Enrique
Quintana.
El
presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el próximo domingo su
plan para reactivar la economía en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Hay mucha
expectación entre los empresarios, y entre la gente en general hay dudas a
propósito del contenido de esta propuesta.
Tal vez me
equivoque, pero si usted está esperando un gran cambio en la política económica
para hacerle frente a la crisis que enfrentamos, me parece que se va a
desilusionar.
Existe
algo que podríamos denominar como el ‘síndrome del Fobaproa’. El presidente incluso
escribió un libro acerca de aquel programa de rescate bancario: Fobaproa,
expediente abierto, publicado en 1999, cuando era presidente nacional del PRD.
López
Obrador se quedó con la imagen, parcialmente cierta, de que aquel programa
de rescate financiero ayudó a personas y empresas que tenían recursos y que no
lo necesitaban, generando un gran fraude. En contraste, no hubo un programa de
esas dimensiones que atendiera las necesidades de los grupos sociales más
vulnerables.
Con esa idea
en mente, el programa de reactivación del próximo domingo seguramente
incluirá algo de lo que ya se ha adelantado: un millón de créditos de entre 10
a 25 mil pesos para microempresas, señalando que éstas emplean al 75 por ciento
de los trabajadores y 92 por ciento no tienen acceso al financiamiento.
Además, probablemente
se ponga más énfasis en la entrega de recursos a adultos mayores, a quienes ya
se les adelantó un bimestre.
Habrá
también medidas del Infonavit y del Fonacot para apoyar a los trabajadores con
problemas. Se anunciarán también programas de la banca de desarrollo. Por
ejemplo, Banobras ofrecerá liquidez a las empresas del sector de
infraestructura; Nafin ofrecerá apoyo a la liquidez de las empresas en créditos
directos; igualmente habrá recursos adicionales para intermediarios
financieros; Nafin y Bancomext también ofrecerán un programa de garantías,
entre otros de los programas que se habrán de anunciar.
Sin embargo,
a diferencia de lo que se ha visto en otras partes del mundo, no habrá
programas específicos para evitar la bancarrota de empresas medianas o grandes,
con la lógica de que los recursos deben canalizarse fundamentalmente hacia las
firmas más pequeñas, así como hacia el grueso de la población.
López
Obrador tiene razón en las críticas a algunos de los programas de rescate
que se han aplicado en el pasado, pero como en otras ocasiones hace borrón
y cuenta nueva, ‘tirando el agua sucia de la bañera con todo y niño’, sin
reparar en que a veces rescatar a una gran empresa implica rescatar a cientos
de pequeñas que viven en torno a ella.
Para evitar
que la economía se desplome a los niveles que algunos anticipan hasta en 8 por
ciento, sería necesario que también se apoyara a las empresas de mayor tamaño.
Esto también
debería implicar la posibilidad de escalonar los pagos de impuestos, como ha
pedido el CCE y pagos expeditos del gobierno y empresas productivas del Estado
a sus proveedores.
En este
contexto, el gobierno federal no puede perder de vista que se requieren niveles
de endeudamiento mucho más elevados.
El déficit
público, que ya estaba previsto en los Criterios Generales de Política
Económica en 547 mil millones de pesos, crecería a 806 mil millones bajo las
nuevas circunstancias. El incremento es 1.2 por ciento del PIB.
Aunque no es
de despreciarse esta cantidad, está muy por debajo de las necesidades
financieras de un entorno extremadamente complicado.
En EU, el
programa fue equivalente al 15 por ciento del PIB.
Si no se da
una respuesta del tamaño del problema, no habrá de otra, la economía se va a
hundir este año.
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