Con una clara mayoría de 15 senadores
del PRI, del Verde y los legisladores panistas Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis
Preciado y Fernando Torres Graciano, los integrantes de las comisiones unidas
de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del
Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, tras incorporar
modificaciones a nueve de los 43 artículos de este ordenamiento que fue
condenado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y
por la oposición del PT-Morena, PRD y senadores independientes.
En cuanto se aprobó el dictamen, se
volvió a reunir el pleno del Senado para darle la primera lectura al proyecto
de ley. Este jueves 14 pretenden darle la segunda lectura, votarla en lo
general y en lo particular, y enviarla a la Cámara de Diputados para que, antes
del término de sesiones, quede aprobada esta nueva norma que legaliza las acciones de las
Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad
interior.
En el debate
en comisiones, el senador panista Fernando Torres Graciano, presidente de la
Comisión de Defensa, negó que se haya dado un procedimiento “atropellado” o que
se aprobara fast track, mientras que el presidente de la comisión de Estudios
Legislativos Segunda, Benjamín Robles
Montoya, aseguró que los cambios introducidos son insuficientes porque no
generan “ningún tipo de control adicional y extraordinario” ni se supervisa el
cumplimiento de derechos humanos.
“Sólo trata de cubrir la
inconstitucionalidad de la ley, se fomenta la opacidad y se incumplen con las
expectativas de los organismos internacionales y de especialistas”, acusó
Robles Montoya, cuya solicitud de moción suspensiva fue desechada por 15 votos
contra ocho.
El
legislador Ricardo Barroso Agramont, titular
de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando”
el apoyo de los senadores, sino que solicitaron un marco jurídico adecuado
porque “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”.
Uno de los defensores más vehementes
de la minuta procedente de la Cámara de Diputados fue el senador ROBERTO GIL
ZUARTH, del PAN,
quien admitió que no existía acto jurídico alguno ni de autoridad que
fundamentara la orden del Ejecutivo para sacar a los militares de sus
cuarteles.
“De eso se
trata esta Ley de Seguridad Interior. De darle certeza jurídica. Tratamos de
poner orden al desorden”, sentenció el exsecretario privado de Felipe Calderón,
el mandatario que ordenó desde el 2007 los operativos militares para combatir
al crimen organizado.
“Esta ley no
va a cambiar el problema de seguridad pública porque no está pensada para eso”,
exclamó Gil Zuarth, mientras el coordinador de los senadores del PRI, Emilio
Gamboa Patrón, escuchaba de pie y con interés la alocución de uno de los
“rebeldes” del PAN.
El vicecoordinador de la bancada del
PT-Morena, Miguel Barbosa, afirmó que esta ley es un “error histórico” del
gobierno de Peña Nieto.
“El gobierno federal no ignora el
rechazo a la ley, pero no le importa”, sentenció el senador poblano.
Barbosa argumentó que el gobierno
federal y sus aliados “están desesperados y quieren esta ley porque saben que
van a perder el poder” en las elecciones del 2018. “La mano dura, la
militarización del país es un largo anhelo de la oligarquía”, alertó Barbosa.
Otros
senadores del PRD, PT-Morena y del PAN argumentaron también en contra, al
señalar que esta ley busca encubrir el
fracaso de la estrategia de seguridad pública, no garantiza la paz ni da
certeza jurídica a los ciudadanos.
El senador
Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación
para su discusión en el pleno de los artículos primero, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22
y 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decreto.
En la sesión de este jueves 14 se
realizará la segunda lectura, el debate y la previsible aprobación en el pleno
de 128 senadores, donde el PRI, el Verde y los siete legisladores del PAN que
apoyan la controvertida ley tienen mayoría simple.
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