Todos los detenidos el pasado 30 de
noviembre, durante el operativo del Mando Único que concluyó con la masacre de
cuatro mujeres, un adolescente y una bebé, todos con tiro de gracia, fueron
puestos en libertad este lunes, pues los últimos cuatro demostraron que no
habían disparado arma de fuego alguna el día de los hechos.
Como se
informó, un menor detenido y dos adultos
fueron puestos en libertad el sábado pasado, debido a que fueron detenidos
ilegalmente. Los cuatro restantes fueron imputados de intento de homicidio,
pero este lunes fueron liberados por el juez en la audiencia de vinculación a
proceso.
Durante
ésta, luego de analizar las pruebas
presentadas por la Fiscalía y la defensa, esta última acreditó que los
detenidos no dispararon armas de fuego el pasado 30 de noviembre.
Además, las propias autoridades de la Fiscalía
demostraron que la escena del crimen fue alterada por los propios elementos
policiacos.
Los abogados
demostraron cómo a las víctimas
ejecutadas en el domicilio de Francisco I. Madero, en la colonia Rubén
Jaramillo, les fueron “sembradas” armas de fuego, mismas que no fueron
accionadas. Además, los detenidos dieron negativo a las pruebas de rodizonato
de sodio.
“Su perito en materia de
criminalística refiere que hay forzadura de chapas, sobre todo que hay
alteración de las evidencias, que hay huellas de saqueo, hurto, robo, pero
sobre todo los dictámenes en materia de balística también fueron contundentes”, expresó el abogado de la familia
Víctor Javier Hernández Vela.
“Lo que nos llama la atención ahí, y
lo que nosotros sí decimos que como ciudadanos esto no podemos permitirlo, esto
fue una ejecución, como ciudadanos sí tenemos que decirlo, en el baño están los
casquillos 9 mm de cuatro armas disparadas, cuando el casquillo no puede botar
muy lejos”, expresó
el abogado.
Otra de las irregularidades es que
ninguno de los casquillos percutidos encontrados en la escena corresponde con
las armas de cargo de los policías que fueron presentadas ante la Fiscalía
General del Estado y que presuntamente fueron accionadas en contra de la
familia.
Algunas de las víctimas, según el
abogado, fueron localizadas en un baño, pero ellas tenían disparo en la cabeza.
“Si pudieran ver las imágenes se percatarían de que las personas están
refugiadas en el baño, en la parte de la esquina; una de las señoras, el cuerpo
b, supuestamente tiene una pistola en el glúteo, en la parte de la entrepierna,
pero están cubriéndose, se ve que hay una de ellas que tiene lesiones de
mecanismos de defensa, y hay personas que sí tienen (balas) en cráneo, entonces
no puede hablarse de un fuego cruzado cuando ellas están abajo y se ve que se
agacharon para salvaguardarse de todo el ataque”, dijo.
En tanto, pobladores de las colonias vecinas Rubén
Jaramillo, de Temixco, y Lázaro Cárdenas, de Cuernavaca, protestaron a las
afueras del juzgado de juicios orales para exigir que Jesús Alberto Capella
Ibarra sea cesado del cargo de comisionado estatal de Seguridad Pública.
“¡Fuera Capella!”, gritaron y
mostraron pancartas en las que también exigen la renuncia de Graco Ramírez por
la masacre de Temixco.
El 30 de noviembre policías
realizaron tres operativos para detener a personas supuestamente relacionadas
con el crimen organizado. En la última acción, ingresaron a una vivienda en la
Rubén Jaramillo, donde los agentes policiacos causaron la muerte de cuatro
mujeres, una bebé y un menor adolescente.
Por la mañana, en esa colonia de
Temixco fueron colocadas mantas en las que se acusaba a las autoridades del
gobierno estatal de asesinar a una familia y no haber podido demostrar la
responsabilidad de los detenidos.
El gobierno de Graco Ramírez
reaccionó con una campaña de videos en las redes sociales en las que se acusa a
las víctimas y sus familias de dedicarse al secuestro. Incluso, esta campaña
fue difundida utilizando publicidad pagada en Facebook.
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