Por Mathieu
Tourliere.
Catorce consorcios empresariales enviaron
propuestas para construir el tramo del Tren Maya que uniría Palenque (Chiapas)
con Escárcega (Campeche), entre los que se encuentran las empresas constructoras
de Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon o David Peñaloza Alanis, que participaban
en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
También destacan
empresas estatales de China en tres propuestas, como China Railway Construction,
que en el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía el contrato para construir el
tren México-Querétaro, cancelado cuando estalló el escándalo de la Casa Blanca,
porque el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú formaba parte del consorcio
ganador del megaproyecto. Dicha cancelación provocó un roce diplomático y
comercial entre China y México.
El Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que tiene a su cargo el megaproyecto
del Tren Maya –cuyo costo rondaría los 150 mil millones de pesos–, presumió
hoy las propuestas de los consorcios y anunció que dará a conocer el fallo el
próximo 23 de abril “para empezar la obra el 30 de abril”.
Según el
documento, los montos de las propuestas oscilaron entre 12 mil 925 millones
de pesos –presentada por un consorcio encabezado por la empresa constructora
tabasqueña Grupo Vázquez del Sur y la española Rubau– y 22 mil 920 millones de
pesos, de un consorcio que encabeza la constructora Omega, de Jorge Miguel
Melgarejo Haddad, que el documento del Fonatur llamó “Omega Construcciones
Insdustriales (sic)”.
La
segunda más económica fue presentada por un consorcio de cinco empresas, integrado
por la portuguesa Mota-Engil –una de las más privilegiadas por contratos de
obra pública durante el sexenio de Peña Nieto–y la China Communications
(“Comunicatios” en el documento) Company Limited.
Aparte
del consorcio con Mota Engil, las empresas estatales chinas enviaron una serie
de propuestas, ya sea a nombre propio o en consorcio: China Railway
International Group mandó una cotización por 16 mil 693 millones de pesos y
aparte envió otra por 14 mil 784 millones de pesos, en consorcio con Constructora
y Edificadora GIA + A (escrita GIAXA en el documento), una empresa dirigida por
Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Operadora
Cicsa, de Carlos Slim, presentó una propuesta conjunta con la española FCC por
17 mil 440 millones de pesos, mientras que las españolas Sacyr y Construcciones
Urales las enviaron en nombre propio, por 18 mil 465 millones y 19 mil 124
millones de pesos, respectivamente.
Otra más
fue enviada por el consorcio integrado por Pinfra Sector Construcción –escrito
“Pinfra Sectur Sontrucción (sic) en el documento–, del magnate David Peñaloza
Alanis, las españolas Caltia Concesiones –“Caltia Conseciones (sic) en el
informe– y Copasa, y Regiomontana de “Construccioón” (sic) y Servicios, por un
monto de 15 mil 385 millones de pesos.
ICA –que
Fonatur escribió “ICA Infraetsructura (sic)”– mandó una propuesta por 14 mil
295 millones de pesos, y el consorcio formado por La Peninsular –de Carlos Hank
Rhon–, Carmargo Correo Infra e Cydssa –de Sergio Roberto Valenzuela Aguilera–,
presentó su propuesta por 13 mil 849 millones de pesos.
Aparte,
Nexum Rail y Emartons remitieron una cotización de 14 mil 895 millones de
pesos; el consorcio de empresas liderado por Grupo Cemza –de la familia Zavala
Solís, contratistas de Pemex en la presente administración– envió una propuesta
por 15 mil 508 millones de pesos, mientras que el consorcio “hecho en México”,
dirigido por Caabsa –de los hermanos Amodio, vinculados con el Grupo Villar
Mir, dueño de OHL–, ofreció un precio de 15 mil 999 millones de pesos.
En un
primer tiempo el gobierno federal planeaba financiar el Tren Maya con inversión
privada, pero a lo largo de los meses el plan cambió y ahora se plantea que el
100% del financiamiento del megaproyecto sea público.
El pasado 10
de marzo, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur,
reconoció que la crisis económica y la recesión que provocará la pandemia de
covid-19 en México tendrá impactos sobre las inversiones públicas en
infraestructura, y enfatizó en la necesidad de encontrar un “plan B” para
conseguir los recursos.
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