad “sería un hecho sin precedentes en el derecho
mexicano y significaría un avance enorme para oros casos similares y un aporte
para una mayor rendición de cuentas de las empresas”.
El
pronunciamiento de la SCJN reforzaría la declaración de la titular de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, en
el sentido de que el Fideicomiso había cometido actos de autoridad y que “se
trata del reconocimiento de un responsable de daño ambiental”, pronunciamiento
que hizo en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador
del 12 de diciembre pasado.
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