Por Gloria
Leticia Díaz.
El
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas,
sostuvo que a un año de haberse creado la Comisión para la Verdad y la Justicia
en el caso Ayotzinapa, no hay “resultados tangibles”, pese a que el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador ha cumplido “de manera puntual” sus compromisos con
los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Entrevistado
por representantes de medios de comunicación, al término de la reunión con el
fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el responsable de la
investigación, Omar Gómez Trejo, Encinas Rodríguez resaltó que en materia de
investigaciones hay “avances importantes en todo el proceso judicial y se
replanteó la mentira histórica, como ahora se le ha denominado”.
Tras
confiar que “pronto tengamos resultados concretos”, el funcionario destacó que
se afina un acuerdo por el que la Fiscalía General de la República (FGR)
reconoce la “participación e incorporación” de exintegrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación del
caso, situación que se formalizará este jueves 9 en un encuentro que el
presidente López Obrador sostendrá con los padres y madres de los estudiantes
desaparecidos.
De hecho,
la reintegración del GIEI fue el punto central en las reuniones que Encinas
tuvo con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) –encabezados por el secretario ejecutivo, Paulo Abrao– y con los padres
y madres de los 43 normalistas desaparecidos y sus comisionados.
Después de
dos horas y media, Abrao explicó a reporteros que la reunión con
representantes de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería fue de carácter
“técnico”, en preparación al encuentro que se realizará mañana en Palacio
Nacional.
Abrao recordó
que la propuesta de la CIDH “ha sido la reintegración del GIEI”, así como que
algunos de sus exintegrantes formen parte del Grupo de Asistencia Técnica.
El
secretario técnico de la CIDH resaltó que en el encuentro hubo una “evaluación
y se habló del progreso de las iniciativas tomadas (por la Comisión que
encabeza Encinas), que son muy positivas, pero es necesario acelerar los
procesos” para alcanzar el objetivo, que es la localización de los estudiantes.
Santiago
Aguirre y Vidulfo Rosales, representantes de los familiares de las víctimas,
admitieron que el anuncio relevante del encuentro con el presidente será sin
duda la reinstalación del GIEI, para lo cual la Cancillería, la CIDH y los
propios expertos estarían construyendo un acuerdo de actuación en una nueva
etapa en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
Rosales
Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó
que el GIEI mantendrá las facultades que tuvo en la primera etapa, durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto, que se las otorgó de forma enunciativa.
“Fue
trascendente la participación del GIEI en su etapa anterior, de actuación en
terreno, con amplias facultades para aportar pruebas, facultades de
coadyuvancia plena, mismas que anteriormente las tuvo, pero sólo en papel, pero
no tuvo las facilidades para ejercerlas”, abundó.
Al
resaltar que los cambios en el nuevo esquema están en la interacción con la
Comisión para la Verdad que encabeza Alejandro Encinas y la participación de la
oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH), Rosales Sierra advirtió:
“No
podemos poner las expectativas del caso en el GIEI, le corresponde al gobierno,
a la Comisión presidencial, a la FGR y a la fiscalía especial trabajar para el
esclarecimiento, ellos tienen la carga de las investigaciones”.
Santiago
Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro
Prodh), advirtió que pese a los avances presentados persiste la preocupación
de que no hay resultados contundentes.
De
acuerdo con el defensor, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos
mantienen la exigencia de que “si no se procede contra los que manipularon la
investigación, no se van a romper los pactos de silencio”, y difícilmente se va
a dar con los estudiantes.
El defensor destacó
que, así como es importante el análisis de telefonía, también lo es afinar “los
incentivos para aquellas personas que provean información sobre el paradero
final de los estudiantes”, así como nuevas detenciones.
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