El Senado de la República aprobó la
Ley de Biodiversidad, que ha sido duramente criticada por organizaciones de la
sociedad civil y académicos debido a que pone en riesgo los recursos naturales
de México, en medio de otra polémica discusión: la de la Ley de Seguridad
Interior.
El viernes
pasado, de manera apresurada, 88
senadores aprobaron la Ley y ahora estará en manos de la Cámara de Diputados
para su ratificación.
El 25 de
octubre del año pasado, la Senadora
Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la
iniciativa a fin de expedir la Ley General de Biodiversidad, abrogar la Ley
General de Vida Silvestre, además de reformar diversas disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En
entrevista con SinEmbargo, Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos
de Greenpeace en el país, expuso que esa
legislación debe pasar por un debido proceso de discusión, debate e información
donde todas las partes involucradas puedan emitir opiniones para su
construcción.
Al abrogar la Ley General de Vida
Silvestre, han denunciado distintas organizaciones de la sociedad civil, se
cancela la asimilación del Protocolo de Nagoya de la legislación mexicana sin
impedimentos que puedan evitar la erosión genética de los bienes naturales
mexicanos ni la protección para el conocimiento tradicional ejecutado en la
conservación y el uso de la biodiversidad.
Rivas criticó que la aprobación de la Ley de
Biodiversidad por parte de los senadores ha ocurrido como con el proceso de la
Ley de Seguridad Interior: sin escuchar las voces de la sociedad civil ni de la
academia.
“La poca discusión sobre la Ley de
Biodiversidad habla de un trabajo legislativo en el Senado de la República que
deja mucho que desear”, dijo.
VACÍOS EN LA
LEY FAVORECEN PRIVATIZACIÓN.
“Esperamos que los diputados se den
cuenta de esta situación anómala. Que vean que hay mucho por discutir en el
tema de la Ley de Biodiversidad. Sólo cuando todas las partes hayan sido
consultadas y exista consenso, entonces podremos hablar de una real mejora, de
lo contrario esto sigue siendo una Ley aprobada a puerta cerrada y a oscuras
que hace sospechar sobre cuáles son los objetivos que tiene”, expresó.
El activista
planteó que la Ley de Biodiversidad “es
una Ley muy mala, con muchos vacíos que favorece la privatización de los
recursos”, ya que, acusó, no expresa
cómo se hará la regulación de los recursos genéticos para evitar que estos sean
privatizados de manera injusta. El documento, recriminó, tampoco asegura que sean las comunidades
quienes tengan la potestad de los bienes naturales.
Hace algunos
meses, productores, organizaciones y académicos ofrecieron una conferencia de
prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde acusaron que dicha Ley deja abierta la
posibilidad de que los bosques sean impactados, debido a un manejo inadecuado
al ser arrebatados de las comunidades indígenas y campesinas.
Además,
Rivas criticó que en la Ley se omite la
prohibición para las actividades mineras en las Áreas Naturales Protegidas
(ANP), lo cual “es bastante grave por parte del Senado que a pesar de los
muchos comentarios se le fue ese ‘detalle'”.
Sobre la
misma línea agregó, como en otras ocasiones, que “las ANP no son una garantía
para la protección de la biodiversidad y esta Ley lo confirma”.
En el mismo
sentido, Anaid Velasco Ramírez, gerente de Investigación del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (Cemda), indicó que existen “grandes pendientes” en la Ley.
Los vacíos que
aún quedan en la Ley, son la creación de un fondo de Áreas Naturales Protegidas
a fin de contar con recursos que sean capaces de contribuir en la mejora de la
gestión del capital natural y la prohibición de la minería en dichas zonas.
“Nos gustaría ver que la Cámara de
Diputados haga algo al respecto. Por ejemplo, la prohibición de minería en ANP
es un tema que en el Senado no fue considerado. Ojalá que los diputados puedan
discutirlo”, pidió.
No obstante,
reconoció que, respecto al borrador de la Ley, el dictamen de la iniciativa ha
mejorado en otros temas de Áreas Naturales Protegidas y en reformas a la Ley
del Equilibrio Ecológico. Por ejemplo, señaló, se incluyen principios que
fungen como herramientas jurídicas que velan por la protección del medio
ambiente.
“La Ley de Biodiversidad reconoce
jurídicamente a la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] y
se establecen los principios de no regresión en la protección de derechos
humanos relacionados con la biodiversidad, lo cual es muy oportuno”, añadió.
Al igual que Greenpeace México, la
abogada afirmó que es necesario implementar mecanismos más incluyentes y
representativos en los procesos de consulta.
Por ello, hizo un llamado a la Cámara
de Diputados a “incluir las voces que el Senado ignoró”.
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