Por Manuel
Hernández Borbolla.
Revelar los
detalles de cómo operaba el tráfico de combustible dentro del Gobierno, y
cómo se realizaban millonarias operaciones financieras en la estructura
paralela de Petróleos Mexicanos (Pemex), son los puntos clave para ir al fondo
en la red de corrupción donde Emilio Lozoya es una pieza central.
Una trama
que ha sacudido a México, luego de que el exdirector de Pemex acusara al
expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y excanciller
Luis Videgaray de encabezar una red de sobornos que inyectó dinero a las
campañas electorales y pagó a legisladores (cinco senadores y un diputado) para
aprobar reformas, como la energética y la electoral.
Por ello, el
caso Lozoya es un asunto que podría derivar en un macroproceso judicial sin
precedentes en México, de acuerdo con algunos de los periodistas que han
investigado a fondo la corrupción de la red, que se extiende a administraciones
anteriores e involucran a funcionarios y a otro expresidente, Felipe Calderón.
Un caso
de corrupción que, a su vez, permite entender las conexiones con otros
escándalos que han sacudido al país en la última década.
¿DE QUÉ SE
ACUSA A LOZOYA?
Actualmente,
el exdirector de Pemex durante la administración de Peña Nieto enfrenta un
proceso judicial por “dos casos de varios que existen”, de acuerdo con el fiscal Alejandro
Gertz Manero:
La compra
de Agro Nitrogenados, una planta chatarra de fertilizante con sobreprecio de
250 millones de dólares. En este asunto está implicado el empresario Alonso
Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México, quien se encuentra
preso en España y en proceso de extradición.
Los
sobornos de Odebrecht. Lozoya fue señalado por altos funcionarios de la
constructora brasileña por haber recibido sobornos por al menos 10,5 millones
de dólares durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, a cambio de
recibir contratos con beneficios para la empresa brasileña y que causaron un
daño patrimonial a Pemex.
OTROS CASOS,
SIN CARGO.
Sin embargo,
existen una serie de casos que involucran a Lozoya y por los que todavía no
se han presentado cargos, hasta donde han informado las autoridades, a pesar de
que estos podrían develar una trama de corrupción más amplia.
Uno de
ellos es la compra de Fertinal, otra planta chatarra de fertilizante con
sobreprecio de alrededor de 193 millones de dólares.
Otro caso
es la llamada Estafa Maestra, una red de corrupción mediante la que diversas
secretarías de Estado desviaron 7.670 millones de pesos (343 millones de dólares)
a través de contratos otorgados a universidades públicas y empresas fantasma.
Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, la petrolera desvió 566
millones de pesos (25,3 millones de dólares) a través de este esquema, que ya
ha sido auditado por autoridades mexicanas.
Sin embargo,
todavía no ha sido imputado por estos delitos, a pesar de que por el mismo
caso, está recluida en prisión Rosario Robles, quien fuera Secretaria de
Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
EL VÍNCULO
ENTRE OBREDECHT Y CALDERÓN .
Otro
asunto por el que no se han presentado cargos, aunque ha aparecido en el caso
Odebrecht, es la manera en que Pemex otorgó durante la gestión de Lozoya
precios preferenciales para el suministro de gas a la constructora brasileña a
través de la planta de Etileno XXI, causando un daño patrimonial de mil 900
millones de pesos (84.9 millones de dólares).
El caso
de Etileno XXI es importante debido a que el contrato para dar privilegios a
Odebrecht comenzó a gestarse desde la administración de Felipe Calderón. En la
trama está implicado José Antonio Meade, quien, como Secretario de Hacienda del
exmandatario, avaló el proyecto en abril de 2011, a pesar de ser advertido por
tres consejeros de la compañía del peligro que representaba dicho negocio para las
finanzas públicas.
Posteriormente,
Meade sería Canciller y Secretario de Desarrollo Social durante la
administración de Peña Nieto.
El
funcionario también fue señalado por la defensa de Rosario Robles de tener
conocimiento de las operaciones vinculadas a la Estafa Maestra y no hacer nada
para impedirlo. En 2018, Meade contendió como candidato presidencial del PRI a
la Presidencia de México.
Durante su
denuncia de hechos ante autoridades judiciales, Lozoya aseguró que el
acuerdo de Etileno XXI, que se concretó bajo su mandato, comenzó a operarse
durante la administración de Calderón, lo que implicaría al expresidente en el
caso Odebrecht.
OHL Y
REPSOL, EL NEXO CON ESPAÑA .
Antes de ser
el coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Peña
Nieto en 2012, Emilio Lozoya era parte del Consejo de Administración de OHL
México, filial de la constructora española.
OHL fue una
de las compañías más beneficiadas durante la administración de Peña Nieto
(2012-2018), al igual que ocurrió cuando fue Gobernador del Estado de México
(2005-2011), la entidad más poblada del país.
Durante su
gestión como Gobernador, Peña impulsó la construcción de dos carreteras
privadas para beneficio de OHL: el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto
Bicentenario. Un negocio que habría dejado ganancias por cerca de 150.000
millones de pesos (6.706 millones de dólares) a OHL, en complicidad con el
Gobierno del Estado de México y en prejuicio de las finanzas estatales.
A raíz de
una serie de operaciones irregulares, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores de México multó a OHL por cometer un fraude bursátil al alterar sus
estados financieros.
De acuerdo
con una denuncia presentada ante el Instituto Nacional Electoral en 2017, una
parte de las ganancias de OHL habrían sido inyectadas a campañas electorales.
Las autoridades electorales nunca investigaron el caso a fondo.
Durante la
gestión de Lozoya al frente de Pemex, una filial de Odebrecht contrató a OHL
para construir un tramo del gasoducto Los Ramones II, una de las obras de
infraestructura más grandes del sector energético. Un asunto que vincula a las
firmas brasileña y española, implicadas en una trama de corrupción que
abarcaría prácticamente toda Iberoamérica.
Otros
vínculos con España dentro de la red de corrupción de Lozoya tienen que ver con
los negocios que realizó Pemex a través de sus filiales privadas en el país
europeo, y que representaron pérdidas para la empresa paraestatal.
Tal es el
caso de la adquisición del astillero en quiebra Hijos de J. Barrera, que
representó pérdidas por 50 millones de euros para Pemex. Del mismo modo que la
planta Etileno XXI, dicha compra comenzó en el sexenio de Calderón, pero se
concretó una vez que Lozoya fungió como director de la petrolera mexicana.
Otro
negocio que vincula a Pemex con España es la compra y venta de acciones de la
petrolera Repsol. Durante el mandato del expresidente Calderón, en 2011, Pemex
adquirió acciones de Repsol, mismas que se devaluaron al año siguiente y eso
provocó que de 2014 a 2017 la petrolera mexicana se deshiciera de dichas
acciones, que en total representaron un daño patrimonial de 33.841 millones de
pesos (MIL 514 millones de dólares).
UNA
PRESIDENCIA “COMPRADA”
Luego de las
dos audiencias judiciales de Lozoya, el exdirector de Pemex presentó una
denuncia de hechos en la que dijo haber recibido de Odebrecht una serie de
sobornos por 100 millones de pesos (4.4 millones de dólares), que ingresaron a
la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 para luego ser entregados a
varios asesores electorales extranjeros.
“Tendríamos
que saber ya, de una buena vez, y la Fiscalía está obligada a eso, a saber, si
al menos esta Presidencia fue comprada con recursos ilegales. Yo creo que lo
que hemos visto de Lozoya es una pequeñita parte”, señala Ignacio Rodríguez Reyna, periodista
que, junto a su colega Alejandra Xanic, reveló un video con las declaraciones
de altos directivos de Odebrecht ante la Justicia brasileña, en las cuales,
afirmaron entregar sobornos millonarios a Lozoya.
“Los
medios de comunicación recibían muchísimo dinero por fuera. Llegaban maletines
a los medios de comunicación para pagar campañas. Eso lo hemos sabido desde
hace muchos años y creo que debería quedar al final de una investigación
exhaustiva, exhibir cómo se compró una Presidencia con muchísimos millones de
pesos que se utilizaron para aceitar esta maquinaria”, agregó el periodista en entrevista
con RT.
Esta no
es la única vez que el expresidente Peña ha sido señalado de orquestar una
estructura de inyección ilegal de dinero a campañas electorales. Una de las
primeras acusaciones ocurrió en 2012, con el caso Monex, a través del cual se
habrían repartido más de cuatro mil 500 millones de pesos (201.3 millones de
dólares) en tarjetas electrónicas para inducir la compra de votos, de acuerdo a
una investigación de una comisión especial del Congreso creada para indagar el
caso.
Otro caso
de compra de votos es la llamada Operación Safiro, a través de la cual se
documentó cómo se desviaron 650 millones de pesos (29 millones de dólares) de
los Gobiernos estatales de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México
y Morelos para financiamiento de campañas electorales del PRI a través de una
red de empresas fantasma.
Un asunto
que, de acuerdo al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es el “corazón de
la corrupción política en México”, debido a que dicho esquema habría sido
utilizado como el modus operandi para comprar elecciones en todo el país. De
2010 a 2016, 11 gobernadores —como el veracruzano Javier Duarte, actualmente
preso— saquearon a sus respectivos estados por un monto superior a los 307 mil
millones de pesos (13 mil 739 millones de dólares), de acuerdo con diversos
procesos judiciales.
SOBORNOS EN
EL CONGRESO.
Lozoya también
acusó a Peña Nieto y Videgaray de ordenarle pagar 120 millones de pesos (5,3
millones de dólares) en sobornos para aprobar las reformas estructurales en
2013 y 2014, como la reforma energética. Este dinero fue destinado a un
diputado y cinco senadores cuyos nombres no ha sido revelados.
Posteriormente,
Lozoya afirmó haber recibido otros 200 millones de pesos (8.9 millones de
dólares) para sobornar a legisladores para aprobar la reforma electoral.
Para
ello, presentó ante la Justicia un video y varios recibos, cuyo contenido no ha
sido dado a conocer.
“Este
adelanto de que tiene videograbaciones de legisladores es una muestra de que no
solamente va a hablar de Pemex, sino que va a ir más allá y la ola expansiva de
lo que va a ir revelando puede tocar muchos más intereses de lo que hasta ahora
tenemos en la mira”,
señala Nancy Flores, jefa de información de la revista Contralínea, quien
durante años ha documentado el saqueo al interior de Pemex.
EL ROBO DE
COMBUSTIBLE.
Sin embargo,
todavía quedan varios cabos sueltos en torno a la red de corrupción que
protegió a Lozoya. Uno de ellos es la manera en que creció el robo de
combustible durante la administración de Peña Nieto.
Entre los
personajes que se encuentran involucrados en dicho delito, conocido como
“huachicoleo”, han sido señalados el exsenador y líder del sindicato
petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien inyectó dinero ilegal a campañas
electorales de 2000 durante el caso conocido como Pemexgate. Actualmente es
investigado por lavado de dinero.
Otro
personaje es el general Eduardo León Trawuitz, quien era escolta de Peña
Nieto y también el encargado de vigilar los ductos de Pemex. Actualmente
Trawuitz enfrenta cargos por delincuencia organizada por su presunta
complicidad en la sustracción ilegal de hidrocarburos.
Se trata
de uno de los temas que podría abordar Lozoya como parte de su defensa a cambio
de reducir las penas en su contra.
“Me
parece que esta parte tiene que ver con el crimen organizado, pero también con
una delincuencia que se orquestó desde dentro de Pemex”, explica Flores. “El
robo de combustible en las cantidades que se estaba dando al final del Gobierno
de Peña era imposible que fuera a partir de las tomas clandestinas”.
Durante
la gestión de Peña Nieto, el robo de combustible pasó de 4.000 millones de
barriles diarios en 2012 a 20 millones de barriles en 2018.
Sin embargo,
esta cifra contempla únicamente las tomas clandestinas en ductos, pero no
otros casos como el saqueo dentro de las mismas instalaciones de Pemex,
incluyendo buques petroleros.
“El
tráfico de combustible en altamar, en las plataformas petroleras que se
extraían y en lo que llegaba al puerto, eso me parece monstruoso, porque
estamos hablando de buques completos. Creo que habría que tener el ojo ahí”, señala Rodríguez Reyna al hacer
referencia a uno de los grandes asuntos pendientes de judicializar en el caso
Lozoya.
De acuerdo
con una investigación de Ana Lilia Pérez en Newsweek, 90 barcos han sido
identificados como “buques sospechosos de trasiego de combustible”, de manera
ilegal.
Un
millonario negocio cuyas pérdidas no han sido debidamente cuantificadas y que
no podían ocurrir sin el aval de altos funcionarios de Gobierno.
LA
ESTRUCTURA PARALELA EN PARAÍSOS FISCALES.
El otro
gran cabo suelto en la red de corrupción de Lozoya es la manera en que durante
décadas ha operado una estructura paralela de filiales privadas al interior de
Pemex, a través de la cual, se han realizado la gran mayoría de los negocios
turbios de la paraestatal.
Esto
sería posible debido a que Pemex cuenta con una serie de empresas de papel,
conocidas como Grupo PMI, ubicadas en paraísos fiscales de Países Bajos,
Irlanda y Delaware, a través de las cuales se realizan operaciones
multimillonarias eludiendo los procesos de fiscalización.
“Hemos
documentado perfectamente cómo Pemex constituyó una estructura empresarial
paralela. Llegó a tener participación en 90 empresas, de las cuales 61 eran
ciento por ciento de su propiedad. Todo esto sirve para un saqueo brutal. Los
grandes negocios, Fertinal, Agro Nitrogenados, los astilleros, todos se hacen a
partir de estas ‘holdings’ de Grupo PMI”, explica Flores.
Tan solo dos
de estas filiales privadas, PMI Holdings (que funciona como tesorería
paralela con sede en Países Bajos) y PMI Trading (con sede en Irlanda, y
encargada de realizar todas las transacciones de compraventa de hidrocarburos
de Pemex), ocultaron 3.984 millones de dólares de 2013 a 2016, según documentos
oficiales obtenidos en dichos países.
Un
señalamiento que ha realizado de manera reiterada la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en torno al manejo opaco y discrecional que realizan estas
empresas privadas.
De 2008 a
2017, “las empresas privadas de PMI acumularon utilidades por 133 mil 574
millones de pesos (cinco mil 973 millones de dólares), de los cuales únicamente
se pagaron 26 mil 665 millones de pesos (mil 192 millones de dólares) a favor
de Pemex, lo que permitió que el capital contable de las empresas de PMI se
incrementara y que dichos recursos se utilizaran en la constitución de otras
compañías, contrarrestar pérdidas financieras de sus empresas, así como
financiar proyectos de inversión que han generado resultados adversos para
Petróleos Mexicanos”, según un informe reciente de la ASF.
De ahí
que indagar a fondo la estructura paralela de Pemex, que comenzó a operar desde
1988, podría develar una trama de corrupción que involucraría a los últimos
cinco expresidentes de México.
“Si se
toca esta estructura paralela, nos puede llevar no solamente a Felipe Calderón
y Peña Nieto, sino desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox”, señala la periodista de Contralínea.
¿MAXIPROCESO
EN PUERTA?
Pero las
implicaciones políticas del caso Lozoya van todavía más lejos de los casos
antes referidos, ya que, en el fondo, evidencian la ruptura de un ‘pacto de
impunidad’ que prevaleció durante el régimen neoliberal en México.
Un asunto
en el que coinciden algunos de los periodistas que han investigado con mayor
detalle la corrupción vinculada a Lozoya y la red que saqueó al país.
“Es la
pieza de más alta jerarquía que tenemos dentro de una red sistémica de
corrupción. Este no es un caso individual de corrupción. Lozoya es uno de los
operadores con más relevancia, pero no es el único. Arriba estaba el
Presidente. Esta era una red operada desde la Presidencia”, señala Rodríguez Reyna.
“Esta es
una red muy grande y algunos especialistas han dicho que esto daría para hacer
un maxiproceso, para enjuiciar no a Lozoya, sino a jueces, a ministros, a
gobernadores, legisladores, empresarios”, agrega.
UN PUNTO EN
QUE COINCIDE CON FLORES.
“Lozoya
es apenas una pieza de la corrupción que imperó en esa empresa estatal, la
principal empresa estatal. Hay que recordar que al menos una tercera parte de
las finanzas del país dependían de Pemex en su mejor época”, asegura la periodista.
“Es un
momento fundamental para México y los mexicanos. Tenemos la oportunidad de ver un
proceso judicial de grandes dimensiones como nunca lo hemos tenido”, explica
Flores. “El caso de Lozoya trae bastante información de todas estas tramas de
corrupción y cómo se entrelazan unas con otras porque todo es un mecanismo para
saquear al país”, agrega.
Sin embargo,
todavía existen dudas de hasta qué punto la FGR irá a fondo en la
investigación del caso, luego de que el actual Presidente Andrés Manuel López
Obrador, haya dicho que su postura política es la de no enjuiciar a
expresidentes, al mismo tiempo que ha declarado que no detendrá las
investigaciones judiciales de políticos de alto nivel relacionados con casos de
corrupción.
Dudas
similares a las que ha externado el propio fiscal, Gertz Manero, sobre los
alcances que puedan tener las indagatorias de la Fiscalía sobre el caso Lozoya
“Esta es
la oportunidad de ver si realmente estamos frente a un cambio, o las
estructuras y el sistema van a prevalecer y nos va a acabar atropellando”, dijo el fiscal durante una
videoconferencia el pasado 12 de agosto.
Una
explicación que evidencia la importancia del caso Lozoya en la lucha de México
contra la corrupción y el “pacto de impunidad” entre las élites que controlaban
al país.
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