El efecto Lozoya.

Adela Navarro Bello.

La llegada de Emilio Lozoya Austin a México, suponían muchos, significaba que llegaría a enfrentar a la justicia que por tantos años presumiblemente le ha perseguido, desde que la sospecha de corrupción recayó sobre sus espaldas luego de conocerse el contenido de las investigaciones brasileñas contra la compañía Odebrecht por haber otorgado sobornos alrededor del mundo, particularmente en América Latina, para el desarrollo y crecimiento de la empresa.

Investigaciones, develadas en México por un grupo de periodistas quienes tuvieron acceso a los expedientes judiciales y declaraciones en Brasil, revelaron que por lo menos tres ejecutivos de Odebrecht habían declarado en el juicio, haber tenido contacto y acordado con Emilio Lozoya Austin, la entrega de por lo menos diez millones de dólares. A cambio de la promesa de una vez llegar al Gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto, les otorgaría contratos. Así sucedió. Emilio Lozoya quien había compartido que llegaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando se confirmara el triunfo de Peña Nieto, fue designado director de Petróleos Mexicanos, desde donde, se estableció en las investigaciones, continuó pactando con Odebrecht y otras empresas, generalmente en detrimento del país.

Cuando estas revelaciones fueron públicas, y el entonces Presidente Peña Nieto, retiró de su equipo a Lozoya, comenzó la persecución, por lo menos mediática, porque ni en la Procuraduría General de la República –en funciones en aquel entonces- ni en la Secretaría de Hacienda, en la de la Función Pública o en la de Hacienda se iniciaron formal y comprometidamente investigaciones. Fue el en aquel momento fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto, la autoridad que más cerca estuvo de juzgar a Emilio Lozoya, pero entones fue obligado a renunciar al cargo, y en la PGR no siguieron con la investigación.

Si una bandera de campaña tuvo como candidato el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, esa fue el combate a la corrupción. Antecedido en la administración pública por uno de los gobiernos más corruptos que se tenga memoria, el encabezado por Enrique Peña Nieto, muchos esperaban que iniciado el sexenio morenista, cayeran los corruptos. Pero no fue así.

Emilio Lozoya y su familia huyeron del país. Y el Presidente López Obrador inició con la prédica de no estar de acuerdo con que los expresidentes sean juzgados. Pero Santiago Nieto, ya instalado en el sexenio morenista persistió. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera continuó las investigaciones que le truncaron en el peñismo, y finalmente logró congelar las cuentas a Lozoya, quien fue inhabilitado por la Función Pública para ejercer un cargo público durante los siguientes diez años, y un Juez concedió una orden de aprehensión en su contra por operación de recursos de precedencia ilícita entre otros delitos. Obvio muchos mexicanos pensaron que el tiempo de hacer rendir cuentas a los corruptos había llegado. Pero no.

El excolaborador de Peña Nieto amagó desde la clandestinidad con acusar a quienes le habían ordenado accionar ilícitamente como lo hizo. Estaba entonces comprando libertad. Por que cuando en febrero de este año fue aprehendido en Malaga, España, y en julio extraditado a México, pocos esperaban que el hombre del hilo corruptor de Peña Nieto, el ejecutor y testigo clave, no pisaría la cárcel. Y no lo hizo. El juicio a Lozoya ha sido el más laxo de la historia contemporánea. A diferencia de gobernadores como Javier o César Duarte, ni hablar de Rosario Robles, por mencionar a quienes crecieron en el peñismo, Lozoya ha sido tratado con la delicadeza propia de un aliado del sistema. No ha pisado la cárcel y en lo que procede su juicio no lo hará. A pesar que se mantuvo prófugo por casi diez meses, que invirtió para evadir a la justicia, en el Poder Judicial determinaron que llevaría su proceso en libertad, como medida impositiva apenas un brazalete electrónico a través del cual se monitorea su actividad las 24 horas del día con el objetivo de vigilarlo para evitar que huya de nueva cuenta.

Pero si prófugo vivió entre lujos en Alemania y España, durante su procedimiento judicial está en la tranquilidad de casa, negociando su libertad, a cambio de perjudicar la de otros.

Emilio Lozoya se ha convertido en la pieza electoral más importante para el Gobierno de Morena en el país.

Será el ejemplo de cómo se castiga la corrupción, alcanzará como lo han obtenido otros, acuerdos para disminuir el castigo a cambio de colaborar con investigaciones, que aun cuando no concluyan con otros personajes en prisión, servirán para evidenciar la corrupción, el derroche, el abuso y el exceso que se vivió y ejercicio en el sexenio pasado, justo antes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ganara su elección en 2018.

Tan no se está realizando una investigación a la altura de la corrupción y el derroche, que en ese afán generoso y colaboracionista, Emilio Lozoya ha ayudado una vez al Gobierno de México y a la Fiscalía General de la República, al presentar por sí, una denuncia donde señala directamente al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de ser quienes orquestaron los sobornos de Odebrecht, quiénes le dijeron a qué personas entregarle más de 100 millones de pesos producto de esas transacciones, y que por general entregaron a personas ligadas con la campaña electoral del 2012, en la cual Peña salió triunfante.

También y para ahorrar fojas de investigación para llegar a determinados hechos, Lozoya les ha entregado en la denuncia que presentó, a senadores, diputados, dirigentes de partidos y otros exfuncionarios, como quienes contribuyeron en practicas desleales y corrompidas, la aceptar dinero de procedencia ilícita para aprobar aquellas reformas estructurales, que el expresidente Enrique Peña Nieto presumió como el principal logro de su administración, “de la mano” de los partidos políticos de oposición.

Es evidente que Emilio Lozoya no quiere esperar los tiempos de la Fiscalía para la investigación de su caso, y está aportando su propia evidencia en una nueva denuncia, ahora interpuesta por él, o que está cumpliendo con un acuerdo para su entrega. Lo que sí, es que pocos ex funcionarios señalados de corrupción al nivel Lozoya, han sido tratados con la gentileza política, social y jurídica que el ex director de Pemex.

Pero es tiempo de crisis, preámbulo electoral de la elección más grande que se haya realizado en el país, y la política apremia. No parece haber coincidencia en el hecho que en las últimas semanas, dos personajes ligados al PRI, a Enrique Peña Nieto, y a la corrupción, han sido capturados y amenazan con hacer de sus casos espectáculos mediáticos de corrupción, Emilio Lozoya y César Duarte.

Por lo pronto, en las siguientes semanas y meses, está por verse el efecto Lozoya que tendrán las elecciones del 2021, pues la premisa es que entregará a políticos de todos los partidos, menos de Morena claro, porque cuando el pacto político de Peña y la aprobación de las reformas estructurales, ese instituto no existía.

Pero este, será un caso en el que la información sobre el pasado corrupto, irá destilándose en el largo plazo, y ojalá que también termine por llevar a la justicia los sonados casos de irregularidades y abusos de la pasada administración, más allá de lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desee.