Por Efren Flores.
La Secretaría de Gobernación (Segob)
invirtió 11 mil 195 millones 105 mil 709.26 pesos (corrientes) entre 2013 y
2018, a través de 1 mil 845 contratos públicos, en su mayoría (86.3 por ciento)
otorgados por adjudicación directa.
Mainbit,
Toka Internacional, Sixsigma Networks México, 3W Educación y Metro Net fueron
los proveedores de la Segob con más ingresos registrados en CompraNet durante
esos seis años,
entre 657 prestadores de bienes y servicios.
Por medio
de 30 contratos gubernamentales, 25 de ellos sin concurso de por medio, éstas
cinco empresas se embolsaron 6 mil 266 millones 850 mil 371.73 pesos
(corrientes) en conjunto, que equivalen al 56 por ciento del gasto contractual
de la Segob en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Los objetos
de contrato relacionados con estas compañías incluyen provisiones necesarias
para oficina y para la operación de servicios institucionales, así como bienes
y servicios especializados y técnicos, además de vales de despensa.
Sin embargo,
se trata de empresas relacionadas con posibles conflictos de interés,
irregularidades y/o falta de cumplimiento contractual, como en el caso de la
especialista en servicios de cómputo y electrónicos Mainbit, que inclusive fue
inhabilitada en 2006 por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo
con el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de marzo de 2006, la
compañía fue inhabilitada por tres meses debido a incumplimientos contractuales
y sancionada con una multa por 65 mil 525 pesos de aquella época. Pese al
proceso de inhabilitación, Mainbit se amparó y logró que un juzgado local
suspendiera la multa de manera temporal, en lo que su situación legal y
administrativa era esclarecida, tal y como consta en el juicio de amparo número
314/2006.
Mainbit también
estuvo involucrada en un presunto desfalco relacionado con el sistema
gubernamental de educación en línea Enciclomedia. En la auditoría financiera y
de cumplimiento 10-0-11100-02-0923 de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) se lee que “la SEP comprobó la entrega parcial de consumibles por parte
de los proveedores Mainbit […] y Ted Tecnología Editorial […] por lo que
quedaron pendientes de aclarar o resarcir 558 millones 439 mil 500 pesos”.
Toka
Internacional, por su parte, no ha sido señalada de corrupción pese a que su
dueño, Hugo Villanueva Cantón, ha sido acusado –sin pruebas de por medio– de
incurrir en conflictos de interés y abusos laborales. Toka tampoco ha sido
sancionada o investigada por incumplimientos, aunque se vio involucrada en un
presunto fraude con tarjetas electrónicas de vales de despensa.
En un oficio
fechado al 25 de enero de este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) acusó que los fondos depositados en 2019 en varias
tarjetas, a pesar de no haber sido utilizados hasta el cierre de enero pasado,
desaparecieron sin justificación alguna.
Aunque
Toka no fue responsabilizada por el SNTE, la organización refiere (oficio
número 715/01/2020) que las tarjetas de vales de despensa “que aún tenían saldo
a favor y compañeros que aún no registraban sus tarjetas en la plataforma, en
este momento en la aplicación Toka aparece sin fondos” (sic).
Las
presuntas irregularidades también alcanzan a los otros tres grandes
proveedores de la Segob en tiempos de Osorio Chong: Sixsigma Networks México, 3W
Educación y Metro Net.
Sixsigma, de
la empresaria María Asunción Aramburuzabala, estuvo involucrada en
inconsistencias administrativas ligadas al contrato SG/CPS/47-1/2016, cuyo
objetivo fue la “Operación de los Servicios de Cómputo de la Dirección General
del Registro Nacional de Población e Identificación Personal”.
De acuerdo
con la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-04100-02-0018 18-GB de la
ASF, Sixsigma incumplió algunas obligaciones contractuales que derivaron en
“pagos improcedentes” por 325 mil 500 pesos derivados de la prestación del
“servicio de borrado seguro, sin que éste se hubiera recibido”.
Incluso hay
registro de supuestas irregularidades cometidas por Sixsigma y la empresa
dedicada a la edición y difusión de contenido a través de internet, Metro Net,
así como otras dos empresas (SM4RT Security Services y Masnegocio.com) del
consorcio formado para el contrato SG/CPS/85/2016-2019, cuya finalidad fue la
“Migración, acompañamiento y servicio integral para la continuidad de los servicios
de cómputo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e
Identificación Personal 2016-2019”.
En la
auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-04100-02-0018 18-GB, la ASF
refiere que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda
Pública Federal por un monto de 583 mil 182.40 pesos […] por los pagos
improcedentes por los servicios de borrado seguro (por un monto estimado de 189
mil 344.90 pesos) y el programa de concientización (393 mil 837.50 pesos,
aproximadamente), relacionados con el contrato SG/CPS/85/2016-2019, ya que a la
fecha de la revisión (mayo 2017) éstos no han sido proporcionados por el
proveedor”.
Acerca de la
compañía 3W Educación, especializada en monitoreos de información, la ASF ha
reportado una relación comercial con la Cámara de Senadores que, en muchas
ocasiones, implicó la contratación de la empresa aún cuando la Cámara Alta “no
llevó a cabo ninguna investigación de mercado para acreditar que la empresa 3W
Educación […] representaba las mejores condiciones para la Cámara de
Senadores”.
En éste
caso, la ASF también detectó incumplimientos de contrato por parte de 3W
Educación, que tuvieron lugar gracias a la “falta de supervisión por parte de
la Cámara de Senadores”, en apego a lo que consta en las auditorías de
cumplimiento financiero 2017-0-01200-15-0002-2018 2-GB y
2018-0-01200-15-0007-DN-2018 DN18007.
A reserva de
que algunas de las presuntas irregularidades mencionadas pudieron haber sido
resueltas a favor de las empresas referidas en los últimos años, los cinco
proveedores ejemplifican los problemas de control presupuestario en la Segob
durante el sexenio pasado, que asimismo involucran a más compañías.
CONTRATOS Y
GASTO OCIOSO.
Faltaban
dos días para que Miguel Ángel Osorio Chong se convirtiera en Secretario de
Gobernación. El 29 de noviembre de 2012, el político priista oriundo de Hidalgo
aseguró que habría “grandes cambios en las acciones y en los programas” de
gobierno, a lo que sucedió, el 2 de enero de 2013, la desaparición de la
Secretaría de Seguridad Pública y la incorporación de sus responsabilidades y
facultades a la Segob.
La
llamada “supersecretaría” del sexenio peñanietista se vio fortalecida y su
presupuesto alcanzó niveles nunca antes vistos hasta ese momento.
Aunque el
dinero fluyó, los grandes cambios anunciados por Miguel Ángel Osorio Chong
no detuvieron la serie de inconsistencias que hoy ponen al exsecretario bajo la
lupa del Gobierno federal, que lo ha investigado por un presunto daño
patrimonial cercano a los 3 mil millones de pesos, derivado de asignaciones
“fuera de presupuesto” para campañas de publicidad relacionadas con varias
dependencias gubernamentales.
“Se
presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por
un monto de 2 mil 764 millones 83 mil 717 pesos […] por autorizar a nueve
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sus Estrategias
y Programas Anuales de Comunicación Social y de Promoción y Publicidad, sin que
estos entes públicos contaran con recursos presupuestarios aprobados por la
Cámara de Diputados”,
se lee en la auditoría forense 2017-0-04100-12-1697-20181697-GB de la ASF.
De acuerdo
con la información del portal de compras gubernamentales CompraNet, durante
el sexenio pasado el cuarto gasto más importante de la Segob por contrato fue
aquél relacionado con actividades de difusión y propaganda. En este rubro, la
dependencia federal invirtió 1 mil 146 millones 200 mil 49.87 pesos, a través
de 446 contratos públicos.
Sin embargo,
los tres gastos más fuertes del periodo fueron para cubrir servicios
especializados y técnicos (4.3 mil mdp), bienes y servicios para oficina y para
la provisión de atención institucional (2.8 mil mdp), además de los gastos en
vales de despensa (1.7 mil mdp). En total, dichos rubros sumaron una inversión
de 8 mil 816 millones 490 mil 813.60 pesos, o bien, el equivalente al 78.8 por
ciento del gasto contractual en 2013-2018.
Además, están
los dispendios registrados en la supersecretaría de Osorio Chong.
El gasto
más ocioso sumó 15 millones 830 mil 979.58 pesos corrientes en actividades
físicas y de mantenimiento en el Centro Cultural y Deportivo Segob, agendas y
calendarios hechos a la medida, banderas, juguetes, medallas conmemorativas de
oro, películas en formato DVD, pines institucionales y representaciones
teatrales.
Una cantidad
de dinero que, convertida a pesos constantes de 2020 (19 millones 123 mil
701.92 pesos) equivale a, por ejemplo, el presupuesto para éste año de los
programas de la Segob para la “Atención a refugiados en el país” (20 millones
de pesos), “Protección y defensa de los derechos humanos” (20 millones de
pesos), “Impulso al Desarrollo Democrático de México” (17 millones 356 mil 149)
y/o para la “Conducción de la política del Gobierno Federal en materia
religiosa” (19 millones 114 mil 421 pesos), de acuerdo con el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2020.
Aparte de
dichos gastos hubo comilonas. Por ejemplo, en 2014, la Segob le pagó 110 mil
502 pesos al Restaurante Enrique para dar de comer a los asistentes de un
evento oficial. Un año después el banquete fue repetido, sólo que en aquella ocasión,
la Secretaría pagó 149 mil 132.46 pesos al Restaurante Arroyo para alimentar a
funcionarios públicos.
El
dispendio y los contratos discrecionales (por adjudicación directa) no fueron
los únicos problemas de la Segob en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong.
También hubo falta de cumplimiento de la tercera parte de los indicadores que
miden el avance de los objetivos del Programa Sectorial de Gobernación (PSG)
2013-2018.
Dicho
Programa “establece de manera clara, realista y medible, los objetivos y
estrategias que conforman las políticas públicas del Gobierno de la República
en materia de gobernabilidad democrática, seguridad y justicia, derechos
humanos, población, migración y protección civil” (sic), se lee en el decreto
de aprobación del PSG 2013-2018.
De acuerdo
con los resultados estadísticos del Sexto Informe de Gobierno del expresidente
Enrique Peña Nieto, la administración pasada cumplió el 64.7 por ciento de
los 17 indicadores del PSG, siendo la Segob la encargada de dar “seguimiento a
la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Programa”, según lo establecido en el Artículo Cuarto del
decreto del PSG, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de
diciembre de 2013.
En el
apartado “El desempeño de Segob 2012-2013” de la siguiente tabla, usted
puede consultar el nivel de cumplimiento de los 17 indicadores de los cinco
principales objetivos del PSG.
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