Por Gabriela
Hernández.
El
gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que su gobierno presentó una
denuncia en contra de 10 extitulares de las secretarías General de Gobierno y
de Finanzas del estado, por supuesta malversación de una partida secreta, que
en total suma 241 millones de pesos.
Uno de esos
exfuncionarios, el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto, quien fungió
como secretario de Gobierno, exhibió que parte de esos recursos fueron
entregados al equipo de transición de Barbosa Huerta tras las elecciones de
2019.
De acuerdo
con el gobernador, la denuncia fue presentada por David Méndez Márquez,
secretario de Gobernación, ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la
Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre los
acusados se encuentran el actual magistrado, Jorge Benito Cruz Bermúdez; el
exgobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano; Luis Maldonado Venegas (ya
fallecido); el actual senador panista Roberto Moya Clemente, y el diputado
federal, Fernando Manzanilla Prieto.
Todos
ellos ocuparon la Secretaría General de Gobierno en el sexenio de Rafael Moreno
Valle, así como en el mini-gobierno de Antonio Gali Fayad y durante el
interinato.
También fueron
señalados Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Bernal Miranda, Raúl Sánchez
Kobashi, Enrique Robledo Rubio y Jorge Estefan Chidiac, quienes fueron
titulares de la Secretaría de Finanzas del estado durante las mismas
administraciones mencionadas.
La denuncia refiere
que los titulares de esas dependencias utilizaron de manera discrecional la
“Partida 3370”, llamada “Servicios de Seguridad y Protección”.
En el
caso de Manzanilla Prieto se señala que del 12 de febrero al 1 de julio de
2019, cuando el ahora legislador federal formó parte del gabinete del
gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, uno de sus colaboradores,
identificado como Álvaro Gómez González, recibió 24 millones de pesos en
distintas entregas.
Sin embargo,
a través de su cuenta en Twitter Manzanilla Prieto reveló que el ahora
gobernador conocía de esa partida secreta y, además, hizo uso de la mayor parte
de los recursos durante el proceso de transición de gobierno, tras las
elecciones de 2019.
Incluso exhibió
un recibo de la entrega de 1 millón y medio de pesos a David Méndez Márquez,
actual secretario General de Gobierno y quien encabezó el equipo de transición
del entonces gobernador electo.
“La
partida presupuestal Servicios de Seguridad y Protección es un concepto
autorizado por el Congreso del Estado y homologado a las normas federales.
Aclaro que @MBarbosaMX como Gobernador Electo fue informado de la supuesta
“partida secreta” y sus montos de operación”, señaló Manzanilla.
Añadió: “Incluso
@MBarbosaMX dispuso de la mayor parte de estos recursos, los cuales se
destinaron para el proceso de transición. De esto, existen documentos firmados
por personas del primer círculo del Gobernador, entre ellos del propio
denunciante @DavidMendezPue”.
Y anunció
que Álvaro Gómez González, excoordinador general de Administración de la SGG,
acudirá ante las autoridades para aclarar “cualquier duda” sobre el recurso
asignado en el tiempo que fungió como secretario.
Barbosa
mantiene una abierta confrontación contra Manzanilla Prieto, pese a que en los
comicios de 2018 el diputado federal fue uno de los principales operadores
políticos en su campaña.
En 2019, Manzanilla
fue nombrado secretario General de Gobierno en el período interino y se mantuvo
en el cargo en los primeros meses de la administración barbosista.
Tras su
salida, Barbosa constantemente lo señala como responsable de supuestas campañas
en su contra en las redes sociales.
PERDONA A EX
NOTARIOS.
Por otra parte,
el mandatario poblano informó que no habrá consecuencias legales para 18 ex notarios
que cometieron irregularidades durante el sexenio de Rafael Moreno Valle para
obtener sus patentes.
Mencionó
que luego de que los allegados y exfuncionarios de la administración
morenovallista devolvieron de manera voluntaria sus patentes, el gobierno
federal no procederá en su contra por la documentación falsa que presentaron y
por usar algunos prestanombres.
Cuando
recién arrancó el gobierno, Barbosa anunció que se llevaría a cabo una
investigación sobre la asignación de 29 notarías en el gobierno de Moreno
Valle, pues había informes de que no cumplieron con los protocolos para su
asignación. Hoy han sido absueltos por el mismo mandatario estatal.
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