Un grupo de vecinos del municipio de
Cuauhtémoc, Colima, denunciaron el daño patrimonial que sufrió el municipio en
el 2013, cuando el Cabildo aprobó la cesión de 69 mil metros cuadrados a la
empresa Invercol, que desarrolló un complejo inmobiliario de lujo en el
fraccionamiento Altozano.
El 13 de
noviembre del 2009, el Cabildo de
Cuauhtémoc aprobó el programa de urbanización (PPU) de Altozano en el que
determinó que 69 mil 443 metros cuadrados serían un área de cesión, en la que
la empresa se podría quedar con los terrenos a cambio de una compensación por
otros.
Según la Ley de Asentamientos Humanos
está inmobiliaria tenía la obligación por ley de donar las casi 7 hectáreas.
Mas, el 10 de diciembre del 2012 el
valor de esta área representó una subvaluación de 93 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia penal
hecha por vecinos en noviembre que tiene por representante a Rafael Romero
Verduzco.
“Lo que dice la Ley es que no se
pueden permutar por terrenos diferentes, sino que deben ser similares a los que
va a donar y que ya están urbanizados. Los del complejo, lógico, no quisieron
soltar las siete hectáreas, y dicen te donamos los terrenos en otro lado”, explicó el General Francisco
Gallardo, quien acompaña con asesoría legal a los vecinos.
El valuador
designado por el Ayuntamiento, José Luis Aguirre Ávalos, determinó que el valor
comercial del terreno era de 10 millones 751 mil pesos, al estimar un precio de
154 pesos por metro cuadrado, pero la
denuncia vecinal expuso que el valor real es de mil 500 pesos, lo que elevaría
el precio del terreno a 104 millones de pesos.
“Ahorita está a cuatro mil y
fracción”, detalló
Gallardo.
Así, según
la denuncia, el cabildo de la entonces alcalde
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Indira Vizcaíno Silva no sólo
aceptó el precio, sino que recibió a cambio terrenos con un valor inferior al
área entregada cuando celebró el convenio de Cesión para Destinos con la
empresa Invercol, el 12 de marzo del 2013.
Apenas cinco días antes el Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima daba recomendaciones a
Vizcaíno, entre ellas que el valor de los predios a sustituir deberá ser
equiparable al valor comercial en el PPU.
Sin embargo,
las tres parcelas en el ejido de
Cuauhtémoc que compró la empresa para entregar al Cabido le costaron 7 millones
799 mil pesos.
Esto son 2 millones 952 mil pesos
menos que el precio dado por el valuador a los terrenos dentro del
fraccionamiento de lujo. Y 96 millones de pesos menos que el valor real
estimado por los vecinos.
Más tarde,
en un juicio de amparo del Cabildo dirigido por el panista Rafael Mendoza
Godínez en torno al acceso a la información sobre este asunto, del 16 de
febrero del 2016, la autoridad expuso: “No
existió acta alguna en la que el perito haya sido propuesto y aprobado por la
mayoría del Cabildo”.
Un hecho que también desobedeció las
recomendaciones hechas por la Auditoría estatal el 7 de marzo del 2013, expuso
la denuncia penal.
“Desde mi punto de vista hay una
simulación de un cumplimiento a lo que dice la auditoría y a los procedimientos
de ley que se deben de hacer. Aquí lo que vemos es lo siguiente, no hay datos
de que haya ingresado ese dinero, si es que se permutó con dinero”, dijo Gallardo.
Ante las acusaciones la hoy
coordinadora de organización en el estado para el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) ha salido a negar cualquier acto de corrupción en diversas
ocasiones.
“No se hizo nada mal, todo estuvo
apegado a Derecho, no participamos en actos de corrupción y debe limpiarse esa
imagen que se intentó crear alrededor de Indira Vizcaíno”, expuso la propia alcalde
en noviembre del 2016 cuando citó a una conferencia de prensa para hablar sobre
el caso.
Lo problemas sobre el fraccionamiento
irían más allá del convenio de sustitución aprobado por Vizcaíno, quien hoy es
enlace auxiliar del partido Movimiento Regeneración Nacional en Colima.
De acuerdo
con la gestión del Cabildo actual y su posición en el juicio de amparo, el PPU
aprobado en el 2009 cuenta con inconsistencias desde el origen debido a falta
de fundamento en la actuación de la autoridad. Sin embargo, las 7 hectáreas
siguen dentro del complejo de lujo.
“Ahorita estamos esperando es que el
Ministerio Público haga dos cosas. Un pliego acusatorio, o un pliego de no
acusaciones penales”,
explicó el General.
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