Con 291
votos a favor, 143 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó
este jueves, en lo general y particular, la reforma que permitirá al Ejecutivo
federal implementar rifas y sorteos como método de enajenación de bienes.
La reforma
para modificar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los
artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de
Bienes del Sector Público, pasará a la Cámara de Senadores.
La
iniciativa fue presentada por el diputado por Morena, Raúl Eduardo Bonifaz
Moedano.
El pasado 5
de febrero, el proyecto de dictamen fue respaldado por diversos integrantes
de la bancada morenista y fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y
Población de la Cámara de Diputados.
El proyecto
de decreto “tiene por objeto adicionar el sorteo como mecanismo de
enajenación de bienes públicos, para aquellos que, por sus características o
por las condiciones de mercado, no han podido ser enajenados a través de las
formas de enajenación onerosa previstas en legislación vigente”, indicó la
Cámara en un comunicado.
Esto le
"permite al Gobierno federal eliminar costos de administración e incluso
allegarse de recursos financieros que apoyen a cubrir el gasto público”, detalla el documento.
La diputada Rocío
Barrera Badillo explicó que este dictamen responde a las necesidades de contar
con mayores mecanismos para la desincorporación de bienes.
Por el
contrario, la diputada Mónica Bautista Rodríguez expresó el rechazo de la
bancada del PRD al dictamen por diversas razones.
"La
primera es que esta Cámara de Diputados no se aboca a discutir más que lo que
el gran legislador que habita en el Palacio Nacional le indica y manda a su
mayoría artificialmente conformada. Lo hemos denunciado en muchas ocasiones, y
ahora hasta sus propios compañeros lo revelan".
"En
segundo término, el dictamen que se nos presenta no establece condiciones
mínimas que permitan garantizar la legalidad respecto a la realización de
sorteos que, por demás está decirlo, involucran al patrimonio de la nación, que
pertenece a las y los mexicanos, y que se encuentran en poder del gobierno
federal",
agregó.
Opinó que
el dictamen viola el principio de seguridad jurídica y establece las
condiciones para que los mexicanos sean despojados de sus bienes sin ninguna
condena previa, bajo la única presunción de la autoridad de que cometieron
delitos graves.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.