Por Beatriz
Pereyra.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó al subdirector de Calidad
para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade),
Israel Benítez, por autorizar que siete prestadoras de servicios contratados a
través de la partida denominada Capítulo 3000 vivieran y se alimentaran en las instalaciones
que son exclusivas de los deportistas mexicanos y sus equipos
multidisciplinarios.
Asimismo, cuatro
supuestos entrenadores que son beneficiarios del fideicomiso Fondo para el
Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) han gozado del mismo privilegio, lo cual
generó un daño patrimonial a la Conade.
Mediante un
comunicado, la SFP reveló que el Órgano Interno de Control (OIC) en la
Conade acreditó la indebida prestación de servicios de hospedaje, alimentación
y uso de las instalaciones de Villas Tlalpan, a personas que no son atletas de
alto rendimiento y tampoco formaban parte del Sistema Nacional de Cultura
Física y Deporte (Sinade) ni del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte
(Renade).
Esta
resolución es la primera que la SFP emite en respuesta a los resultados de la
auditoría 12/2019 que se realizó el año pasado por instrucciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador y por las cuales se iniciaron varios expedientes de
investigación que resultaron en 22 observaciones.
Una de
esas observaciones es justamente ésta por la cual Israel Benítez ha sido
destituido y en ella también está involucrado el director de Alto Rendimiento,
Arturo Contreras Bonilla, quien fue suspendido indefinidamente desde hace un
mes por la SFP por otras irregularidades.
“Los
servicios fueron solicitados por dos servidores públicos sujetos a la
supervisión del Subdirector de Calidad para el Deporte, a quien se le impuso la
sanción tomando en cuenta la reincidencia y el nivel jerárquico”, dice el comunicado.
En los
resultados de la observación número 3 de la auditoría 12/2019 que elaboraron
los auditores OIC quedó asentado que, de manera indebida, Arturo Contreras
Bonilla instruyó a la subdirectora de Estancias Deportivas, Sonia Guzmán
Hernández, para que 11 personas pudieran desayunar, comer, cenar, recibir fruta
e hidratación y siete de ellas, además, se hospedaran en las Villas Tlalpan.
Los
supuestos entrenadores que han gozado de este beneficio son María Natalia
Escobar Mota, Mónica Fontes Chávez, Eunice Romero Garibay y Raquel Micó
Sánchez. Ellas en realidad forman parte de un grupo de “analistas técnicos” de
la Conade cuya función es elaborar los dictámenes técnicos para los viajes y
adquisición de material deportivo de los deportistas que han sido pagados a
sobreprecio y comprobados con facturas alteradas y/o apócrifas como Proceso ha
publicado desde abril de 2019.
Los
prestadores de servicios son: Luis Daniel Cosmes Zermeño, Francisco Reyes
Hernández Aguilar, Sheila Hanan Ramírez Mena, Eduardo Ramírez Mena, Gisela
Solís Chavira, Roberto Vences Medina y Margarita Enríquez García, todos ellos
coludidos con Arturo Contreras Bonilla.
Para tratar
de justificar que viven y comen en la Conade, Contreras Bonilla hizo pasar a
estas personas como “empleados” cuando los contratos del Capítulo 3000 señalan
claramente que no tienen relación laboral alguna pues el objeto de su
contratación es para prestar servicios profesionales, científicos y técnicos.
Asimismo, los
“entrenadores” beneficiarios del fideicomiso Fodepar tampoco tienen una
relación contractual y, por lo tanto, no son empleados ni prestadores de
servicios.
“Lo
anterior causó un daño al patrimonio y a los fines de la Conade afectando
directamente el espacio para el hospedaje y alimentación exclusivo para deportistas
y equipos multidisciplinarios y reflejándose en el incremento de los costos en
los montos mínimos y máximos que se estipulan en el Contrato del Servicio del
Comedor”,
concluyeron los auditores en la observación 3.
De acuerdo
con la auditoría el monto que debe recuperarse asciende a 133 mil 487 pesos.
Los
auditores instruyeron a Israel Benítez para que “realice la terminación
anticipada de los contratos de los prestadores de servicios y que éstos devuelvan
los costos generadores y/o en su caso aplicar penas convencionales para
descontar el monto del daño al patrimonio de la Conade”.
También se
le requirió a Benítez que diera de baja a los “entrenadores” quienes de igual
manera deberán devolver el dinero.
El Capítulo
3000 es una partida que en la Conade se ha utilizado para cubrir la falta de
personal de estructura que desempeña alguna labor de carácter profesional,
científico y servicios especializados en la subdirección de Calidad para el
Deporte.
No obstante,
históricamente, ha sido utilizada para contratar aviadores, amigos y
familiares de los funcionarios de la Conade.
En la
gestión de Ana Guevara como directora de la Conade esta práctica se ha
perpetuado. Además de que se extendieron más contratos con respecto a
administraciones pasadas, uno de los prestadores de servicios es el sobrino del
propio Israel Benítez, Ricardo Salazar Benítez.
Salazar
Benítez cobra como prestador de servicios 24 mil 477 pesos mensuales (31 mil
pesos menos impuestos) por concepto de “proveer el servicio de gestión
administrativa para el albergue en Villas Tlalpan, llevando a cabo acciones
coordinadas con el área metodológica y administrativa del área de alto
rendimiento”.
Además de
haber metido a un familiar directo a trabajar en la Conade, la información
sobre el servicio que presta su sobrino es falsa.
Ricardo
Salazar Benítez no está adscrito a la subdirección de Calidad para el
Deporte, que es el área donde se desempeñan quienes están contratados a través
del capítulo 3000.
El
familiar de Israel Benítez está en la dirección de Eventos Deportivos que
depende de la subdirección de Cultura Física. De hecho, viajó comisionado
durante un mes para participar en algunos de los eventos de la Olimpiada
Nacional 2019.
El subdirector
de Cultura Física de la Conade es Óscar Juanz Rousell, quien es cuñado de
Israel Benítez. La hermana de Juanz, de nombre Julieta, está casada con
Benítez.
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