Por Daniela
Barragán.
El día de
ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el instructivo para alcanzar
a celebrar la consulta en la que se decidirá si se enjuicia o no a los
expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.
Era un
tema en el que se mostró siempre renuente al decir que él estaba en contra
porque la venganza no es su fuerte. Ayer dijo incluso que él no quería ser
“verdugo”, pero que por los plazos que marca la ley sería él quien mandaría la
iniciativa para que la valide o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).
Las otras
dos vías son, como él explicó, que lo solicite una tercera parte de los
legisladores, ya sean de la Cámara de Diputados o Senadores o las firmas del 2
por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es decir, cerca
de 1 millón 600 mil.
En varias
ocasiones ha mencionado algunas de las razones por las que los cinco
expresidentes tendrían que rendir cuentas. De Salinas de Gortari dijo que por
entregar empresas públicas a particulares; de Ernesto Zedillo, por convertir la
deuda de unos en deuda pública; de Vicente Fox Quesada por traición a la
democracia en su papel en la elección de 2006; a Felipe Calderón Hinojosa
porque utilizó la fuerza para convertir al país en un cementerio y finalmente,
a Peña Nieto por cargos de corrupción.
Abogados
consultados por SinEmbargo coincidieron en que los alcances de esta vía de la
solicitud de consulta son todavía inciertos y que si existe la voluntad de
llevar a juicio a los expresidentes, los casos de Genaro García Luna y Emilio
Lozoya Austin muestran que el ejercicio de la consulta popular no es necesario.
El tema
salió el día de ayer luego de que en su conferencia se le cuestionara sobre la
reparación del daño al erario en el caso de la planta de fertilizantes,
calculado en 200 millones de pesos. El Presidente dijo que ese asunto se
estaba evaluando tanto en el caso de Lozoya Austin como el de García Luna, ya
que por ejemplo, el expresidente Calderón está implicado en ambos.
“La devolución
de lo robado, o sea, que se reintegre lo que se le quitó al erario, todo, ahí
entra lo del sobreprecio por la planta de fertilizante. Y tercero, en el caso
de los expresidentes, consulta. En los otros casos la investigación. En el caso
de los expresidentes porque se supone que tienen fuero, entonces habría que
revisar este asunto, y lo que propongo es que, al mismo tiempo que la fiscalía
y el Poder Judicial van resolviendo sobre la responsabilidad de los
presidentes, al mismo tiempo se puede hacer una consulta ciudadana para que la
gente sea la que decida”, dijo.
Luego detalló
que hay un plazo para estipulado por la ley para la consulta; ésta solo se
puede solicitar del 1 al 15 de septiembre, ya sea el 2 por ciento del padrón
electoral, el Congreso o el Presidente actual con aprobación también de las
cámaras. La consulta se tendría que celebrar el día de la siguiente elección
federal.
Sobre esto
último agregó: “Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la
posibilidad de hacerlo porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se
juzgue a los expresidentes […]Vamos a esperar. También de aquí a que se termine
el plazo, la fiscalía seguramente ya va a tener más elementos”.
LA
PERSPECTIVA LEGAL.
En
entrevista con este medio, la maestra Milca Judith Calzada Lemus, académica de
la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), comentó que es factible la realización de la
consulta, pero que se trata de una cuestión política, ya que, si se tiene la
voluntad de enjuiciar a los expresidentes o alguien en particular, no se
requiere de una consulta popular si hay elementos para calificar una conducta
delictiva.
“Es una
cuestión política, porque de quererse realizar, al ser la iniciativa del
Presidente que tiene la mayoría del apoyo ciudadano; él siente que tiene el
apoyo de la ciudadanía y eso puede ser una motivación para decir que es el
pueblo el que decide. Obviamente el resultado será que sí. Es viable como un
acto o participación de ejercicio democrático, pero los alcances son otros
temas”, explicó.
Sobre si
el factor de que solo se les puede juzgar por traición a la Patria, dijo que la
gama de posibles cargos está abierta, “si existen conductas delictivas en los
expresidentes, no cuadrarían en lo de traición a la Patria, sino en el
ejercicio indebido del servicio público o corrupción en sus diferentes
tangentes. Puede haber más éxito en los casos que se iniciaron como con García
Luna y Emilio Lozoya. Ahí está la puerta abierta y el caso”.
Calzada
Lemus añadió que claramente, sin consulta popular, si se quiere llevar a
juicio a un ex presidente y existen los elementos, se puede realizar.
Sobre
esto último coincidió el doctor Gilberto Santa Rita Tamés, académico del
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, dijo que una
investigación puede arrojar si por parte de exfuncionarios hubo comisión de
delitos clara, una participación activa, participación por omisión, infracción
del deber, es decir, delitos claros y no imputaciones como traición a la
Patria.
“[La
consulta] Es una estrategia de populista que solo busca continuar con este
ánimo del Presidente que busca estar cerca de la gente, sin embargo no tienen
en realidad ningún efecto práctico o no muy claro […] si se intentara llevar
esto más adelante, los expresidentes tienen expedita la vía del juicio de
amparo para defenderse y que con altísima garantía ganarían por violaciones a
derechos humanos vinculadas al debido proceso”, explicó.
Santa Rita
Tamés añadió que lo que se tendría que hacer en determinado caso es presentar
las denuncias correspondientes ante tribunales adecuados para imputar delitos a
expresidentes, solo que hay un candado que contempla el Artículo 108 de la
Constitución, que habla sobre la responsabilidad penal del Presidente, que solo
puede ser juzgado por delitos que haya cometido durante su encargo, es decir,
que cometió el funcionario durante el tiempo que fue Presidente.
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