Un grupo de casi 20 fiscales mujeres
fueron despedidas, acusaron, injustificadamente. Las mujeres fueron llamadas a
acudir a la Fiscalía General del Estado en donde se les anunció a algunas que
debían firmar su renuncia voluntaria. A otras les comunicaron su cambio de
adscripción a lugares lejos de su actual trabajo.
Las trabajadoras se desempeñaban como
fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres,
Niñas y Niños y Trata de Personas, así como empleadas administrativas, narraron
que fueron convocadas para que, de un día para otro acudieran a las oficinas de
la Fiscalía a realizar la entrega de sus puestos a los nuevos funcionarios.
También refirieron haber intentado hablar con el
Fiscal Jorge Winkler Ortiz, sin embargo, el personal de su oficina negó el
acceso argumentando que él se encontrara en su oficina. Además de que tampoco
fueron atendidas por personal de Recursos Humanos de la dependencia.
El argumento que la Fiscalía les dio
para separarlas de su cargo fue la incapacidad económica para cubrir su
salario, sin embargo, en un comunicado, la Fiscalía de Veracruz afirmó que la
rotación del personal en el área de atención de delitos sexuales y trata de
personas se debió a deficiencias en el servicio que se vieron reflejadas en un
importante número de quejas de parte de la población.
El documento
afirma que la coordinación del área
realizó un análisis del desempeño de las fiscales a su cargo, el cual reflejó
un "raquítico" porcentaje de productividad en la mayoría, "en
muchas de ellas era nulo".
En el
comunicado, la dependencia afirmó que "para
solucionar de inmediato la situación y con la finalidad de realizar un cambio
efectivo, de respuesta inmediata y a favor de las y los veracruzanos, se
rotaron a 17 fiscales de la Coordinación; por cuanto hace a 12 fiscales
especializadas que no mejoraron su productividad y sobre todo no cambiaron su
actitud en el servicio que prestaban a la ciudadanía, no les fue renovado su
contrato; en tanto que, el resto de las fiscales de la Coordinación permanecen
en su adscripción y se mantiene el seguimiento de su actuación".
Las inconformes contaron que algunas
de ellas tienen entre 15 y 19 años de antigüedad y fueron liquidadas con cantidades
menores a las correspondientes, además de que, desde antes, algunas ya tenían
situaciones laborales irregulares.
"Tenía tres años ganando un
salario de administrativo aun cuando ya era fiscal y me despidieron con lo
mínimo".
Aún a pesar de tratarse de una
violación a sus derechos laborales, hasta el momento sólo dos fiscales han
aceptado la renuncia en los términos en los que les fue planteada.
Asimismo, comentaron que algunas
fiscales no fueron despedidas, sino cambiadas de adscripción de manera radical.
Incluso, al municipio de Pánuco, donde hace una semana asesinaron a la fiscal
especial en delitos sexuales y contra la familia de la región, Yendi Guadalupe Torres Castellanos.
"Hay
esa incertidumbre de saber qué garantías van a dar para que no suceda algo; es
preocupante. Somos madres de familia que tenemos que llevar un sustento a la
casa y obviamente hay compañeras que no tienen ahorita para pagar una renta
afuera".
Las mujeres aseguraron que
interpondrán un amparo para que les sean respetados sus derechos y que, de ser
necesario, llevarán el caso ante la Corte Interamericana.
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