Por Dulce
Olvera.
Virgilio
Andrade Martínez, ex Secretario de la Función Pública y amigo del ex Secretario
de Hacienda Luis Videgaray Caso, exoneró al ex Presidente Enrique Peña Nieto de
presunto conflicto de interés entorno a la “casa blanca”. Víctor Manuel Andrade
Martínez, su hermano, despacha desde 2009 en la Unidad de Asuntos Jurídicos de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de dar seguimiento a
las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por
las irregularidades detectadas.
Desde el 11
de diciembre de 2012 hasta el 20 de febrero de 2020, el órgano fiscalizador
ha presentado 825 denuncias penales derivadas de auditorías desde la Cuenta
Pública 2011 a la de 2018, periodo que abarca el último tramo del Gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa y la administración pasada. Son principalmente contra
la Secretaría de Agricultura (entonces Sagarpa), Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), entre otras Secretarías de Estado, gobiernos estatales y
municipales, de las cuales solo cinco han terminado en alguna sanción, de
acuerdo con la ASF.
“[VÍCTOR
ANDRADE] tiene un uso indebido del ejercicio de sus funciones públicas, por la
falta de cuidado en la atención a las denuncias que se hicieron y que se negaba
a presentar aún cuando se le habían dado las evidencias del desvío o el
peculado, por no darle el seguimiento adecuado ante las instancias pidiendo que
se impulsara la acción procesal. Argumentaba que había que dar tiempo para que
se solventaran cuando eran insolventables. El no hacer nada también es
corrupción”, dijo la ex directora de las Auditorías Forenses, Muna Dora
Buchahin Abulhosn, despedida en mayo de 2018 mientras se auditaban
irregularidades por 7 mil 700 millones de pesos que involucraban a funcionarios
de Sedesol, Sedatu y las universidades estatales públicas.
“Él mismo
mandó dictámenes donde no eran procedentes auditorías que yo había dejado
programadas sobre la Estafa Maestra, donde estaban confirmados los desvíos de
recursos. También estuvo en muchos casos negando y obstaculizando que se citara
a la titular de la Secretaría [Rosario Robles], y de repente salieron los
informes de auditoría sin los nombres. Él permitió eso siendo abogado y
representante de una Unidad Jurídica de una institución que se suponía
autónoma, ética y cuidadosa de su actuación técnica”, expuso. “Encubrió a todos
los que podía”.
Si las
entidades públicas no reintegran los recursos públicos observados o no aportan
la documentación comprobatoria, la Auditoría está dotada de suponer que ha
habido un daño al erario público federal, promover la aplicación de sanciones
administrativas a los funcionarios públicos y de presentar denuncias penales de
encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un
delito.
“No tengo
ni la menor idea de qué hace ahí, pero pienso que forma parte del coto de poder
que existe ahí, del sistema viejo de complicidad; deben tener deudas
pendientes, pagan y cobran favores, y entre ellos se cubren porque no
entendería que un abogado que debiera actuar enérgicamente permitiera todo lo
que ha sucedido. A lo mejor piensan que se van a quedar eternamente y no saben
que la justicia se aplica. Esperamos en un futuro tengan que rendir cuentas
sobre sus omisiones”,
afirmó.
Virgilio
Andrade Palacios, padre del ex Secretario y del Auditor, “defendió al líder
petrolero Carlos Romero Deschamps en el escándalo de desvío de recursos de
Petróleos Mexicanos al PRI. También es asesor de Ana Paula Gérard, hoy esposa
de Carlos Salinas de Gortari”, publicó SinEmbargo en febrero de 2015.
“[VÍCTOR
ANDRADE] era cercano al anterior partido porque el hermano [ex Secretario de
Función Pública Virgilio Andrade] llegaba a la Auditoría y luego él iba a verlo
a la Función Pública. Vaya conflicto de interés, cómo era posible que vieran
las cosas entre ellos”, aseguró Buchahin, con experiencia de 13 años en labores de auditoría.
La ex
Auditora recriminó que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la Cámara de Diputados es la responsable de vigilar la actuación
de la Auditoría Superior de la Federación, pero no se ha pronunciado sobre las
denuncias de los actos dentro del órgano fiscalizador.
“Están
siendo cómplices”,
afirmó sobre la Comisión titulada por el Diputado Mario Rodríguez Carrillo.
Tras ser
despedida en mayo de 2018, reveló que de las ocho auditorías forenses en
curso había dos denuncias contra Sedatu por desvíos por 275.2 millones de
pesos.
“Llama la
atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF en
sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general –área técnica
responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías– a pesar de
los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los
informes de auditorías de 2012, detallándose el modus operandi, los probables
responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo
esquemas de corrupción y simulación”, escribió en una carta del 30 de mayo de 2018 al Auditor
David Colmenares.
“Los
montos alcanzan los 7 mil 700 millones de pesos e involucran a funcionarios de
Sedesol, Sedatu, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados
en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e
importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron
enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado [2018] para su inmediato trámite
y atención, a fin de evitar dilaciones”, agregó.
Durante
el sexenio de Peña Nieto los titulares de la entonces Sagarpa fueron Enrique
Martínez y Martínez (diciembre 2012- agosto 2015), José Eduardo Calzada
Rovirosa (agosto 2015-marzo 2018) y Baltazar Hinojosa Ochoa (abril
2018-noviembre 2018).
La Sedatu
estuvo dirigida por Jorge Carlos Ramírez Marín (enero 2013-febrero 2015), Jesús
Murillo Karam (febrero 2015-agosto 2015), Rosario Robles Berlanga (agosto
2015-noviembre 2018), detenida desde agosto de 2019 en el Reclusorio Sur por su
presunta participación en la denominada Estafa Maestra.
Y la
Sedesol fue titulada por Rosario Robles (diciembre 2012-agosto 2015), José
Antonio Meade Kuribreña (agosto 2015-septiembre 2016), Luis Miranda Nava
(septiembre 2016-enero 2018), Eviel Pérez Magaña (enero 2018-noviembre 2018).
LOS DESPIDOS
EN LA ASF.
En mayo de
2018, dos meses después de que David Colmenares Páramo tomó la dirección de
la Auditoría Superior de la Federación (2018-20126), Muna Dora Buchahin,
titular de la Dirección General de Auditoría Forense; Salim A. Orci Magaña,
titular de la Unidad de Gasto Federalizado, y Javier Peréz Savedra, de
Cumplimiento Financiero, fueron despedidos.
A través de
cuatro comunicados la Auditoría argumentó que fue por la innovación de un
equipo fiscalizador, y para que los funcionarios de la ASF no tengan “negocios”
relacionados con las actividades que desempeñan, pero, aclaró, ninguna revisión
se vería afectada.
Desde la
percepción del ex Auditor Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) su sucesor
estaba “desmantelando” al órgano y, evocó, en 2013 lo despidió “debido al
incumplimiento de sus responsabilidades y al retraso en el trabajo que se
llevaba en el área a su cargo”.
El viernes 1
de junio de 2018, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo
Lozano Dubernard, quien tomó el cargo el 21 de mayo en sustitución de Pérez
Savedra, escribió en una carta que durante la gestión anterior la ASF contrató
a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que la ex auditora Muna
Dora Buchahin encabeza, para prestar servicios de capacitación.
La ex auditora
rechazó conflicto de interés por tratarse de una academia y aseguró que fue
despedida porque resultó “incómoda” con su trabajo de auditoría sobre desvíos
millonarios de recursos públicos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.