Por Ezequiel
Flores Contreras.
Integrantes
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos
Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa marcharon y presentaron a 19 menores de entre 6
y 15 años de edad armados, en su mayoría huérfanos por la violencia, para
exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la detención del líder del
grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, hermano del diputado local
perredista Bernardo Ortega.
Ello
debido que la CRAC-PF desde el año pasado ha venido responsabilizando a esta
banda criminal de lo ataques armados y ejecuciones de indígenas en la zona
serrana de Chilapa, que suman a la fecha 28 crímenes, entre ellos la decena de
músicos asesinados el pasado viernes 17 en la misma región.
Según
información de El Sur, 17 de los menores son originarios de la comunidad de
Ayahualtempa, en José Joaquín de Herrera, y dos de Xochitempa, en Chilapa.
Los
inconformes también demandaron la presencia de López Obrador como condición
para desbloquear la carretera Hueycantenango-Chilapa que permanece bloqueada
desde hace cinco días.
Además, los
líderes de la guardia comunitaria afirmaron que el gobierno de Héctor
Astudillo, así como autoridades municipales y castrenses brindan supuesta
protección al grupo de Los Ardillos, afincados en el poblado de Tlanicuilulco y
expandidos en al menos seis municipios donde el representante distrital es el
diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.
Esta es
la segunda ocasión que los miembros de la CRAC-PF presentan niños armados como
milicianos para enviar un mensaje contra sus adversarios y el gobierno.
En mayo
de 2019, dirigentes de la guardia comunitaria del poblado indígena de Rincón de
Chautla difundieron un video en el que aparecía un grupo de niños realizando
ejercicios militares y portando “armas” de palo para enviar un mensaje contra
los grupos delictivos de Los Rojos y Los Ardillos.
En ese
entonces, los niños milicianos se asumieron como sobrevivientes de una
masacre ocurrida el 27 de enero del mismo año, cuando se reportaron al menos 12
muertos y cuatro heridos durante una irrupción armada del grupo de Los Ardillos
a los poblados de Zoyapexco y Rincón de Chautla.
“Por cada
comunitario que maten, vamos a matar 10 sicarios”, advirtieron los niños con armas de
palo para llamar la atención de los tres niveles de gobierno.
Después,
fueron ejecutados en Chilapa dos promotores del Consejo Indígena Popular de
Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), José Lucio Bartolo Faustino y Modesto
Verales Sebastian.
No
obstante, el grito de auxilio no fue escuchado por el gobierno de López Obrador
y el mandatario priista Héctor Astudillo Flores emitió un comunicado para
condenar la acción de la CRAC-PF.
Ello debido
a que el gobierno estatal advirtió que la participación de niñas, niños y
adolescentes en los grupos de la Policía Comunitaria “no debe ser alentada bajo
ninguna circunstancia” y se comprometió a garantizar los derechos de los
menores en esta zona indígena nahua, donde se padecen elevados niveles de
marginación y pobreza ante la ausencia de servicios educativos, médicos y
desarrollo.
Casi un año
después, la CRAC-PF retomó la estrategia de presentar niños milicianos pero
ahora portando fusiles reales para insistir en su exigencia de detener a los
líderes del grupo de Los Ardillos y garantizar la seguridad en Chilapa.
Cerca del
medio día, los miembros de la comunitaria marcharon sobre la vía que está
bloqueada donde participaron 19 menores entre 6 y 15 años, portando rifles de
bajo calibre para exigir justicia.
Algunos
niños, afirmaron, son huérfanos de la violencia que ha dejado la confrontación
entre miembros de la CRAC-PF y Los Ardillos.
Luego
dieron lectura a un comunicado donde exigieron la presencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador y la detención de los líderes de ese grupo
delictivo.
En su
mensaje, recordaron que desde agosto pasado entregaron un pliego petitorio
al gobierno federal, donde demandan específicamente la creación de un nuevo
municipio con poblados de los municipios de Chilapa y Hueycantenango, así como
recursos para operar la guardia comunitaria.
Los civiles
armados anunciaron que van a permanecer en la vía de comunicación hasta obtener
una respuesta del presidente Obrador.
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