¿Juicio presidencial?

Javier Risco.

Quizá haya pocos presidentes mexicanos que, en funciones, hayan sido criticados y cuestionados tan frecuentemente como el actual, por una administración marcada por varios escándalos de corrupción. Y aunque eso puso en crisis a su partido, disminuyó su nivel de aceptación y generó una percepción generalizada de impunidad. Aun así, con exgobernadores en prisión siendo juzgados por este mismo mal, el presidente está protegido por la Constitución para ser juzgado… hasta ahora.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución federal, el titular del Ejecutivo tiene una veda durante los seis años de su administración en los que no se le puede juzgar penalmente, a menos que caigan en el antiguo concepto de ‘traición a la patria’ o ‘delitos graves del orden común’.

Cualquiera que piense que tal como pasa con senadores o gobernadores, un juicio político basta para ser investigado por actos de corrupción, está en un error.

Para llevar al presidente a un juicio político es necesario probar que sus acciones atentan contra la nación, pero por mucho daño que le haga a México la corrupción, ésta no se incluye en esos supuestos.

Y aunque la Constitución es la máxima norma en el país, es una ley y como tal es susceptible de ser modificada y adecuarse a las necesidades actuales. ¿Y es necesario flexibilizar los mecanismos por los que un mandatario federal puede ser enjuiciado? Senadores del PAN creen que sí.

Ante la intocable figura presidencial, cinco blanquiazules: Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez, Marcela Torres y Víctor Hermosillo presentarán hoy una iniciativa en la Cámara de Senadores para reformar los artículos 108, 110 y 111 constitucionales y que casos de corrupción tan graves como la 'casa blanca' o el escándalo Odebrecht sean causales válidas para iniciar un juicio político hasta tres años después de concluido el mandato del primer mandatario.

“La actuación de los servidores públicos debe estar en total apego de los principios éticos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y no sólo al cumplimiento que establece la norma por el temor a ser sancionado por el incumplimiento de la ley”, señala la iniciativa.

Además de la propuesta de reforma, el documento signado por un partido que históricamente había defendido la importancia del fuero constitucional detalla cómo la figura presidencial tiene 100 años convirtiéndose casi en intocable y de cómo la evolución de la realidad hace urgente la necesidad de quitarles ese velo que, más que protección para ejercer con libertad sus facultades, parece uno de impunidad.

“La realidad que vivimos en la presente administración indica que la inmunidad e impunidad ha llevado a conductas de los servidores públicos que en el ejercicio de la función pública hoy se traducen en irresponsabilidades en el desempeño de sus funciones”, se lee en el documento.

Nada que países como Chile o Perú, en América Latina, no tengan contemplado. Y como la ley no es retroactiva, esto no aplicaría para ningún expresidente… incluidos los dos panistas, pero sí para Peña Nieto, aún en funciones.

Vale la pena revisar la propuesta, pues para dejar de acumular expresidentes como villanos, que se exilian en el extranjero huyendo de las críticas por los abusos en sus administraciones, primero debemos asegurarnos de que no sean nuestras propias leyes su mejor escudo.