Por Gabriela
Hernández.
La
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Unión Popular de
Vendedores Ambulantes 28 de Octubre se sumaron a la demanda planteada por
directivos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) para reclamar respeto a
la autonomía de la institución.
Los directivos
de facultades y unidades académicas de la UAP hicieron un pronunciamiento
donde señalaron una supuesta ilegalidad en las revisiones que la Auditoría
Superior del Estado (ASE) pretende realizar en la casa de estudios, con la
supuesta intención de “someterla a intereses externos”.
En un
escrito firmado por 43 directores de unidades académicas de la UAP se
explica que en diciembre de 2019 la ASE inició una auditoría y una visita
domiciliaria del ejercicio de ese año, lo que violentaría la legalidad, pues se
lleva a cabo con base en un esquema inexistente.
De igual
manera, indica que la unidad fiscalizadora del Congreso local argumentó que
realizaría una “auditoría preventiva”, pero esa figura no está contemplada en
la Constitución federal.
“En el
caso de que hubiera pretendido realizar una auditoría en tiempo real, esta
facultad sólo le compete a la Federación y requiere tener su origen en una
denuncia, misma que en ningún momento se notificó haberse realizado. Es así que
se convierte en un inusual e ilegal acto que parece ser más motivado de
inmediato con un fin ajeno a la fiscalización”, sostiene el escrito.
“Convocamos
a la unidad y a la defensa de la autonomía universitaria y condenamos el
hostigamiento y los actos ilegales que pretenden afectar la vida interna de
nuestra Universidad en un afán de someterla a intereses externos”, destaca el texto.
Cabe
recordar que, apenas fue electo como titular de la ASE, el empresario Francisco
Romero Serrano inició de inmediato la auditoría en contra de la Universidad
poblana.
Desde el
arranque del actual gobierno estatal, el rector Alfonso Esparza ha tenido
enfrentamientos públicos con el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Y, desde su
nombramiento como auditor, a Romero Serrano se le señaló como un personaje
cercano al mandatario, pues incluso fue promotor en su campaña por la
gubernatura.
Emilio
Baños Ardavín, rector de la UPAEP, se pronunció por respetar la autonomía
universitaria de la UAP y que el proceso de fiscalización de la ASE se apegue a
derecho.
“Yo
solamente podría levantar la voz en el sentido de que se respete la autonomía
de la universidad, que el proceso sea apegado a la legalidad, en tiempo y en
forma, y no sólo en formalismos, sino el que tiene que aplicarse como en todo
proceso legal”,
reclamó.
En el mismo
sentido, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre
emitió un pronunciamiento donde acusa que la revisión iniciada por la ASE
representa un acto violatorio a la autonomía de la UAP.
“…tras el
deceso de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, en elecciones
extraordinarias decidimos acabar con ese régimen en el estado y pusimos al
actual gobernador, porque se comprometió a reestablecer el estado de derecho y
desarrollar la democracia”, recuerda la organización popular.
“Sin
embargo, ahora la Auditoria Superior del Estado, presuntamente realiza de
manera irregular y sin fundamento una llamada ‘auditoria preventiva’,
posiblemente con el propósito de construir pretextos que justifiquen sanciones
a la administración de la BUAP e incluso la probable destitución de su rector”.
Aunque
reconoce que es “obvio” que la administración universitaria está obligada a
rendir cuentas de los recursos económicos y materiales que maneja, la
institución –subraya– debe hacerlo ante la comunidad representada por su
Consejo Universitario y ante la Federación.
Finalmente
demanda que entre el gobierno del estado y la administración de la BUAP se
establezca “una política de diálogo y negociación con base en el respeto al
estado de derecho”.
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