El ex rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, y su
esposa, María Elena Ávila Guerrero, fueron vinculados a proceso por el delito
de enriquecimiento ilícito, pues el juez consideró que “no se explica el
aumento de su patrimonio” durante el periodo en que ocuparon cargos en la
máxima casa de estudios.
A la audiencia no se presentaron los
académicos, y sus abogados defensores presentaron justificantes médicos, mismos
que debieron ser ratificados por el médico que los suscribió. Sin embargo, no
fue suficiente para el juez, pues decretó que no se justificaba la
“incomparecencia”, por lo que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción los
declaró “sustraídos de la acción de la justicia”.
A la audiencia llegó el poeta Javier
Sicilia, cercano a Vera Jiménez, acompañado de cuatro elementos de la Agencia
de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), que
le fueron asignados como parte de las medidas cautelares derivadas de la
denuncia presentada el martes por la mañana, luego de que fue amenazado de
muerte vía telefónica, junto con los dos académicos.
El fundador
del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aseguró que no existen elementos para la vinculación a proceso e
insistió en que la persecución policiaca contra los dos académicos de la UAEM
tiene motivaciones políticas de origen, de “un gobierno criminal como el de
Graco Ramírez, que no persigue a quienes hicieron las fosas de Tetelcingo y
Jojutla, pero sí a la gente de bien, a los defensores de los derechos humanos”.
La
audiencia, que inició después de las 4 de la tarde, se extendió hasta entrada
la noche. A pesar de la ausencia de los imputados, el juez Edie Sandoval Lome
decidió continuar con el proceso. A lo largo de varias horas, la fiscal
Guadalupe Flores Servín argumentó sobre los resultados de la investigación que
hasta el momento ha realizado la Policía Ministerial.
Repitió gran
parte de los antecedentes informados durante la audiencia de imputación,
ocurrida el viernes pasado. Habló de los
bienes inmuebles adquiridos, de los vehículos e incluso de viajes. A todo esto,
los académicos han respondido advirtiendo que compraron una vivienda y luego la
vendieron y compraron otro, además, usando créditos bancarios y del propio
Infonavit.
La defensa opuso argumentos de
procedimiento como, por ejemplo, demandó que la Fiscalía demostrara cómo se
había solicitado la información bancaria y si se había cumplido con la ley en
respeto al secreto bancario de los imputados. El juez señaló que la
Constitución es clara “respecto a hechos de corrupción”, así que hizo a un lado estos
argumentos de defensa y finalmente decidió vincular a proceso.
La ex jueza Flores Servín, hoy
representante de la Fiscalía Anticorrupción, solicitó cuatro meses para el
cierre de investigación y comenzar el desahogo de las pruebas. El juez fijó el
inicio del proceso para el 13 de abril de 2018, plazo que aceptó la defensa, con lo
que concluyó la audiencia.
Al salir, la defensa informó que recurrirán al amparo
de nueva cuenta para evitar que sus representados sean detenidos, luego de que
el juez los declaró sustraídos de la justicia. Además, dijo que los
elementos presentados por la Fiscalía son combatibles, pues los imputados
cuentan con todas las pruebas que demuestran que no existe un enriquecimiento
ilícito.
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