Adrián López
Ortiz.
Mientras
usted sigue pendiente de la novela del “tapado” Meade o de la prensa “fifí” de
Andrés Manuel, el Congreso aprobó ya uno
de los peores retrocesos de la construcción democrática de este país: la ley de
seguridad interior.
Se llama, así como un eufemismo técnico para
racionalizar una mentira que fascina a nuestros gobernantes. Una mentira que
repiten una y otra vez: que la seguridad civil no es el problema y que esta ley
solo sirve para dar marco legal a la actuación de las fuerzas armadas en el territorio
nacional.
Y es que ese sí es el problema,
porque llevamos más de 10 años de una “guerra contra el narco” que es un
fracaso monumental. Diez años de mantener al ejército en las calles como si
fueran oficiales de tránsito (si no me cree, échese la vuelta por Sinaloa).
¡Diez años! Diez años y la seguridad se complica cada vez más. Peña Nieto ya
lleva más muertos que Calderón y ambos se empeñan en sostener que la estrategia
es la correcta. Y entonces la pregunta brinca solita: ¿correcta para quién?
Siempre
sostuve que Calderón se empeñó en el enfoque de “guerra frontal” por una
convicción moralina contra las drogas que nos hizo mucho daño. Ahora creo que
Peña Nieto la continuó por un mero asunto de poder.
El punto es que ambos les gusta el
modelo actual y que ninguno está abierto a intentar otros enfoques. A pesar de
las cifras durísimas,
Osorio Chong todavía sostiene en eventos públicos que la captura y
neutralización de “objetivos estratégicos” (o sea capos y lugartenientes) va
muy bien. Mientras, el reguero de
muertos inunda las noticias.
¿Y qué
propone la Ley de Seguridad interior?
No hay
espacio aquí para explicarla a detalle, pero bajo el hashtag
#SeguridadSinGuerra un amplio número de organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales como la ONU e incluso la CNDH, ya fijaron postura en
contra de ella.
La ley es peligrosa por dos cosas: la
primera es que normaliza la estrategia militar en lugar de apuntalar un
proyecto de seguridad humana por la vía civil; algo así como “Si las policías
no sirven, entonces dejémosles la seguridad civil a los militares”.
Y la
segunda, todavía más grave, por su
carácter golpista, pues les permite atribuciones extralegales a las autoridades
militares para intervenir y espiar sin controles ni mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas. Lo cual es una locura cuando todos sabemos que uno de
los principales violadores de derechos humanos en este país es –precisamente–
el ejército. Solo acuérdese de Tlatlaya.
Todas las
organizaciones y los más diversos expertos han hecho profundos análisis del
documento y propuesta alternativas sin que nuestros diputados los escuchen.
¿Y ahí es cuando yo me pregunto en
qué piensan estos diputados cuando votan?, ¿de verdad no lo entienden?, ¿o de
plano les vale madre?
Y como no
creo que sean tontos. Me parece que las
razones por las que apuntalan este proyecto de militarización es que les gusta
la idea del poder absoluto, del control sin rendir cuentas, de la opacidad y el
privilegio de la impunidad.
Les gusta a los diputados y les gusta
sobre todo a los gobernadores que deben estar súper felices porque, ahora sí,
la Federación se va a encargar del tema de seguridad sin que ellos digan pío,
ni tengan que responsabilizarse de nada.
Pero sobre todo esta ley le encanta a
Peña Nieto porque legitima su militarización y lo protege ante las cortes
internacionales en el futuro, al proveer un marco legal que justificaría una
posible violación sistemática de derechos humanos.
A pesar de lo peligroso de la nueva
ley, llama la atención que la protesta no ha salido del círculo rojo y cierta
sociedad civil organizada.
Me parece que los ciudadanos siguen
sin dimensionar la puerta autoritaria que se acaba de abrir porque no se
sienten aludidos. Lo intuyo así: dado que la generalidad de la población no es
delincuente, no tendría por qué sentirse directamente afectada por una
legislación diseñada para el ejército.
Sin embargo,
ahí radica el mayor peligro: si
históricamente el ejército se ha sentido con el poder para pasar por encima de
los ciudadanos de manera arbitraria, la nueva ley de seguridad interior acaba
por darle legalidad a esa discrecionalidad.
Nos dirán que no había de otra, que
era necesario y que el crimen organizado podría controlarlo todo si lo
permitimos.
Solo como
dato, el crimen organizado ya controla
buena parte del territorio y en lugar de construir policías le estamos dando un
cheque en blanco al ejército mientras los muertos se acumulan.
“Ley de
seguridad interior”. Acuérdese muy bien
de ella. Lo va a necesitar para explicarse la próxima vez que el ejército lo
pare en un retén sin razón, la próxima vez que se sienta agredido, espiado o
detenido ilegalmente.
Le va a dar mucha rabia, pero no
podrá hacer nada porque nuestros diputados acaban de darle permiso a los
militares para pasar por encima de nosotros sin ninguna explicación.
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