Las condiciones actuales del salario
mínimo son consecuencia del “arreglo y la colusión” entre sindicatos
corporativos y organizaciones-empresas patronales, con el apoyo “entusiasta”
del Gobierno, expuso
Democracia Deliberada, un grupo de académicos y activistas de la sociedad civil
cofundada, entre otros, por los economistas Gerardo Esquivel y Diego Castañeda.
“No transformar los elementos
institucionales que han impedido que los incrementos en la productividad se
trasladen al salario, lo que ha aumentado la desigualdad social, significa
condenar a los trabajadores a tener siempre minisalarios”, sentenciaron.
Diego
Castañeda, por la London School of Economics, afirmó que la creciente desigualdad en el país está relacionada con
inestabilidad económica, política y social por lo que incluso grupos como la
Coparmex parece que “finalmente se están dando cuenta que está en su interés
tener un mercado interno más dinámico”, por lo que han promovido un mayor
aumento al salario mínimo.
El martes pasado, durante un
encuentro entre el sector campesino, social y sindical, respecto a la seguridad
social para los trabajadores del campo y ciudad, acusaron el debilitamiento de
los derechos laborales por “el control corporativo” que mantiene el gobierno sobre las
organizaciones gremiales. Ante esto, exigieron
una representación sindical legítima y autónoma, pidieron un sistema integrado de seguridad social de cobertura
universal, así como eliminar de la Ley Federal del Trabajo las disposiciones
que legalizan el trabajo terciarizado que facilitan los despidos.
Sin embargo,
la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), uno de los más grandes de México e históricamente cercano a los
gobiernos priistas, aplaudió la creación de 3 millones de empleos formales durante
el sexenio, aunque omitió que de ese total 45 por ciento tiene ingreso menor a
dos salarios mínimos.
El líder de
la CTM, Carlos Aceves del Olmo, aseguró
que –salvo los jornaleros– “en México no hay nadie que, en su sano juicio, crea
que con 80 pesos cuatro centavos pueden vivir persona alguna con su familia;
una persona con dos hijos y la esposa, no podrían vivir. Lo que quiere decir
que solamente es un referente”.
Quien ha sido dos veces Diputado
federal y Senador de la República por el PRI omitió que dos millones de
trabajadores informales ganan eso. Asimismo, rechazó que
se esté violando el Artículo 123 de la Constitución respecto al derecho a un
salario que cubra las necesidades básicas del trabajador.
La mirada internacional es distinta.
Durante las rondas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), los sindicatos de trabajadores de Estados Unidos y Canadá
han exigido mejoras salariales en México para equiparar la competencia.
Martín
Moreno, autor de Los demonios del sindicalismo, explicó en entrevista que la estructura del sindicalismo corporativo
creció a la par del PRI en la década de los 40 y esa “complicidad” se ha mantenido.
Como resultado, determinó, las empresas no son obligadas a pagar utilidades y
contratan a los trabajadores a través de terceros que no reconocen sus derechos
laborales.
“Una cosa son los sindicatos, que
buscan beneficiar a la base trabajadora, y otra los líderes sindicales que se
sirven de eso”, aseguró. “Si bien durante los 70 y 80, cuando era el auge del
priismo, se salpicaba el beneficio a la base trabajadora, cuando el PRI dejó de
ser partido único empezó a reflejarse en los ingresos”.
LOS MINEROS
Y LA CTM.
El caso de la minera Media Luna en
Guerrero evidenció el panorama completo de las condiciones laborales y cómo las
compañías extranjeras, aprovechando ese vacío de derechos, firman acuerdos con
sindicatos mexicanos “de protección” que dejan indefensos a los trabajadores.
El sábado 18 de noviembre, luego de
días de tensión, los hermanos mineros Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña fueron
asesinados a balazos por un grupo armado, supuestamente afiliado a la CTM. El precandidato a la presidencia del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña,
acudió a su sede durante el día de su destape. También recibió el respaldo de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), que es el Sector
Popular del PRI y de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
El viernes
Mikel Arriola, el candidato priista al gobierno de la Ciudad de México, también fue apoyado por la CTM. El líder
sindical Carlos Aceves lo calificó de “mago” por haber hecho magia con las
finanzas del IMSS.
“No ha pasado el tiempo en el PRI.
Son formas de hacer política de ese partido. La CTM y la CNC no son las mismas
de los 80 que te llenaba el Zócalo, pero tratan de revivir cadáveres y es un
tanto patético”,
dijo el periodista y analista político Martín Moreno. “Buscan el voto y dinero, pero más allá de eso es mandar el mensaje de
que el PRI está tan fuerte como en los 80, al tener al sector obrero, popular y
campesino, cuando son la sombra de lo que fueron”.
Junto con
sus compañeros, los mineros mantenían un paro laboral contra las actividades de
la minera Media Luna –propiedad de la firma canadiense Torex Gold– ubicada en
Cocula, Guerrero. También exigían que
sus derechos fueran protegidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de
Minas dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, y no por la CTM.
“Está bien claro que la CTM es un
sindicato patronal que solamente ha velado por los intereses de la empresa y de
sus propios intereses”, acusó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de
Trabajadores de Minas, Indalecio Pérez Morones.
En el mismo
sendero, Jerry Dias, líder de Unifor –el sindicato privado más grande de
Canadá–, aseguró que “los mineros creen
y entienden perfectamente que fue consecuencia de su intento por dejar la CTM y
unirse al (sindicato de) de los Mineros”. Al percatarse de que los mineros guerrerenses tienen salarios muy
bajos, no reciben capacitación y son reemplazados por empleados sin
preparación, planteó su rechazo a esa agrupación sindical en México.
“La CTM no es un sindicato, es un
brazo del Gobierno mexicano […] no está cuidando los intereses de los
trabajadores sino los de las empresas”, dijo Díaz.
AUTONOMÍA EN
SINDICATOS.
El grupo de
la sociedad civil Democracia Deliberada explicó que los salarios deben
establecerse mediante una negociación entre empresarios y trabajadores,
mientras que el papel del gobierno es el de vigilar que se lleven de forma
equitativa. No obstante, las
instituciones actuales no garantizan la verdadera representación de los
intereses de los empleados.
Además, la consabida corrupción y poca
transparencia de muchos dirigentes sindicales tiende a deslegitimar a estas
organizaciones frente a la sociedad, por lo que DD pidió que se transparente y
democratice a los sindicatos y se permita el surgimiento de nuevas
organizaciones de trabajadores.
“El sindicalismo mexicano parece que
tiene una Ley no escrita, pero sí que se practica: opacidad
obligatoria, prohibida la transparencia. Cuando alguien les pide cuentas
claras, alegan violación a su autonomía”, afirmó el analista político Martín
Moreno.
Aseguró que, ante la falta de rendición de cuentas y
fiscalización, eso le ha redituado un beneficio económico a los líderes
sindicales como Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero, a los Gómez
Urrutia en el sindicato minero y como ocurre en el sindicato del ISSSTE, donde
los hermanos Francisco y Fermín García Culebro manejan la Comisión Nacional de
Auxilios de la que reciben 900 millones de pesos anuales como cuota sindical
sin rendir cuentas, documentó.
Agustín
Rodríguez Fuentes, del STUNAM, se ha
eternizado en el poder por 20 años y recibe 63 millones de pesos anuales de
parte de la UNAM sin especificar el uso de los recursos, agregó Moreno.
Menos del 10
por ciento de la población económicamente activa pertenece a sindicatos. La
conformación de los sindicatos es un derecho avalado en el artículo 123
constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo es defender los
derechos laborales y mejorar las condiciones salariales y de prestaciones.
Ante la
legislación ambigua, la gran mayoría de
los sindicatos en México son de carácter corporativo o de “protección patronal”
y autoritarios, por lo que los trabajadores no están realmente representados.
Muchos sindicatos tienen dirigentes vitalicios que no fueron elegidos ni
reelegidos de forma democrática e impiden la formación de otros sindicatos.
“En Democracia Deliberada llamamos no
sólo a discutir el salario mínimo, sino también a discutir cómo fortalecer los
medios de representación y organización de los trabajadores, para que tengan el
poder para negociar sus salarios con los patrones, sin tener que ser reprimidos
por clientelas, por el gobierno, o incluso por grupos de choque pagados por los
patrones”,
expusieron en un comunicado. Entre sus miembros también están el sociólogo Andrés
Lajous, el economista Luis Ángel Monroy, el periodista Antonio Martínez y el
politólogo José Merino.
“Se ha limitado el poder de
negociación de los sindicatos ante las empresas y el gobierno por medio de
reducir al mínimo la autonomía sindical”, resumieron.
LA OBSCURA
CONASAMI.
La “obscura” Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami) no incluye una auténtica representación de los
intereses de los trabajadores porque los sindicatos presentes en las
negociaciones son grupos clientelares del gobierno en turno.
Su titular, Basilio González fue nombrado desde 1991
por Carlos Salinas de Gortari. Percibe al mes 173 mil 620 pesos brutos, lo que
un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si laborara mil 486 días, publicó
la Unidad de Datos de SinEmbargo.
Es una incógnita si ha adquirido
casas, automóviles, obras de arte, joyas o relojes en las casi tres décadas en
que ha ocupado el cargo porque en el cúmulo de declaraciones patrimoniales que
está obligado a presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)
siempre ha suscrito que no está de acuerdo en hacer público su patrimonio.
Por ello
Democracia Deliberada expone la urgencia
de que sea un órgano que recomiende con base en criterios técnicos, claros y
transparentes, el aumento de los salarios mínimos. Asimismo, el comisionado debe renovarse cada cierto
tiempo ya que el actual, Basilio González, lleva más de 20 años en el cargo. La
Acción Nacional Frente a la Pobreza, compuesta por más de 60 organizaciones,
incluso ha exigido la desaparición de esta Comisión.
“La Consami debe desaparecer o transformarse para que
deje de ser el yugo del salario de los trabajadores, ya que hasta ahora sólo
parece obedecer a los intereses patronales y a las posiciones más dogmáticas de
nuestros tecnócratas”, determinó.
Democracia
Deliberada propone también que el poder legislativo pueda aprobar, modificar o
rechazar los cambios para que los partidos políticos representen directamente
los intereses de los trabajadores no sindicalizados, que son la mayoría.
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