La trampa de Cervantes.

Qué es peor para el país: ¿un procurador que aspira a ser el fiscal la siguiente década y que evada impuestos por medio de una vivienda fantasma? ¿o un procurador encargado de las investigaciones más importantes del país, que ni siquiera esté informado de cómo se hacen sus trámites administrativos personales y se entere por medio del periódico?

Ambas opciones. Este país merece más que el trabajo de Raúl Cervantes, quien ahora no sólo tiene el estigma de estar ligado al PRI y ser cercano a Enrique Peña Nieto, sino que además, se sabe, forma parte de esta red de funcionarios de alto nivel que tuercen hasta un trámite administrativo, como ponerle placas a un auto, para no pagar impuestos.

Ayer, en primera plana del diario Reforma, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó parte de una investigación en la que revela que el actual titular de la Procuraduría General de la República había registrado un automóvil de lujo Ferrari, con un valor 3.8 millones de pesos, en un domicilio fantasma, que sí existe, pero que está deshabitado.

Esta vivienda se ubica en una unidad habitacional del estado de Morelos, donde desde 2012 no se paga la tenencia, un impuesto que se cobra a los automóviles con valor de más de 250 mil pesos. Se trata de una vivienda que no vale más de 500 mil pesos, de acuerdo con el trabajo periodístico de Claudio González Caraza, ubicada en una unidad habitacional que se usó para registrar 15 autos más de lujo, 10 de ellos Ferrari con un valor similar al de nuestro flamante Ministerio Público.

Tener registrado su auto en esa entidad, desde 2012, le ha permitido al procurador no pagar al menos 342 mil pesos en impuestos.

¿Por qué nos importa dónde tiene registrado su auto el procurador? ¿Qué tiene que ver eso con la polémica desatada en el Congreso sobre si debe o no pasar ‘en automático’ como el próximo fiscal general? Todo.

Raúl Cervantes está buscando ser la máxima autoridad en la investigación de delitos en este país, la persona que tendría que estar obligada a cumplir cada norma para exigirnos cumplirla. ¿Cómo podría investigar a gobernadores que desvíen recursos, narcotraficantes, defraudadores o delincuentes del orden común si no puede ser honesto con un simple trámite administrativo?

En su defensa, la representante legal de Cervantes Andrade respondió al diario Reforma lo siguiente:

“A diferencia de otros casos documentados por MCCI, el Dr. Cervantes sí tiene residencia legal en el estado de Morelos. La propiedad está ubicada en calle Yecaplixta, fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec. Esta casa en Cocoyoc es propiedad de su familia desde hace 32 años y la recibió como herencia a la muerte de sus padres.

“Sobre el registro del vehículo en el domicilio que cita la nota, y que hizo la agencia que importa/vende estos coches, el Dr. Cervantes se enteró esta misma mañana en el periódico y ya se hicieron los ajustes administrativos correspondientes”, dice el documento firmado por Cristina Rocha Cito.

Esa es la respuesta de quien no comprende que el asunto va más allá de si el emplacar en otro estado es legal o no, o de si la casa está registrada a su nombre o de si lo sabía o no, se trata de un mecanismo irregular que le cuesta a la Ciudad de México la pérdida de casi dos mil millones de pesos en un impuesto.

Su justificación nos muestra el rostro de los políticos que responden que ‘lo que la ley no prohíbe, está permitido’, aun cuando eso comprometa a todas luces su integridad y su ética.

La trampa administrativa a la que recurre ese que quiere velar porque se cumplan las leyes y que hoy nos muestra Mexicanos Contra la Corrupción es una de las tantas razones que tenemos para exigir, con una voz más fuerte, un fiscal general autónomo, íntegro, que no califique irregularidades como ‘descuidos’ que se solucionan con una llamada telefónica, porque es ese mal el que nos tiene sumidos en la impunidad y el México del ‘aquí no pasó nada’.