Por Daniela
Barragán.
Horas antes
de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y
vinculación a proceso a Rosario Robles Berlanga, el 13 de agosto de 2019, se
le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de
dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos
que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto
ella como la defensa dijeron que no.
A
Rosario, extitular
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar), se le acusó
de uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella
dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la
dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido
como La Estafa Maestra. Entonces se abrió un espacio en el que se le cuestionó
si avisó a su superior, que sería el expresidente Peña Nieto o a su sucesor en
la Sedesol, José Antonio Meade.
Horas antes,
su defensa dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea
roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), de las que ella tuvo conocimiento a través de
los Pliegos de Observaciones.
En cuanto
a José Antonio Meade, los abogados señalaron que una de las pruebas de que
Rosario estaba interesada en atender las observaciones de la Auditoría, está en
las actas de la entrega-recepción que ella le hizo a José Antonio Meade al
entregarle la Sedesol en agosto de 2015.
Eso
habría abierto una vertiente en el caso y hubiera debilitado la acusación de que
ella permitió el sostenido desvío de recursos.
No se ahondó
sobre eso. Rosario, hace un año ya, quedó vinculada a proceso por el delito
de ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y también en la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y agravado por
tratarse de un delito continuado, es decir, que brincó con ella de una
Secretaría a otra. La Fiscalía le imputó irregularidades en el manejo de 5 mil
070 millones de pesos que podría convertirse en el pago por reparación de daño,
además de los 23 años que podría pasar en prisión.
FALTA DE
SOLIDARIDAD.
El pasado
miércoles, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR),
respondió a la pregunta de por qué se les trató a los dos exfuncionarios de
manera desigual: a ella la mandaron a la cárcel por un delito que no ameritaba
prisión y Lozoya llegó de España directo a un hospital y luego enviado a su
casa.
“Este
individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está
haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando
se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del
Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia
patrimonial de 400 millones de pesos […] En el otro caso [el de Rosario Robles]
no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas
gran parte de las instituciones educativas del país”, dijo el Fiscal General.
“La
jerarquía de los daños merecen la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa
Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las
instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que
ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó
Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, ¡qué
pasó!”.
A lo dicho por
el Fiscal en un seminario de El Colegio de México (Colmex), reaccionaron tanto
la defensa de Rosario y ella misma a través de una carta en la que dijo que
está presa en el Penal de Santa Martha Acatitla, por “la venganza de unos, la
cobardía y el silencio cómplice de otros y una procuración de justicia
selectiva”.
En las tres
páginas que escribió a mano, que fueron difundidas a través de su cuenta de
Twitter que actualmente maneja su hija Mariana Moguel Robles, reiteró que el
cargo del que se le acusa, que es omisión no amerita prisión y que se le juzga
por quién es y no por lo que “supuestamente” hizo.
“A quienes
se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los
delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad
[…]La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí
porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer […] Yo estoy tranquila
como dijo recientemente el Presidente ‘mi tribunal es mi propia conciencia’”.
Los abogados
de Robles respondieron a Gertz Manero. Le reclamaron por dar a entender que la
exfuncionaria está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, dando a
entender que está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios,
cuando en realidad no tiene nada qué revelar.
“Para esta
defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como
un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’ hoy es
prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no
querer ‘colaborar’ con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es
ningún delito”, planteó en un comunicado el despacho Epigmenio Mendieta &
Abogados.
Agregaron
que “las imprecisiones observadas por el fiscal Gertz” señalan a Rosario Robles
de provocar daño patrimonial, pero no existe ninguna acusación formal por parte
de la FGR por un delito diferente al que mencionan en líneas arriba y que hasta
el momento, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para justificar la
prisión preventiva, como la licencia falsa, han sido desacreditadas en cada una
de las audiencias.
Sin embargo,
en este caso hay buenas noticias para Rosario. Luego de que se le negara por
más de tres veces la prisión domiciliaria, el pasado martes una Jueza federal
admitió a trámite un amparo para afrontar su proceso penal en libertad.
Será el 17
de agosto y el 9 de septiembre cuando la Jueza María Dolores Núñez Solario
celebre las audiencias donde determine si otorga la medida solicitada por la
exfuncionaria.
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