Lozoya, el testigo convenido.

Ricardo Ravelo.

El retorno de Emilio Lozoya encierra una trama, cuyas partes medulares empiezan a conocerse debido a las filtraciones informativas del Gobierno: se trata de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) desenrede la madeja de corrupción tejida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular, los sobornos entregados por Odebrech, el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, los contratos amañados que se operaron en la paraestatal, el huachicol, el fructífero negocio de los altos mandos de la empresa gubernamental.

Ahora, ¿para qué negoció la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya? Todo el mundo debe suponer que para conocer el intríngulis de este entramado de corrupción y castigar a los responsables. Sin embargo, se trata de utilizar a Lozoya como instrumento de una campaña mediática, cuyo objetivo es ondear la bandera del combate a la corrupción y construir, de aquí hasta mediados del año entrante, una enorme estela, una suerte de cortina que, a su vez, amortigüe el impacto político de los grandes fracasos del gobierno de la Cuarta Transformación:

–La violencia de alto impacto perpetrada por el crimen organizado, para cuyo problema no existe una política clara. El Gobierno está avasallado por la violencia criminal y el Presidente sigue enfrascado en dar abrazos a los delincuentes y se niega a utilizar las facultades que le confiere la ley.

–Los estragos de la COVID-19, en gran medida recrudecidos por el manejo irresponsable del Gobierno, cuyas cifras ya superan los 40 mil muertos. Las cifras y decesos aumentan y aquí hay dos responsables: el mal manejo oficial y la irresponsabilidad social: la gente no toma consciencia de que el coronavirus es mortal.

–El derrumbe económico del país, lo que ha derivado en una de las crisis económicas más severas desde aquel amargo 1994, cuando Carlos Salinas entregó un país maquillado como de primer mundo cuando, en realidad, estaba en caída libre.

El regreso de Lozoya  cayó como “anillo al dedo”, como dijo el Presidente al referirse a la pandemia, pues el exfuncionario federal, convertido en un instrumento, en un ariete gubernamental, confesará lo que sabe sobre la corrupción pero está muy claro que López Obrador no permitirá que la FGR –que no parece autónoma –integre una carpeta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues también es muy evidente que entre el Presidente y Peña Nieto existe un pacto de impunidad, regla de oro en el sistema político que el mandatario conoce muy bien porque fue y es un hombre del sistema. La Cuarta Transformación, emprendida por el actual Gobierno, es una continuidad maquillada del pasado.

Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar del Gobierno. Tan pronto arribó a la Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud.

Nunca antes el Ministerio Público Federal había dispensado trato tan especial a un testigo colaborador, ni siquiera en los tiempos en que se utilizó la figura del testigo protegido, aquel instrumento que fue operado perversamente por el poder político para denostar y encarcelar a los enemigos.

Y es que muchos testigos del crimen organizado fueron abandonados a su suerte después que declararon lo que sabían. Algunos casos ilustran lo anterior:

–Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, pieza del Cártel de Juárez, fue asesinado al bajar de un autobús del transporte público. Había confesado muchos secretos sobre Amado Carrillo y su red de protección. Dispuso de una escolta cuando fue útil a la extinta Procuraduría General de la República, pero después le retiraron la seguridad y fue abatido por sus enemigos.

–La misma suerte corrió Jaime Olvera Olvera, otro miembro del Cártel de Juárez, quien incluso incriminó a Liébano Sáenz cuando fungía como secretario particular de Ernesto Zedillo, al señalarlo como un hombre clave en las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el Gobierno para dejar de perseguir a Amado Carrillo. El señalamiento fue descalificado por la PGR al declarar al testigo enfermo de sus facultades mentales y proclive a la mitomanía. La locura, sin embargo, se hizo valer sólo en este caso porque, extrañamente, el resto de sus declaraciones fueron consideradas válidas.

–La muerte más reciente de un testigo protegido ocurrió en el Gobierno de Felipe Calderón: se trató de Édgar Bayardo del Villar, cómplice de Genaro García Luna en la protección al Cártel de Sinaloa. Este personaje fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Conocía como nadie a Ismael “El Mayo” Zambada porque era su protector y operador en el tráfico de drogas que se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido por esos nexos y se acogió al programa de testigos protegidos. Cuando decidió confesar lo que sabía sobre Zambada, la PGR le asignó una escolta, luego le fue retirada. Abandonado a su suerte, un día acudió al café Starbooks de la colonia Del Valle. Cuando degustaba su expreso fue ejecutado por hombres armados.

Otros testigos que tuvieron un trato especial –que terminó en corrupción –ocurrió en tiempos de Ernesto Zedillo, quien encarceló a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del entonces Diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha.

En ese tiempo, la PGR encabezada por Antonio Lozano Gracia contrató los servicios de una vidente –Francisca Zedina, “La Paca” –para que colaborara con la PGR en la búsqueda y localización  de Muñoz Rocha. El Fiscal del caso era Pablo Chapa Bezanilla, quien terminó enredado en esa madeja de corrupción y mentiras a grado tal que tuvo que huir a España, de donde fue extraditado. Luego se descubrió que utilizó los sistemas de inteligencia de la PGR para espiar a personas de su círculo íntimo.

“La Paca” procedió a exhumar unos restos humanos del panteón de Tláhuac y los inhumaron en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas; luego le dijo a Chapa Bezanilla que, según le habían informado los espíritus, el cuerpo de Muñoz Rocha estaba enterrado en ese rancho. Se realizó la búsqueda del cadáver y, en efecto, fueron sacados unos restos humanos que, en realidad, se trataba de una pedacería humana que nunca arrojó ninguna conclusión: aquello fue todo un montaje que sirvió para que “La Paca” y su cómplice Ramiro Aguilar Lucero cobraran más de un millón de pesos que, supuestamente, terminaron en manos de los funcionarios de la PGR.

En este asunto, el entonces Procurador Lozano Gracia y su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar fueron criticados duramente porque, a fin de incriminar a Raúl Salinas por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, le pagaron dos millones de pesos a Fernando Rodríguez González, secretario particular de Muñoz Rocha, para que incriminara a Raúl Salinas por el asesinado de su cuñado.

La defensa del hermano del expresidente acusó que la PGR pagó por el testimonio incriminatorio; los fiscales del caso dijeron que al testigo sólo se le estimuló para que dijera la verdad. Toda esta maraña quedó como una historia de corrupción, mentiras y excesos que evidenciaron los perversos alcances de la PGR en el manejo de los llamados testigos protegidos o convenidos.

La situación de Lozoya rememora aquellos casos escandalosos. Al exdirector de Pemex se le protege porque temen que lo maten por lo que sabe y puede declarar. Es un juego de intereses: La FGR obtendrá los testimonios incriminatorios contra Videgaray, Peña Nieto y otros. A cambio, Lozoya resultará beneficiado al quitarle dos delitos graves –lavado de dinero y delincuencia organizada –dejándole sólo el de cohecho y así evitará pisar la cárcel. En resumen, Lozoya fue llevado a México para liberarlo.

A todas luces, este caso se trata de una negociación. De ser un tránsfuga, Lozoya le aportará a la Cuarta Transformación la información que requiere, ya sea para enderezar las carpetas contra Peña Nieto y otros cómplices –lo que se duda –o bien para robustecer la campaña mediática que prepara de cara a las elecciones intermedias del 2021.

Del combate a la corrupción sin tocar a nadie, como hasta ahora lo ha hecho, pues de nada han servido tantas denuncias en ese sentido si él es el principal defensor de Peña Nieto.

Recientemente, el Presidente López Obrador alzó la voz por la difusión que se le dio, en casi todos los medios, a los videos donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío bélico. Dijo que le sorprendía la enorme difusión de esas imágenes –un exceso –, pero no utiliza el mismo criterio si se trata de su testigo convenido –Emilio Lozoya– a quien se refiere como un personaje a quien se le debe cuidar porque –asegura –ya está hablando y acusando a políticos corruptos. Eso sí hay que difundirlo y sin medida porque es lo que conviene a sus intereses. Así de clara es la incongruencia del mandatario: se molesta por lo que no le gusta y él mismo atiza, desde su púlpito, lo que va acorde con sus conveniencias personales y políticas.

Así de claro el doble discurso de AMLO.

Arturo González Cruz, Presidente Municipal de Tijuana.

Arturo González Cruz, Presidente Municipal de Tijuana. Foto: Especial

TIJUANA: UNA EXCEPCIÓN NACIONAL

Después de ser uno de los ayuntamientos más saqueados por las administraciones priistas y panistas –en realidad siempre fue manejado como un verdadero botín– la administración municipal que encabeza Arturo González Cruz fue premiada con la calificación AAA por la Agencia Internacional Fitch Ratings. Le otorgó la puntuación más alta por el manejo responsable de las finanzas públicas, algo nunca visto en ese Ayuntamiento y en otros del país, pues pocas veces se observa que una administración municipal sea reconocida por una agencia internacional, como fue el caso de Tijuana, gobernado por Arturo González Cruz, quien ganó las elecciones en 2018 por Morena, dejando en el camino a dos contrincantes cuestionados: Julián Leyzaola (PRD) y Juan Manuel Gastélum (PAN), éste último acusado de actos de corrupción y negocios a la sombra del poder.

Hablar de los Ayuntamientos del país es tocar un punto crítico: la mayoría están endeudados, infiltrados por el crimen o Gobernador por narcotraficantes que llegaron al poder apoyados por células del crimen organizado. Por eso existe una honda crisis de inseguridad y quiebras financieras históricas.

En este escenario oscuro, el Ayuntamiento de Tijuana es una excepción extraordinaria y el gran mérito por el buen manejo financiero lo tiene el alcalde Arturo González Cruz, quien con trabajo ha logrado colocarse como una pieza fundamental en el escenario político de Baja California.

Hábil en el manejo empresarial, financiero y político, González Cruz es uno de los hombres con más posibilidades para relevar en la gubernatura de esa entidad a Jaime Bonilla Valdez; es puntero en las encuestas, por lo que está colocado con las mejores preferencias.

Su trabajo arroja resultados. Y es que el correcto manejo de las finanzas, en este caso –por encima de los municipios de Guadalajara y Monterrey –fue la pieza fundamental que ha brindado seguridad económica al Gobierno municipal de Tijuana. En pocas palabras, hay certidumbre en su economía y en la estructura gubernamental.

Además, el Congreso del estado autorizó la licitación de 2 mil 371 millones de pesos de una deuda total de 2 mil 650 millones. El monto para Bancomer fue de mil millones y de 750 para Banorte, dando como resultado la renegociación de mil 750 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal, por otra parte, colocó al Ayuntamiento de Tijuana en segundo lugar a nivel nacional por los resultados del avance en la implantación del presupuesto basado en resultados y sistemas de evaluación del desempeño del ejercicio fiscal 2020.

El reconocimiento del Gobierno de la República se debe a las acciones implementadas en transparencia del presupuesto y rendición de cuentas claras, lo que ha permitido gozar de finanzas saludables.

Cabe mencionar que Tijuana fue mejor calificada, por arriba de ciudades como Guadalajara y Monterrey.

A esto se suma el buen manejo que ha realizado el Gobierno Municipal de la crisis causada por la COVID-19, lo que le ha permitido contener de manera considerable la recaudación del predial e Isai, los dos impuestos más importantes del Ayuntamiento de Tijuana.

Un dato: En los primeros seis meses del año, se recaudó un total de 867 millones 759 mil 822.46 millones de pesos.

Esto representa un total de 38 millones 665 mil 766.73 millones de pesos adicionales en comparación con el 2019.

Además, el Alcalde Arturo González Cruz logró la cancelación de la segunda deuda más grande en la historia de la administración municipal de Tijuana que ascendía a mil 400 millones de pesos, más intereses, daños y perjuicios. A esto se sumarían daños y perjuicios, pero gracias a la intervención del presidente se logró que el Ayuntamiento sólo pagara 50 millones de pesos y la deuda quedara cancelada.

Así, Arturo González Cruz construye su camino hacia la gubernatura de Baja California.