Por Veneranda
Mendoza.
A partir de la contienda de 2021, en el Estado
de México no podrán candidatearse quienes tengan sentencia ejecutoria por
violencia política contra las mujeres o por violencia familiar y delitos contra
la libertad sexual, o sean deudores alimentarios.
Además, la
propaganda política o electoral no podrá contener mensajes discriminatorios y/o
violentos contra mujeres.
Lo anterior,
debido a que la Legislatura mexiquense aprobó un paquete de iniciativas
contra la violencia política de género y en favor de la paridad, promovido por
los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD).
Las
reformas crean la Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las
Mujeres en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), instancia que se
encargará de atender los casos de agresión a precandidatas, aspirantes, militantes,
servidoras públicas, periodistas y defensoras de derechos humanos.
Las
listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos
y candidatas, propietario y suplente del mismo género (para evitar el registro
de mujeres propietarias a las que se obligue a renunciar para ceder el cargo a
sus suplentes hombres), y se alternarán las fórmulas de distinto género para
garantizar el principio de paridad.
La Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expedirá la constancia a
los candidatos que no hayan recibido sentencia ejecutoriada por los delitos de
violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar,
contra la libertad sexual o de violencia de género, y no estén inscritos en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos en cualquiera de las entidades
federativas.
El IEEM
podrá solicitar el padrón de sentenciados por estos ilícitos, y en caso de que
el aspirante se encuentre en la lista negra no podrá participar en la
contienda.
Además, en
lo sucesivo, el Ejecutivo estatal –con el nombramiento de su gabinete– y el
Poder Judicial –en la designación de magistrados y jueces– deberán observar el
principio de paridad.
Conforme a
las reformas, se entenderá por violencia política contra las mujeres en
razón de género toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga
por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos
políticos y electorales de una o varias mujeres, así como el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad.
El
incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la
violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de
la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta 50% del financiamiento
público que corresponda a cada partido político, por el periodo que señale la
resolución.
Durante
la presentación y discusión del dictamen, avalado de manera unánime, la
presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Mariana Uribe, indicó que
las modificaciones empoderarán a las mujeres y permitirán que ocupen más cargos
públicos y de alto mando. “Basta de expresiones del machismo como ‘yo no soy la
señora de la casa’; dejarán de compararnos con una lavadora”, enfatizó.
“Las
nuevas disposiciones obligarán a la clase política a esforzarse por ser ejemplo
de conducta ante la sociedad y tener autoridad moral e impulsar las reformas
que el estado requiere”, confió el también morenista Gabriel Gutiérrez.
Su
correligionaria Azucena Cisneros recordó que, en la elección de 2018, 62.5%
de las candidatas se asumieron como víctimas de violencia política, y 82%
atestiguó abusos incluso en su partido.
También
lamentó que en la entidad nunca ha habido una gobernadora, apenas 40 de 125
municipios son encabezados por una alcaldesa y sólo cinco de las 18
dependencias estatales tienen como titular a una mujer, pese a que 52% de la
población mexiquense pertenece al género femenino.
De igual
manera, recordó que en 2017 la entonces aspirante a gobernadora de su
partido, Delfina Gómez, fue víctima de descalificaciones por su origen humilde
y por el hecho de ser mujer. Y reprochó que las priistas Claudia Ruiz Massieu,
Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral la llamaran “incapaz, manipuladora y
mentirosa”, durante una conferencia de prensa, y el expresidente Felipe
Calderón cuestionara, vía Twitter, si “Delfina” era un nombre propio.
“Dudar de
la inteligencia política, de la capacidad y de la autonomía de una candidata,
por ser mujer y pobre, es una de las formas más perversas de violencia política
de género”, acusó.
En el diseño
de las normas participaron representantes de los colectivos 50+1 capítulo
Estado de México, Red Mujeres en Plural, Red Rompe el Miedo, Asociación de
Mujeres Abrazando México, Red de Abogadas Feministas, Constituyentes CDMX y
otros de la sociedad civil, además de magistradas, juezas y consejeras
electorales.
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