Mikel Andoni
Arriola Peñalosa es llamado “el príncipe de las industrias”. Abanderado por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), quiere gobernar la Ciudad de México
luego de permanecer seis años en el sector salud, primero en la dirección de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y
luego en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, en un
país líder en obesidad y diabetes a nivel mundial, benefició a la industria de
la chatarra y no modernizó al Instituto, acusaron organizaciones civiles.
A Arriola le
gustan las quesadillas y, por herencia de su abuelo vasco, practica el ja alai,
un juego de pelota con una cesta de mimbre del que ha sido campeón mundial.
Bajo la lupa de la Alianza por la Salud Alimentaria, de marzo de 2011 a febrero de 2016 gestionó a la Cofepris, cuya
obligación es proteger a la población contra riesgos por consumo, entre otros
productos, de alimentos, bebidas y mensajes publicitarios que puedan alterar su
salud.
Pero Mikel,
abogado por la Universidad de Chicago y politólogo por la London School of
Economics, por un lado, enfatizaba el decomiso de miles de productos
adulterados y, por el otro, ignoraba las
peticiones respecto a regular el etiquetado de alimentos y la publicidad engañosa
para un consumo informado y saludable.
“Cuando Mikel Arriola estaba en la
Cofepris hizo caso omiso de las recomendaciones de un etiquetado entendible y
de los criterios nutrimentales que se muestran en los productos empaquetados”, aseguró en entrevista Ana Larrañaga
Flota, de la organización civil Salud Crítica.
La
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
llamado a implementar etiquetados frontales que orienten a los consumidores a
realizar mejores elecciones como parte de la estrategia para combatir la
epidemia de obesidad. Una medida es el semáforo o, como en Brasil, prohibir
toda la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia.
En octubre
de 2012, El Poder del Consumidor se
manifestó en las oficinas de la Cofepris para exigir el retiro del etiquetado
que las empresas de alimentos y bebidas, agrupadas en ConMéxico, introdujeron
desde enero de 2011 y pidió sanciones por violar la normatividad al inducir al
consumo de altas cantidades de azúcar. Entre las asociadas están Alpura, Bimbo,
Coca Cola, Pepsico Danone y Jumex.
Ante los oídos sordos, en abril de
2014 volvieron a protestar ante las instalaciones. Cofepris, con base en un
estudio científico hecho en Australia cuyas conclusiones omitió, aprobó el
actual etiquetado Guías Diarias de Alimentación (GDA) que recomienda un consumo
de azúcares totales correspondiente a 90 gramos (18 cucharadas cafeteras),
cantidad muy por encima de los 50 gramos (10 cucharadas cafeteras) de azúcares
añadidos establecidos como máximos tolerables por la OMS en un día para un
adulto y de la mitad de esa cantidad para un niño.
“No se ha declarado la razón ni se
han hecho público los estudios que respalden que ese sistema de etiquetado era
el adecuado para una población como la mexicana que ya tenía un boom de
sobrepeso, obesidad y diabetes. Fue una decisión que está pensada en favorecer
al sector privado pues la industria alimentaria propuso un etiquetado
obligatorio que es realmente difícil de interpretar”, afirmó la nutrióloga Larrañaga
Flota.
Explicó que durante la gestión de Mikel Arriola
Peñalosa, a pesar de su responsabilidad en la Cofepris de proteger al
consumidor de cualquier producto nocivo, no se utilizaron criterios basados en
las mejores prácticas internacionales, sino en algunos del E.U. Pledge, un
grupo de organizaciones integrado por marcas como McDonald’s, Pepsi, Coca Cola
y otras de productos ultra procesados “que tienen un conflicto de interés
bastante evidente en estar formulando criterios de ingesta de nutrimentos”.
En aquella
protesta de 2014, una niña alegó con un
letrero: “Cofepris: tanta azúcar me dará diabetes”. Mostrando un costal con la
cantidad de azúcar que se consumiría al año, padres de familia también
rechazaron el engaño.
LA COFEPRIS
Y EL FRACASO.
“A la industria no le conviene
respetar y especificar los ‘azúcares añadidos’ a través de los criterios
internacionales, ya que muchos de sus productos exceden el límite”, aseguró la
Alianza por la Salud Alimentaria. Ejemplificó que una Coca Cola de 600 mililitros
con el criterio de la OMS tendría que indicar: “Azúcar 126 por ciento del
máximo tolerable”. Pero con el del etiquetado promovido por Cofepris dirá:
“Azúcar 70 por ciento del requerimiento diario recomendado”. También aplica
para cereales, jugos y otros.
La Cofepris
destacó el “Distintivo Nutrimental” como una medida innovadora, pero su uso no
es obligatorio y los criterios para cumplirlo son laxos.
Alfonso
Ramírez Cuéllar, director de El Barzón y miembro de la Alianza por la Salud
Alimentaria, criticó que se cumpliera
con “la voluntad” de los monopolios y las grandes empresas de los alimentos,
avalados por el gobierno y en detrimento del bienestar de las familias.
“La propuesta de etiquetado del
Gobierno federal viola el principio más básico de los derechos de los
consumidores: contar con información veraz y completa para poder tomar
decisiones a plena conciencia. Esta vez el daño va más allá del bolsillo de las
familias porque afectará la salud de toda la población, empezando con los más
vulnerables: los niños”, afirmó.
En
septiembre de 2014, El Poder del Consumidor denunció una campaña del refresco
Sidral Mundet (Coca Cola) ante la Cofepris por asegurar que la bebida es
saludable y contiene jugo de manzana natural. Alejandro Calvillo, director de
la organización, acusó en su momento que actuaron en contubernio, ya que sólo
retiraron de la publicidad la frase “lo bien hecho hace bien”. La botella de
600 mililitros contiene 60 gramos de azúcar, lo que equivale a 12 cucharadas
cafeteras, cantidad que representa, para un niño, el 240 por ciento del máximo
tolerable para todo un día, documentó.
“Estas industrias y cámaras
alimentarias han manifestado bastante resistencia a cambiar el etiquetado; lo
defienden a muerte y argumentan que no hay suficiente evidencia de que no sea
comprensible”, determinó Ana Larrañaga de Salud Crítica.
Por parte de
Arriola, dijo, “utilizar criterios o
lineamientos elaborados por la industria es bastante alejado de lo que debiera
hacerse”. Como resultado, contrario a países como Chile donde los niños lo
comprenden al no requerir habilidades matemáticas, el sistema de etiquetado
actual de productos en México es de “entendimiento bajo entre la población”
incluso para estudiantes universitarios de nutrición, aseguró.
“Qué podemos esperar de la población
más vulnerable o de las familias que van a hacer el súper; nadie irá con su
carrito haciendo reglas de tres cada que echa un producto”, cuestionó.
¿” EL MAGO”
EN EL IMSS?
En febrero
de 2016, Mikel Arriola Peñalosa tomó protesta como director general del IMSS
para sustituir a José Antonio González Anaya. Veintidós meses después, en
diciembre de este año, dejó el cargo para contender por la jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México y aseguró llevar “siempre en el corazón” el espíritu del
Instituto con el Águila de la Seguridad Social mexicana.
Prometió “trabajar
sin descanso” para continuar con el fortalecimiento financiero, mejorar la
calidad de la atención médica a los 74 millones de derechohabientes, facilitar
los trámites, y seguir las medidas para prevenir y detectar enfermedades
crónicas degenerativas.
Respecto a
los servicios, se impulsó la plataforma IMSS Digital, que ha simplificado 78
por ciento los trámites, entre ellos, la cita médica que se puede agendar sin
necesidad de acudir a la clínica, así como la eliminación de requisitos para la
comprobación de supervivencia o el pago de incapacidades. También se puso en
marcha el modelo preventivo para detectar enfermedades crónico-degenerativas,
se arrancó la construcción de 40 clínicas y 12 hospitales, y se mantiene el
abasto de medicinas en 99 por ciento, destacó Arriola durante su discurso de
despedida.
No obstante,
Luis Adrián Quiroz Castillo, coordinador general de Derechohabientes Viviendo
con VIH del IMSS (DVVIMSS), dijo en
entrevista que, aunque se acortaron procesos administrativos a nivel digital,
cuando las personas acuden a las unidades médicas se tardan el mismo tiempo.
Sobre el abasto de medicamentos difirió al afirmar que al menos contra el VIH a
principios de 2017 se tardaron dos meses y medio para firmar los contratos.
“Algunas primeras citas se pudieron
agilizar, pero para segundas citas o estudios de laboratorios se postergaban
hasta 5 o 6 meses”, aseguró. “Desafortunadamente todavía se sigue viendo que la
digitalización es lenta y muchas de las unidades no cuentan con toda la tecnología
para llevar ese proceso”.
Ante el
rumor esparcido por los trabajadores de que la dependencia se privatizaría,
Arriola afirmó que seguirá siendo público y social. El IMSS estuvo en números
rojos durante 35 años, pero en continuación de la disciplina financiera de
González Anaya, en 2016 se logró alcanzar un superávit por casi 6 mil 400
millones de pesos, gracias al incremento de la recaudación por la generación de
3 millones de empleos formales.
Pero Quiroz Castillo documentó que a
personas les han quitado el tratamiento porque no tienen dinero.
“Cómo es posible que Mikel diga que
está en números negros cuando las delegaciones, como en Chihuahua, dicen que
están en números rojos”, cuestionó.
También puso en duda la transparencia del IMSS porque, al menos en sus
solicitudes, no siempre cuenta con la información requerida sobre ciertos
padecimientos de los derechohabientes, dijo.
Al concentrar el 70 por ciento de
toda la gente que recibe servicios de salud pública, es el Instituto que más
quejas recibe ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).
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